Alias Araña y los incumplimientos que ponen en duda su compromiso con la paz

En la noche del miércoles 12 de febrero de 2025, integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación llegaron al hotel Marriott Courtyard, en el norte de Bogotá, para ejecutar una orden de captura contra Geovanny Andrés Rojas, alias Araña, cabecilla de los Comandos de Frontera. La detención se produjo minutos después de que el hombre participara en una rueda de prensa tras el cierre del tercer ciclo de negociaciones de paz entre esa estructura ilegal y el Gobierno nacional.

La presencia de Rojas en Bogotá había sido interpretada como una señal de compromiso con los avances en la entrega de armas y con el proceso de paz total impulsado por el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, su captura en uno de los salones del hotel desató una fuerte controversia entre el Gobierno nacional, que exigía su liberación inmediata, y la Fiscalía, que insistía en cumplir una orden de captura emitida por una corte federal de Estados Unidos.

El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, fue uno de los funcionarios que intentó frenar el procedimiento judicial, al argumentar que la captura representaba un golpe grave para el avance de los acuerdos de paz en el suroccidente del país. No obstante, el ente acusador reiteró que dicha medida tenía un alcance limitado y no podía aplicarse frente a requerimientos judiciales de carácter internacional.

Ante la posibilidad de extradición, el presidente Petro intervino para impedir la entrega de Rojas, al considerar que su permanencia en Colombia es clave para la continuidad de los diálogos de paz. A través de la resolución 421 de 2025, el Gobierno ordenó suspender los trámites de extradición y explicó que desde febrero solicitó formalmente a Estados Unidos la suspensión provisional del proceso contra alias Araña, requerido por delitos de concierto para delinquir, narcoterrorismo y tráfico de drogas ilícitas.

El Gobierno nacional reiteró que, tras el aval otorgado por la Corte Suprema de Justicia, tiene la facultad de actuar conforme a la conveniencia nacional en desarrollo del proceso de paz. En ese sentido, el secretario jurídico de la Presidencia señaló que una entrega inmediata afectaría los avances logrados con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

La medida también contempla que alias Araña pueda solicitar el reconocimiento del tiempo que permanezca privado de la libertad en Colombia dentro del proceso de extradición. Para ello, se pidió a la Fiscalía certificar el periodo de detención y remitir la información correspondiente a las autoridades estadounidenses por vía diplomática.

“En caso de que, a juicio del Gobierno nacional, se interrumpa su participación o cesen sus aportes al proceso de paz total, se procederá a hacer efectiva la entrega del señor Rojas, previo cumplimiento de los condicionamientos impuestos al Estado requirente”, señala la resolución.

El pasado 29 de enero, el presidente Petro reiteró públicamente el compromiso asumido por alias Araña en la mesa de negociación. A través de su cuenta en la red social X, afirmó: “Alias Araña tiene diez días para demostrar que se cumple el compromiso de erradicar 15.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca en el Putumayo”.

Los posibles incumplimientos de Araña

De acuerdo con información de las autoridades, en el suroriente del país persisten al menos dos enclaves cocaleros: uno en el bajo Putumayo, en el sector de Orito, y otro en la zona rural de Puerto Guzmán, donde han sido detectados más de 800 laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca.

En estas zonas, tropas de la Sexta División del Ejército han incautado más de ocho toneladas de clorhidrato de cocaína y más de siete toneladas de marihuana tipo creepy, proveniente principalmente del Cauca, que posteriormente es enviada hacia Ecuador y desde allí a Estados Unidos.

“El río Putumayo es la frontera natural entre Colombia y Ecuador. Es una vía fluvial extensa y navegable en sus 1.626 kilómetros, a partir de lo que se conoce como el puerto de Hong Kong, en Puerto Asís, hasta su desembocadura en el río Amazonas. Se trata de una ruta estratégica para estas organizaciones criminales”, explicó el general Luis Fernando Salgado, comandante de la Sexta División del Ejército.

Según información de inteligencia, los Comandos de Frontera no han cesado sus actividades ilegales y continúan operando bajo el mando de alias Popeye, M1 y JC, quienes seguirían recibiendo instrucciones directas de alias Araña para el control de rutas del narcotráfico, la compra de armas y la minería ilegal.

“El trabajo conjunto con las fuerzas armadas de Perú, Ecuador y Brasil busca fortalecer las operaciones de control y combatir a otras organizaciones criminales como los Choneros y el Comando Vermelho”, agregó el general.

Las autoridades también han identificado que este grupo armado no recurre principalmente al reclutamiento forzado, sino que utiliza el poder económico del narcotráfico y de la minería ilegal –actividades altamente rentables– para ofrecer pagos a quienes deciden integrar estas estructuras criminales.

Estas acciones, que según las autoridades se estarían ejecutando por orden directa de alias Araña, mantienen al alto Gobierno a la expectativa del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la mesa de negociación, condición clave para evitar su extradición a Estados Unidos.