La presión de alias Calarcá sobre comunidades del Yarí para apropiarse de baldíos en el Meta

La situación se evidenció el pasado 15 de abril, tras la llegada de aproximadamente 400 personas movilizadas en camionetas y motocicletas, quienes desembarcaron sobre una vía e ingresaron de manera organizada a un terreno baldío ubicado en la zona de los Llanos del Yarí, en el Meta.

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En cuestión de minutos, el grupo rodeó a cerca de 30 militares que permanecían en el sector como parte de una patrulla móvil de la Fuerza de Tarea Omega. Según información de las autoridades, los uniformados quedaron cercados por varios civiles, entre ellos presuntos integrantes de la estructura Arturo Ruiz, del bloque Jorge Suárez Briceño, vestidos de civil.

Durante varios minutos se vivieron momentos de tensión. De acuerdo con versiones de los militares presentes en el lugar, parte de la población civil habría sido obligada y constreñida por la estructura armada ilegal para asistir al sector.

Según el testimonio de varios uniformados, algunas personas les manifestaron que debían abandonar el área y dirigirse hacia un sector conocido como ‘Casa Rosada’.

Los militares iniciaron conversaciones con representantes de la comunidad y advirtieron que, en caso de no llegar a un acuerdo, solicitarían el apoyo de un helicóptero para evacuar la zona. Sin embargo, la propuesta no fue aceptada y varios asistentes insistieron en que permanecerían en el lugar mientras la unidad militar no se retirara.

La tensión aumentó con la llegada de integrantes de la denominada guardia campesina, quienes, al parecer, estaban acompañados por presuntos miembros de la estructura Arturo Ruiz vestidos de civil. Según las denuncias, el objetivo era impedir que la unidad militar realizara movimientos de manera independiente.

Ante la presión y para evitar una confrontación, los uniformados accedieron a retirarse del lugar y fueron conducidos por vía terrestre durante aproximadamente ocho kilómetros.

Medidas extraordinarias

Ante la gravedad de los hechos, el 16 de abril se realizó un consejo de seguridad en el municipio de San Vicente del Caguán, con la participación del alcalde, autoridades militares, policiales y civiles, así como representantes de la Personería Municipal.

Durante la reunión se expuso la situación registrada en la zona y se advirtió sobre presuntos actos de intimidación, constreñimiento e instrumentalización de la población civil para promover asonadas contra las tropas. Según las autoridades, estos hechos habrían sido impulsados por integrantes de la estructura Arturo Ruiz, del bloque Jorge Suárez Briceño.

Como resultado del encuentro, las autoridades locales se comprometieron a adelantar acercamientos con las comunidades para mediar la situación y garantizar el normal desarrollo de las operaciones militares en el área.

“En el marco de la Constitución Política de Colombia, el Estado tiene la obligación de garantizar el orden público y asegurar el cumplimiento de los fines esenciales previstos en el artículo 2, entre ellos la protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos, así como la vigencia de un orden justo”, afirmó un funcionario que participó en la reunión.

Las autoridades militares reiteraron que la Constitución establece que el Estado es el único facultado para ejercer el uso legítimo de la fuerza en defensa de la soberanía, la independencia y la integridad territorial.

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Así mismo, recordaron que la Corte Constitucional ha señalado que la protesta social no puede derivar en la sustitución de la autoridad estatal ni en la imposición de decisiones a la fuerza pública mediante vías de hecho.

Tras los hechos, los uniformados denunciaron presiones y ataques por parte de integrantes de las comunidades. Como evidencia, entregaron videos y citaciones obligatorias dirigidas a campesinos de la zona rural de San Vicente del Caguán, parte del grupo ilegal, con las que buscarían demostrar la presión ejercida por las disidencias de las Farc.

Antecedentes de las acciones armadas

De acuerdo con interceptaciones y testimonios recopilados por investigadores, durante febrero pasado un integrante identificado con el alias de Diomedes, señalado cabecilla de la columna móvil Joaquín Guzmán, del frente Raúl Reyes, habría participado en reuniones relacionadas con las actividades de las disidencias al mando de alias Calarcá.

La investigación permitió establecer que los cabecillas de la organización estarían enviando invitaciones a líderes de juntas de acción comunal y habitantes de las zonas bajo su influencia con el propósito de reunir a la población civil.

Según la información recolectada, mediante mecanismos de presión psicológica, las estructuras ilegales estarían instrumentalizando a las comunidades para apoyar actividades ilícitas, entre ellas la recolección de dinero, producto de extorsiones y multas impuestas a los pobladores.

Los investigadores también señalaron que estas acciones serían coordinadas, presuntamente, a través de algunos presidentes de juntas de acción comunal.

De igual manera, las autoridades sostienen que dichas estructuras continúan ejerciendo control territorial en varias veredas mediante reuniones de presión e intimidación, con el fin de obtener colaboración de la población y mantener su capacidad de control social en la región.

Las autoridades también recordaron que, en junio de 2024, en el caserío Nueva Esperanza, ubicado en las sabanas del Yarí y jurisdicción de San Vicente del Caguán, la estructura ilegal habría inaugurado un centro educativo liderado por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá. Según las investigaciones, ese lugar sería utilizado como fachada para convocar reuniones con la población mediante constreñimiento armado e, incluso, para encuentros exclusivos de la organización ilegal.