Telefónica llevó a Colombia ante un tribunal de Estados Unidos para cobrar los 500 millones de dólares que el Estado le debe
El 2 de junio la multinacional española presentó una demanda ante la Corte de Distrito de Columbia para forzar el pago de un laudo arbitral del Banco Mundial que el Gobierno colombiano no ha cumplido.
Por: Juan David Cano
Telefónica presentó el 2 de junio una demanda ante la Corte del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, para exigirle al Estado colombiano el pago de un laudo arbitral que lo condena a indemnizar a la multinacional española por cerca de 500 millones de dólares.
El pago inicial era de 380 millones de capital más intereses del 5 por ciento anual acumulados desde noviembre de 2024.
La acción, asesorada por la firma jurídica White & Case, busca que un tribunal estadounidense reconozca y ejecute por la fuerza esa decisión, lo que abriría la puerta a que Telefónica solicite el embargo de activos o cuentas del Estado colombiano en territorio norteamericano.
La demanda llega después de que el Gobierno colombiano no cumpliera con una condición que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo del Grupo Banco Mundial, había impuesto para suspender temporalmente el cobro: entregar una garantía bancaria internacional mientras se tramitaba un recurso de anulación del fallo.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), entidad encargada de representar a Colombia en litigios internacionales, confirmó que el presupuesto nacional de 2026 no contaba con los recursos para respaldar una fianza de esa magnitud, lo que dejó sin efecto la protección legal y habilitó a Telefónica para cobrar de inmediato en otras jurisdicciones.
Un conflicto que comenzó hace años
El origen del litigio se remonta a 1994, cuando Colombia otorgó a Telefónica una concesión de espectro radioeléctrico para prestar servicios de telefonía móvil en el país.
Los contratos incluían una cláusula de reversión de activos, es decir, que la infraestructura de redes y antenas debía retornar al Estado al vencer la concesión. Cuatro años después, en 1998, el Estado aprobó una ley que extendió esa reversión a otros activos y espectro adicional, más allá de lo que los contratos originales contemplaban.
En 2013, la Corte Constitucional de Colombia determinó que aplicar esas nuevas reglas de manera retroactiva a contratos firmados antes de la ley vulneraba los derechos ya adquiridos por las compañías.
Sin embargo, un arbitraje nacional celebrado en 2016 en la Cámara de Comercio de Bogotá falló a favor del
Gobierno colombiano. Con ese aval, el Estado cobró a Telefónica aproximadamente 380 millones de dólares bajo la figura de reversión de activos, dinero que la empresa efectivamente desembolsó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Telefónica no aceptó ese resultado y en 2018 llevó el caso al Ciadi, argumentando que Colombia había modificado de manera sustancial el marco regulatorio de su inversión y violado el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscrito entre España y Colombia.
En noviembre de 2024, el tribunal del Ciadi le dio la razón: concluyó que la actuación del Estado colombiano alteró las condiciones pactadas y vulneró el estándar de trato justo y equitativo que Colombia se había comprometido a garantizar. La condena fue de 380 millones de dólares más intereses compuestos del 5 por ciento anual.
El Gobierno colombiano respondió al laudo solicitando su suspensión y su anulación ante el propio Ciadi.
A comienzos de 2026, el comité que revisaba esa petición rechazó la suspensión al considerar que Colombia no había aportado las garantías requeridas. Esa negativa fue la que habilitó a Telefónica a actuar en Washington.
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