Expertos alertan por aumento de la violencia en Colombia: 23 por ciento de los homicidios se concentra en 63 municipios

En medio de una creciente preocupación por la seguridad en el país, expertos en criminología de la Universidad del Rosario presentaron el libro Con-Ciencia Criminal: ciencias del comportamiento aplicadas al sistema de justicia y al servicio de policía. La publicación reúne a 53 especialistas de distintas disciplinas y busca proponer soluciones innovadoras frente a los actuales desafíos en materia de seguridad.

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El análisis advierte una concentración crítica de la violencia, con base en registros de homicidios reportados por el Ministerio de Defensa Nacional durante el primer trimestre de 2026.

El documento plantea un enfoque científico para comprender, prevenir y enfrentar la conducta criminal, integrando investigación y aplicación práctica en contextos como el colombiano e iberoamericano.

Casos en el país

Según el informe, en el primer trimestre del año se registraron cerca de 3.388 homicidios, lo que representa un aumento del uno por ciento frente al mismo periodo de 2025. Sin embargo, el dato más preocupante es su distribución: el 23 por ciento de estos casos se concentra en 63 municipios identificados por la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral (MOE) como zonas con agudización de la violencia, especialmente en el contexto electoral. En estos territorios se reportaron 205 víctimas más que el año anterior.

Del total de homicidios, el 81 por ciento se cometió con arma de fuego. Además, en 18 departamentos —equivalentes al 56 por ciento del país— se registró un aumento de casos durante el trimestre.

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Entre los departamentos con mayores incrementos se destacan Atlántico (+43 por ciento), Huila (+46 por ciento), Tolima (+57 por ciento) y Putumayo (+84 por ciento). A nivel municipal, los aumentos más significativos se concentran en Cali, Dagua y El Cerrito (Valle del Cauca); Pitalito, Neiva y Algeciras (Huila); Segovia y Remedios (Antioquia); Padilla y Santander de Quilichao (Cauca); Puerto Asís (Putumayo) y Riohacha (La Guajira).

El informe también señala que el aumento de homicidios se ve reflejado en los atentados recientes en el suroccidente del país, donde se evidencia la capacidad operativa de grupos armados como las disidencias de las Farc, especialmente en territorios vinculados a rutas del narcotráfico.

Este panorama cobra mayor relevancia a pocas semanas de las elecciones y plantea interrogantes sobre un posible aumento de la gobernanza criminal o la incidencia de fenómenos como el clientelismo armado.

Para Ervin Norza Céspedes, profesor de Criminología de la Universidad del Rosario, la situación plantea desafíos urgentes: “Es necesario fortalecer las capacidades del sistema de justicia y del servicio de policía, así como mejorar las estrategias de prevención e investigación criminal”.

El experto señala que la política criminal también debe enfocarse en el sistema penitenciario. No obstante, advierte que el reto va más allá de ampliar la infraestructura: implica repensar las sanciones, mejorar los procesos de diagnóstico y tratamiento y fortalecer alternativas a la privación de la libertad para avanzar hacia una resocialización efectiva.

En materia de seguridad urbana, el estudio advierte que la militarización de las ciudades puede resultar contraproducente. En el caso colombiano, donde gran parte de la violencia se concentra en zonas rurales, el enfrentamiento a grupos armados requiere operaciones articuladas entre las Fuerzas Militares y la Policía.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones, se destaca la necesidad de fortalecer la inteligencia mediante procesos de reingeniería institucional que permitan mejorar su efectividad frente al crimen organizado.

Asimismo, el informe sugiere revisar fallas en los procesos de captura e investigación judicial, incorporando análisis sistemáticos en instancias como el Consejo Superior de Política Criminal y el Consejo Nacional de Policía Judicial.

Los expertos coinciden en que la estrategia debe priorizar la judicialización de estructuras criminales de alto impacto, cabecillas y redes organizadas, evitando dispersar esfuerzos en delitos de menor escala que no explican la actual crisis de seguridad.

También recomiendan fortalecer los estándares policiales bajo el modelo de justicia procedimental y avanzar en herramientas más sofisticadas de análisis del delito, incluyendo enfoques como la neurocriminología, así como en el desarrollo de capacidades frente a fenómenos como la ciberdelincuencia, la trata de personas y la violencia de género.

Finalmente, advierten que, de no adoptarse medidas estructurales, el país podría enfrentar escenarios críticos, como crisis penitenciarias, un incremento de ataques terroristas en territorios con gobernanza criminal y un aumento sostenido de la tasa de homicidios por encima de 26 por cada 100.000 habitantes.