“Estoy rota porque asesinaste a mi hijo, pero te perdono”

La última vez que Leonor María Rodríguez Paz escuchó la voz de su hijo, Deiner Hoyos Rodríguez, percibió su orgullo: había logrado ahorrarle 200 pesos, una suma importante en un hogar donde cada centavo se cuida. De tez morena, cejas finas, labios bien delineados y una mirada tan profunda como inocente, estaba feliz porque ese día sacaría su cédula y entregaría una hoja de vida exigida para su primer trabajo.

El día anterior, él, como su madre, nacido en Tolú Viejo, una población de sol inclemente en el corazón de los Montes de María, al norte del departamento de Sucre, le pidió los 200 pesos para comprar el papel y llenar el documento. Ella recuerda que no tuvo malos presentimientos, sino alegría al ver cómo su muchacho había crecido.

Decidió darle 6.200 pesos: 6.000 para que se tomara unas fotos, fuera a la Registraduría y contara que acababa de cumplir 18 años y que iba a sacar su cédula.

—Mamá, te ahorré 200 pesos. Voy con unos señores del Ejército que me van a llevar. Les inspiro tanta confianza que me dijeron que ya no necesito la hoja de vida. 

Eso ocurrió el 12 de julio de 2007. Este jueves 26 de marzo, Leonor María se situó frente a la foto de su hijo cuidadosamente enmarcada. Es una de las once imágenes colgadas en una pared blanca de un amplio salón en la Casa Once, que sus creadores escriben con un logo en el que combinan letras con números: O11CE. Es una edificación espléndida, fresca, en un barrio en donde hay otras casas de bahareque y techos de paja o palma.

Se trata de un lugar donde —según sus constructores— se honra la vida, la memoria y la dignidad. En cada retrato aparece el nombre de los once jóvenes víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, y que marcaron para siempre a esta población con una herida profunda.

Uno de los autores confesos es Hernán Aguinaga Zapata, exsargento del Ejército Nacional y compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Nació el 5 de noviembre de 1978 en Puerto Berrío, Antioquia. Desde joven sintió que su destino era el Ejército, al que ingresó en 1997. 

De complexión robusta, cabello rapado y manos gruesas, hoy expresa vergüenza por haber participado en estas acciones sistemáticas que, según la JEP, costaron la vida a 6.402 jóvenes, en su mayoría de zonas marginales, rurales y urbanas, de distintos puntos del país, engañados con falsas promesas de trabajo.

Aguinaga explica que, en esos actos de violencia contra inocentes, muchos militares enfrentaban una fuerte presión de sus superiores. Cumplían órdenes ilegales y pocos se atrevían a oponerse.

—Como estaban las cosas, si uno se negaba, podían matarlo —asegura.

Cuenta que algunos mandos del Ejército tenían vínculos estrechos con grupos paramilitares. En esa dinámica, sumada a la exigencia de resultados y a los incentivos ofrecidos, el horror se multiplicó. Mientras habla, observa a Leonor María, que sigue contemplando la fotografía de su hijo.

Junto a ellos está María Margarita Flores Pineda, representante legal de la Asociación de Víctimas de la Verdad (Asovitolve) y psicóloga social. Habla con seguridad; su sólida formación académica es evidente, al igual que su capacidad para desenvolverse en distintos escenarios, desde actos en lejanos caseríos hasta exclusivos espacios diplomáticos.

Quién diría que esta mujer elegante, vestida de sastre blanco, fue alguna vez una joven sumida en el dolor: embarazada de cuatro meses, huyendo porque sabía que también la querían matar tras el asesinato de su pareja.

Tenía 17 años cuando supo que sería madre. Se lo contó a Carlos Alberto Valentine, de 19. Él, con un optimismo que la sorprendió, le dijo que era hora de madurar: dejaría los estudios para trabajar, cuidarla y permitirle a ella continuar con los suyos.

El 9 de julio de 2007 le anunció que se iría a trabajar a una finca con unos hombres que parecían confiables y no le habían pedido requisitos. Como había prestado el servicio militar, no dudó de los soldados que lo subieron a un camión. Nunca imaginó que lo asesinarían.

