
Alerta de la Defensoría del Pueblo por presencia de grupos armados ilegales en escuelas: vulneración del derecho a la educación
La Defensoría del Pueblo alertó sobre la presencia de grupos armados ilegales en instituciones educativas de zonas rurales de Nariño y Cauca, lo que constituye una grave vulneración del derecho a la educación.
Por: Javier Patiño C
La Defensoría del Pueblo denunció que las disidencias de las Farc continúan reclutando menores en el sur del país, ingresando a centros educativos para distribuir propaganda, entregar útiles escolares y ocupar estos espacios.
Videos que circulan en redes sociales evidencian la presencia de estructuras de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco, en varios municipios de Nariño y Cauca.
La Defensoría aseguró que la presencia de hombres armados genera miedo, inseguridad y presión sobre niñas, niños y adolescentes. Esta situación incrementa el ausentismo, la deserción escolar y la interrupción de sus trayectorias educativas, afectando el ejercicio efectivo del derecho a la educación.

“Esta exposición incrementa los riesgos de reclutamiento, violencia sexual y otras afectaciones en el marco del conflicto armado, profundizando su vulnerabilidad y debilitando las garantías para su desarrollo integral”, señaló la entidad en un comunicado.
Para la Defensoría, los grupos armados ilegales están obligados a respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario, en particular los principios de distinción y precaución. En ese sentido, deben abstenerse de ocupar o afectar bienes de carácter civil, como los establecimientos educativos, y evitar cualquier acción que genere riesgos previsibles para la población civil, especialmente para niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, la entidad recordó que la Declaración sobre Escuelas Seguras de la ONU establece que las partes en conflicto deben evitar el uso, la ocupación y la destrucción de los establecimientos educativos.

Finalmente, el organismo solicitó al Gobierno nacional y a las entidades territoriales adoptar medidas integrales y sostenidas que garanticen la protección de las comunidades y la seguridad en los entornos escolares, promoviendo no solo el acceso, sino también la permanencia de niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo.
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