CICR denuncia grave situación humanitaria en varias regiones del país durante 2025

El organismo presentó su balance sobre la situación humanitaria en Colombia durante 2025, un año marcado por el recrudecimiento del conflicto armado y por niveles de violencia que, según el informe, no se registraban desde hace una década.

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“El deterioro no se explica únicamente por la intensificación de las hostilidades, sino también por la forma en que se condujeron y por el trato que recibió la población civil, en un contexto marcado por la falta de respeto al Derecho Internacional Humanitario”, señala el documento.

De acuerdo con el informe, 965 personas resultaron heridas o murieron por artefactos explosivos, en su mayoría civiles. Además, el CICR documentó 308 nuevas desapariciones relacionadas con el conflicto.

Estas cifras se suman a los registros de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), según los cuales al menos 235.619 personas fueron desplazadas de manera individual, 87.069 sufrieron desplazamientos masivos y 176.730 permanecieron confinadas en sus territorios.

A su vez, la Mesa Nacional de Misión Médica reportó 282 actos violentos contra la asistencia en salud en hechos vinculados con el conflicto armado.

El CICR indicó que, en comparación con 2024, todos estos indicadores aumentaron de manera significativa y, en algunos casos, se duplicaron. El desplazamiento individual creció ciento por ciento, el desplazamiento masivo un 111 por ciento y el confinamiento un 99 por ciento.

“La situación humanitaria en 2025 es el resultado de un deterioro progresivo que el CICR ha advertido desde 2018 y que hoy se expresa en consecuencias cada vez más graves y profundas para la población civil”, afirmó Olivier Dubois, jefe de la delegación regional del CICR en Bogotá.

El organismo también denunció que, en distintos territorios, los enfrentamientos ocurrieron de manera recurrente en zonas pobladas, lo que dejó a las comunidades directamente expuestas a los efectos de las hostilidades.

“Esto no solo incrementó los riesgos para la población civil, sino que se tradujo en personas heridas o fallecidas, desplazamientos, confinamientos y restricciones en el acceso a servicios esenciales”, agregó el informe.

El CICR expresó además su preocupación por el incremento en el uso de artefactos explosivos, especialmente aquellos de detonación controlada y los lanzados mediante distintos dispositivos, lo que elevó los riesgos para las comunidades cuando no se adoptaron las precauciones necesarias para proteger a la población civil.

“Así mismo, se intensificó el uso de vehículos aéreos no tripulados, conocidos comúnmente como drones, para el lanzamiento de explosivos, una práctica que incrementó el temor y la incertidumbre en comunidades rurales y urbanas”, detalla el informe.

La investigación también evidenció que, más allá de los enfrentamientos armados, la población civil enfrentó distintas formas de violencia y abuso, entre ellas homicidios, desapariciones, amenazas, violencia sexual y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.

Aunque las consecuencias humanitarias del conflicto se registraron en diferentes regiones del país, algunos territorios concentraron los mayores niveles de afectación.

“En Norte de Santander se concentró el 67 por ciento de la población afectada por desplazamiento masivo, el 42 por ciento por desplazamiento individual y el 28 por ciento de la población confinada. En Guaviare, más de 16.000 personas se vieron afectadas por confinamiento, una cifra especialmente significativa debido a su baja densidad poblacional. En Cauca se registró el 46 por ciento de las personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos, mientras que en Chocó se concentró el 29 por ciento de la población confinada a nivel nacional”, asegura el documento.

Presuntas violaciones al DIH

El informe también expone cómo la conducción de las hostilidades y el trato hacia la población civil derivaron en presuntas violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

Durante 2025, el CICR documentó 845 casos a partir de información recopilada directamente por el organismo. Sin embargo, aclaró que esta cifra no refleja la magnitud total del fenómeno debido a las limitaciones para acceder a todos los territorios y registrar la totalidad de los casos.

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Según el CICR, la mayoría de estas presuntas violaciones ocurrieron fuera de las hostilidades y afectaron la vida, la dignidad, la integridad física y mental, así como las condiciones de vida de personas protegidas por el DIH, entre ellas civiles, heridos, enfermos y personas privadas de la libertad.

Otros casos se registraron durante las hostilidades, principalmente por la falta de medidas para proteger a la población civil y a los bienes de carácter civil de los efectos de los ataques.

“En los conflictos armados, el impacto sobre la población civil depende en gran medida de las decisiones que toman las partes en conflicto. Cuando no se respeta el Derecho Internacional Humanitario, esas decisiones generan daños directos para la vida, la dignidad y la integridad de las personas”, señaló Dubois.

Ante este panorama, el CICR reiteró que el respeto al Derecho Internacional Humanitario no es opcional. El organismo recordó que las partes en conflicto deben evitar, en la medida de lo posible, los enfrentamientos en zonas pobladas, adoptar todas las precauciones necesarias para proteger a la población civil y abstenerse de emplear métodos de guerra con efectos indiscriminados o que causen daños excesivos.

Igualmente, insistió en la obligación de respetar y proteger a las personas que no participan o que han dejado de participar en las hostilidades, evitando cualquier forma de violencia contra ellas.