Esa noche no volvió. Al principio, ella se molestó por no avisarle. Luego, con el paso de los días, la preocupación creció. Denunció su desaparición forzada y empezó un viacrucis cruel. Dos meses después, el 2 de septiembre, supo de él por una noticia en un periódico: dado de baja como guerrillero en un combate en Ocaña, Norte de Santander.

¿Cómo Carlos Alberto iba a ser guerrillero si admiraba al Ejército? ¿Cómo podían decir que Deiner era insurgente si nunca había empuñado un arma?

Sin embargo, ambos aparecieron con uniforme camuflado, junto a armas, tendidos entre la maleza. Las imágenes eran escabrosas. El pie de foto hablaba de una “victoria militar”. Uno, dos, tres y hasta que se llegó a once.

Consciente del daño causado, Aguinaga recuerda su primera visita a este lugar cuando comenzó el proyecto de memoria. Entró cabizbajo. No era el único: los otros 32 comparecientes también miraban al suelo.

El sitio era hace cuatro años un depósito de grúas oxidadas, invadido por la maleza y los bichos. Ninguno tenía experiencia en construcción. Pero el desafío mayor era otro: ¿cómo mirar a los ojos a las familias de quienes habían matado? Aun así, todos asistieron voluntariamente, tras haber reconocido sus crímenes ante la JEP, con la intención de reparar, aunque fuera en parte, el daño causado.

Jesús Jiménez Chamo, maestro de obra, hermano de Miguel Enrique Jiménez, cuyo rostro y nombre también cuelgan de la sala como obras de arte en un museo, recuerda su reacción inicial:

—Sentí una rabia inmensa. Pero luego pensé: ¿qué iba a hacer? ¿Matarlos? ¿Convertirme en lo mismo? Esto hay que detenerlo. ¿Por qué quién disparó primero aquí? ¿Quién ha sido, en estos lares, el más sediento de venganza? Mientras la respuesta varia de acuerdo a quien la de, lo cierto es que basta con mirar el mapa de la región para trazar una geografía del horror: nombres de una musicalidad casi poética, heredada de su tradición cultural, que contrastan con la violencia que los marcó, tal como lo documentó la Comisión de la Verdad en cada masacre: El Salado, Chengue, Macayepo, Mampuján, Las Brisas… y una lista interminable.

Así que mejor unir las manos para construir. El lugar, antes un basural, se empezó a transformar sin recriminaciones. Al inicio hubo silencio y tensión. Luego, las madres llegaron un día con limonada, otro con agua de panela, siempre fría, para aliviar el calor y el polvo que los agobiaba. Así, sin tregua, limpiaron escombros, levantaron muros, construyeron techos.

En una ocasión, mientras ajustaba unas varillas, Aguinaga cayó. Uno de los familiares lo sostuvo en el aire.

—Usted me salvó la vida —le dijo.

No fue solo una reacción espontánea: simbolizaba el sentido del proceso. Para los comparecientes, trabajar en este lugar ha sido una forma concreta de reparación, una expresión de responsabilidad activa propia de la justicia restaurativa. Casa Once pone en el centro a las víctimas. No es un proyecto impuesto, sino una iniciativa de las propias familias, que transformaron el dolor en memoria y futuro. Este un primer ejemplo que ya empieza a pensarse para replicar en otras partes del país.

La edificación tiene 250 metros cuadrados interiores y alcanza unos 350 con el patio. Cuenta con recepción, cafetería, un espacio de trabajo compartido, oficinas, bodega, baños y un auditorio para 40 personas. La cocina funciona como restaurante, y en el exterior hay una terraza con áreas productivas como panadería y pizzería. En el horno donde se hace las pizzas, una frase en hierro: “Sabor a la vida”. A la entrada hay una escultura de dos figuras que se miran frente a frente. Es una obra del artista Eduardo Batrán y se titula El encuentro.

