Defensora del Pueblo califica de inadmisible el “juicio revolucionario” del ELN contra funcionarios del CTI
La funcionaria advirtió que estas acciones son un intento de dar apariencia de legalidad a un delito que viola el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y exigió al Gobierno nacional fortalecer el acompañamiento a las familias de las víctimas, quienes manifiestan sentirse solas en su clamor por la liberación.
Por: Diego Buitrago
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, manifestó su rechazo contundente ante el anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de someter a un supuesto “juicio revolucionario” a dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y a dos policías secuestrados en el departamento de Arauca. Marín calificó esta acción como “inadmisible” y subrayó que ningún grupo armado ilegal tiene la legitimidad para imponer procesos judiciales o condenas.
El secuestro no se legitima con simulacros de justicia
Para la Defensoría, el uso de términos como “juicio” o “sentencia” por parte de la guerrilla es un intento de dar una apariencia de legalidad a una práctica que constituye un delito grave bajo el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Marín enfatizó que “el hecho de que hagan una especie de juicio no valida esta privación de la libertad” y recordó que la toma de rehenes y la privación arbitraria de la libertad son actos ilegítimos e ilegales.
El grupo armado, a través de su frente de guerra oriental, anunció “penas” de hasta 60 meses de “prisión revolucionaria” para los agentes del CTI, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, quienes permanecen cautivos desde mayo de 2025. Según la defensora, estas actuaciones no alteran la naturaleza del secuestro y, según las normas internacionales, la liberación de las víctimas debe ser inmediata e incondicional.
El Frente de Guerra Oriental del ELN anunció que llevó a cabo un “juicio revolucionario” contra los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo López, y contra los miembros de la Policía Nacional, Franque Hoyos y Yordin Fabián Pérez, quienes… pic.twitter.com/pQ0xhDm3Qg
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) May 6, 2026
Llamado urgente al Gobierno nacional
Además del rechazo al grupo ilegal, Iris Marín hizo un llamado directo al Gobierno de Gustavo Petro para fortalecer el acompañamiento institucional a los familiares de los secuestrados. La funcionaria reveló que, tras escuchar el clamor de las familias, estas manifiestan sentirse solas y consideran que no ha habido un apoyo suficiente por parte del Estado durante el tiempo que ha durado el cautiverio.
La situación es crítica, dado que las familias enfrentan una incertidumbre prolongada tras el anuncio del ELN de que los funcionarios podrían permanecer secuestrados por varios años más, a menos que se concrete un canje humanitario, propuesta que también ha sido cuestionada por diversos sectores por pretender normalizar el secuestro como moneda de cambio política.
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