Así operaba una extracción ilícita de oro de las disidencias de las Farc: destruían los cauces fluviales en el Caquetá
En una operación en defensa del medioambiente, tropas del Ejército desmantelaron una estructura y varios equipos usados para la extracción ilícita de oro, actividad que ha afectado la fauna y la flora en el suroriente del país.
Por: Javier Patiño C
Un grupo especial de uniformados de la Brigada 12 del Ejército, con apoyo del Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.º 31 y en coordinación con la Sijín de la Policía Nacional, llegó hasta la zona rural de Cartagena del Chairá para destruir una estructura dedicada a la explotación ilegal de yacimientos mineros en el departamento del Caquetá.
La intervención tuvo lugar en la vereda Bocana del Guayas, donde las tropas sorprendieron a seis personas en plena actividad de extracción ilegal de oro. En el punto fueron incautadas una draga de alto poder y dos embarcaciones, herramientas que permiten remover grandes volúmenes de material del lecho de los ríos y acelerar la degradación de los ecosistemas amazónicos.
Un alto oficial de la Sexta División del Ejército le dijo a CAMBIO que la extracción ilícita de oro se ha convertido en una de las economías criminales más agresivas para la región amazónica. “A diferencia de otras actividades ilícitas, este delito deja un impacto inmediato y visible: ríos desviados, aguas contaminadas con mercurio, sedimentación masiva y pérdida acelerada de biodiversidad”.
Según el uniformado, en el Caquetá –donde los afluentes son la base de la vida para comunidades campesinas e indígenas– la minería ilegal genera daños que pueden tardar décadas en revertirse. Una sola draga puede transformar por completo la estructura de un río, alterar sus cauces naturales y destruir áreas completas de peces y fauna acuática.
Las autoridades identificaron que, además del daño ecológico, esta actividad se ha consolidado como una fuente de financiación prioritaria para organizaciones criminales. “El oro extraído sin control se integra con facilidad a mercados ilícitos y, mediante intermediarios, llega a circuitos legales sin que su origen pueda rastrearse. Para estructuras armadas como las disidencias de las Farc, la minería ilegal representa ingresos constantes y difíciles de detectar, especialmente en zonas donde la presencia estatal ha sido históricamente limitada”, explicó el alto oficial.
La operación militar no solo detuvo la explotación del yacimiento ilegal, sino que también propinó un golpe directo a las economías criminales que sostienen el aparato logístico del GAO-r en la región. Las labores de inteligencia permitieron identificar rutas de transporte, puntos de acopio y dinámicas de abastecimiento que venían siendo utilizadas por esta estructura para fortalecer su presencia en el sur del país.
Los cabecillas en la zona donde fue hallada la explotación ilícita
De acuerdo con los organismos de inteligencia, en esta zona delinque el frente Rodrigo Cadete, de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Nelson Ramírez, con injerencia en los ríos Guayas y Caguán.
El cabecilla ingresó a las Farc en 2019 como integrante del frente Arturo Ruíz, del bloque Jorge Briceño, bajo el mando de alias Calarcá, y estaba encargado de labores de inteligencia para conocer los movimientos de la fuerza pública.
Las autoridades también lo identifican por ordenar el reclutamiento de menores y presionar a la población de la zona para realizar asonadas que impidan las operaciones militares.
Desde comienzos de 2025 fue designado por Juan Agudelo Salazar, alias Urias Perdomo, como cabecilla de finanzas del frente Rodrigo Cadete.
Su principal socio en la zona es su primo, Ángel Joven Rojas, conocido con el alias de Conejo, con presencia en los municipios de Florencia, El Paujil, La Montañita, El Doncello y Puerto Rico, en Caquetá. Está encargado del cobro de extorsiones, la ejecución de ataques con drones y el reclutamiento forzado.
Para las autoridades, la destrucción de la estructura y de la maquinaria reduce la capacidad de maniobra de las disidencias de las Farc y cierra un espacio crítico donde convergían finanzas criminales, afectación ambiental y riesgo para comunidades vulnerables.
“La extracción ilícita de yacimientos mineros es hoy uno de los delitos más complejos de enfrentar debido a su conexión con redes de lavado de activos, tráfico de insumos, explotación de mano de obra vulnerable y control territorial por parte de organizaciones armadas”, aseguró al alto oficial.
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