Durante la inauguración se sirvió café cultivado y preparado por exintegrantes de las Farc. Hubo, entonces, una felicitación general para el responsable. Oswaldo Miguel Mendoza nació en San Pedro de Urabá, donde ingresó a las Farc. A mediados de 1997 la guerrilla lo envió a Caquetá. En 2008 entró a la columna Arturo Ruiz, una auténtica máquina de guerra que puso contra la pared al Estado en varios departamentos del país.

En 2016 firmó el Acuerdo de Paz, entregó su fusil y, mientras miraba las montañas del Cauca, pensó que era la hora de reconciliarse con la naturaleza, con la vida. Comenzó a sembrar café.

Hoy está a la cabeza de la Federación Mesa Nacional del Café (FEMNCAFÉ). Esta organización la integran 32 asociaciones ubicadas en ocho departamentos: Valle, Cauca, Tolima, Antioquia, Cundinamarca, Meta, Guaviare y Huila. Cuenta con 1.400 personas en proceso de reincorporación, así como campesinos y víctimas. Hoy no disparan. Hoy siembran el grano que simboliza la pujanza del país. Su café ahora se venderá en este lugar. 

—Hay que resistir, hay que insistir, no podemos dar un paso atrás —dice. Se refiere al continúo drama de la violencia contra los firmantes de paz. La cifra de los asesinados ronda los 500. Buena parte de los crímenes los han cometido las disidencias, es decir sus antiguos compañeros de armas que ahora los ven como traidores.

Karen Varón tiene 20 años. Es hija de un firmante de paz que estaba en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Monterredondo, Cauca. Su padre, al ver que la violencia los cercaba, decidió sacarla de allí. Se fue y fue acogida por FEMNCAFÉ, donde se ha formado como barista en los últimos tres años. Aunque es una joven que sabe bastante de aromas, granos y temperaturas, dice que aún debe prepararse más, aunque Mendoza cree que ya está lista para competencias internacionales.

Ella sirvió su café a cada uno de los comparecientes de la fuerza pública que hasta hace poco se enfrentaban a sus padres en fieros combates y que, en este momentos, escuchaban respetuosamente las palabras de sus víctimas en la Casa Once:

—¡Qué café tan bueno! —exclamaban.

Mendoza sonreía satisfecho. Cuenta que la paz empieza a ver sus frutos en actos como este. Confiesa, eso sí, que tiene miedo. Tiene un hijo de 14 años y dice que cada noche pide poder vivir para verlo crecer, al menos hasta que se haga un hombre. Entre tanto, va con sus granos de café por todo el país y llegó a Tolú Viejo con el propósito de que comercialmente Casa Once sea autosuficiente y que de ganancias para sostener a las familias de las once víctimas. Ese también es el propósito de los comparecientes. Mientras huele el aroma de su café continúa hablando del país que quiere para su hijo. Dice que su vida será mejor que la suya.

Como el hijo de María Margarita y Carlos Alberto Valentine. Es un joven sano, inquieto, en camino a la universidad. Cuando mueren los padres, en español existe la palabra huérfano. No hay un vocablo para definir a una mujer que pierde a su hijo. En el caso de ella, viuda a los 17, la vida la abofeteó aún más con un trámite legal no previsto. ¿Quién le iba a dar el apellido a su hijo? ¿Cómo hacerlo si él había sido asesinado cuando ella solo tenía cuatro meses de embarazo?

Ella aún recuerda las noches de escapatoria, el desplazamiento obligado y las complejas pruebas de ADN para demostrar su historia.

¿Y qué futuro le espera al sargento Aguinaga Zapata? María Margarita parece tener respuesta para todo:

—Tú deberías tener un hijo. No hay nada más hermoso en esta vida.

—¿Será? —pregunta.

—Claro que sí —dice Leonor María—. Un hijo le cambia a una la vida porque es una bendición de Dios.

Añade que está rota desde que le asesinaron al suyo, pero que quiere sanar y siente que en el perdón encuentra paz. Luego se lleva la foto de su muchacho al pecho. Sus ojos se humedecen. Los del sargento Aguinaga Zapata también.