Defensoría pide protección urgente para El Roble, Sucre: guerra entre grupos ilegales, desplazamientos y más violencia en la región

Habitantes de la cabecera urbana de El Roble y de los corregimientos de Tierra Santa, El Sitio, Grillo Alegre, Palmital, Callejón y Patillal, limítrofes con los municipios sucreños de Galeras y San Benito Abad, han sido testigos durante las últimas dos semanas de la presencia de estructuras armadas ilegales que buscan ejercer control sobre la subregión de La Sabana.

Esta zona conecta las áreas del sur del departamento –como San Jorge y La Mojana– con la salida al mar por el Golfo de Morrosquillo, lo que la convierte en un corredor estratégico para economías ilegales, particularmente el tráfico de drogas y otras actividades criminales.

La Defensoría del Pueblo advirtió sobre graves consecuencias humanitarias, pese a que en 2025 el territorio había experimentado un periodo de relativa calma. Según el organismo, entre el pasado 2 de septiembre y el 2 de diciembre de 2025 se registraron cuatro homicidios y un atentado sicarial. Una de las víctimas fue una mujer, lideresa campesina del corregimiento El Sitio.

Estos hechos provocaron, de acuerdo con un censo elaborado por la Alcaldía de El Roble, el desplazamiento forzado de 67 familias del corregimiento Tierra Santa.

Presencia de grupos armados ilegales

La Defensoría advirtió además posibles subregistros debido al temor de las comunidades a denunciar y acudir a las autoridades judiciales. La ATI 002 de 2026 señala que aproximadamente el 90 por ciento de las familias desplazadas han retornado de manera voluntaria, sin el acompañamiento institucional correspondiente, lo que incrementa los riesgos de revictimización, nuevos desplazamientos y despojo o apropiación ilegal de bienes.

“En el municipio de El Roble ha sido identificada la presencia del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo, tanto en zonas rurales como en la cabecera municipal. No se descarta la incursión de otros grupos armados ilegales interesados en disputar el control territorial, dada la importancia estratégica del municipio en las rutas del narcotráfico y otras economías ilícitas”, señala el documento.

La entidad indicó que la población civil enfrenta un temor generalizado que limita la denuncia, afecta el ejercicio de liderazgos sociales y profundiza el subregistro de hechos violentos. La situación es especialmente crítica para niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ), quienes se encuentran en riesgo de reclutamiento, vinculación y utilización por parte de actores armados, así como de instrumentalización en actividades asociadas al microtráfico, extorsión y control social.

Así mismo, la Defensoría alertó sobre riesgos para mujeres, lideresas y líderes sociales, población víctima y retornada, comerciantes, servidores públicos y contratistas que desarrollan labores en el municipio. El desplazamiento y el retorno forzado también han generado afectaciones como la desescolarización, mientras que las mujeres enfrentan riesgos específicos de violencias basadas en género (VBG) en contextos de control armado ilegal.

El informe advierte además una insuficiente presencia institucional en las zonas rurales, incluyendo limitaciones en la capacidad de disuasión y respuesta de la fuerza pública. Esta situación ha generado áreas de baja gobernabilidad que facilitan el accionar delictivo y han frenado procesos administrativos como la restitución de tierras, debido a la falta de garantías de seguridad.

Las recomendaciones de la Defensoría

Ante el panorama de riesgo inminente, la Defensoría del Pueblo formuló 15 recomendaciones dirigidas a autoridades nacionales y territoriales, entre ellas el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Gobernación de Sucre y la Alcaldía de El Roble.

Igualmente, solicitó la activación de acciones por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) y la Procuraduría Regional de Sucre, entre otras entidades.

“Las recomendaciones demandan una respuesta urgente e integral que incluya medidas de prevención y protección, fortalecimiento de las capacidades de disuasión y judicialización, atención humanitaria para las familias desplazadas y retornadas, y la activación de rutas de protección para liderazgos sociales, mujeres y menores de edad”, concluyó la entidad.