La controversia por el secuestro de tres periodistas que cubrieron la desaparición de Salud Hernández

Hace exactamente una década, en los días en que el Gobierno de Juan Manuel Santos anunciaba la apertura de un diálogo de paz con el ELN, hombres del frente de guerra nororiental de dicha guerrilla secuestraron en el Catatumbo a la periodista colombo-española Salud Hernández-Mora. Dicho secuestro generó una reacción en cadena con el plagio de otros cinco comunicadores que llegaron al Catatumbo para tratar de contarle al país lo que sucedió con ella.  

La veterana reportera, que en esa época investigaba para el periódico El Mundo de España sobre los enclaves cocaleros en la región de Norte de Santander, permaneció secuestrada entre el 21 y el 27 de mayo de 2016, con captores que la movieron diariamente de campamento y que la obligaron a usar camuflado.  

Esos mismos hombres también plagiaron el día 23 a una comisión de Noticias RCN que llegó a El Tarra, el considerado corazón del Catatumbo, para indagar sobre el paradero de su colega. El periodista Diego Alonso de Pablos y el camarógrafo Carlos Alberto Melo permanecieron en poder del ELN hasta el 29 de mayo. A Jhon de Jesús Reales, el conductor de servicio público que contrataron para su misión periodística, lo liberaron el 24 de mayo.

Pero los elenos quisieron más y también se llevaron, el mismo 23 de mayo, al reportero de Caracol Televisión Diego Fernando Veloza; al corresponsal ocasional de Caracol y del Canal Tro, William del Carmen Mora, además director de Catatumbo Estéreo, y a la secretaria de esta última emisora, María Zulay Ropero, dejándolos en libertad a todos ellos un día después.

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Todos los secuestros ocurrieron en un mismo lugar, en el corregimiento Filo Gringo de El Tarra. Allí mismo, un año después, en junio de 2017, también fueron secuestrados el periodista Derk Johanes Bolt y el camarógrafo Eugenio Ernest Marle, quienes trabajaban en un programa de televisión holandés sobre la búsqueda de desaparecidos.

Por esos hechos, el pasado 11 de febrero, una jueza de Cúcuta condenó a 16 años de prisión y a una multa de 1.490 salarios mínimos a los integrantes del Comando Central del ELN: Nicolás Rodríguez Bautista (alias Gabino), Eliecer Herlinton Chamorro (alias Antonio García), Israel Ramírez Pineda (alias Pablo Beltrán) y Gustavo Aníbal Giraldo (alias Pablito). Todos fueron hallados culpables por mando de los delitos de secuestro agravado y rebelión agravada.

Lo sorprendente o cuestionable, al menos para la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), está en el hecho de que la sentencia acreditó el daño que sufrieron todos los periodistas víctimas, con excepción del segundo grupo de comunicadores que resultó secuestrado dos días después del plagio de Salud Hernández. Sin una sentencia que los cobije, estos periodistas no podrán reclamarle al Estado el daño sufrido por la acción de los violentos.

La apelación de la FLIP

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) presentó un recurso de apelación contra la sentencia de la jueza quinta especializada de Cúcuta que condenó a la cúpula del ELN por el secuestro de Salud Hernández y de los demás periodistas.

El recurso se dirige a que también se reconozcan como víctimas del secuestro a los periodistas Diego Fernando Veloza, William del Carmen Mora y María Zulay Ropero. 

La jueza Astrid Johana Mosquera descartó la inclusión de los mencionados comunicadores al advertir que no hay suficientes evidencias, más allá del relato de William Mora, que prueben que en realidad sí estuvieron en poder del ELN.

La jueza que excluyó a los periodistas advirtió que una condena contra el ELN no podía basarse solamente en el testimonio del periodista de Catatumbo Estéreo. En ese sentido destacó que él reside en El Tarra y que, por su cercanía con el entorno, debía descartarse que su testimonio tuviera "inferencias subjetivas, errores de percepción o reconstrucciones basadas en experiencias previas propias de entornos con conflictividad persistente".

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Además, la jueza advirtió que, del segundo grupo de comunicadores secuestrados, no se aportaron al proceso los registros de denuncia inmediata, las actas de rescate, los informes de autoridades o las valoraciones médico-legales. También destacó que la secretaria Ropero y el periodista Veloza no quisieron declarar en el proceso judicial, lo que hace que el secuestro que sufrieron no pueda comprobarse o se ponga en duda.

Al respecto, la FLIP indicpo que la jueza que condenó a la cúpula del ELN tenía el deber de evaluar el caso de los tres periodistas mediante un análisis de contexto que valorara el rol de ellos en ese contexto de conflicto.

Aunque la sentencia sobre la cadena de secuestros que generó el plagio de Salud Hernández habla de un "patrón de censura y control territorial" del ELN hacia la prensa, la FLIP echa de menos el que se haya descartado dicho patrón para restar credibilidad al secuestro de los mencionados periodistas.

Un ELN que controló a la prensa

Para la FLIP, está comprobado que, en 2016 y como parte de su estrategia de control territorial, el ELN incorporó el secuestro de periodistas en El Tarra con el pretexto de identificarlos y prohibir su ejercicio.

La ONG relata que Diego Veloza, de Caracol Televisión, contactó al periodista Mora, quien era el que tenía los contactos en el Catatumbo, para trabajar un documental titulado Tras los pasos de Salud Hernández. El día que los secuestraron, recién habían terminado su trabajo y fueron interceptados por tres elenos en dos motocicletas.

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“Entonces, me dicen: 'ustedes ingresaron acá sin ninguna autorización y ustedes de qué parte o de quién vienen. ¿Para qué?'. 'Nosotros somos periodistas, venimos acá, yo soy de aquí del municipio de El Tarra. Puede preguntar al padre'”, señaló William Mora en una diligencia de juicio.

“Entonces ellos me dicen que a mí no me conocen, que yo qué hago ingresando gente o qué hago yo ingresando cámaras y todo ello porque yo no tengo ninguna autorización, ninguna orden para poder hacerlo. Y me dicen que hay un comandante de ellos que nos requiere a nosotros vía al martillo”, relató Mora sobre las 24 horas que quizás nunca olvidarán.

“Cuando dice: 'Comandante, aquí tiene la tenemos la gente', yo intercedo diciendo del porqué nos estaban reteniendo, nos estaban quitando las cámaras y las cosas que teníamos nosotros prácticamente. Entonces, automáticamente me dicen: 'No, esto es una autorización y una orden desde arriba. Ustedes en este momento van a ser trasladados a una finca que nosotros tenemos y allí ya les explicaremos qué es lo que pasa'”, añadió.

El temor y la justicia

Los apoderados de las víctimas de secuestro no reconocidas por la jueza de Cúcuta, también hablaron del temor que les impidió, tanto al periodista Veloza como a la secretaria de Catatumbo Estéreo, dar la cara en un proceso penal en el que se juzgó a los líderes de una guerrilla.

"María Zulay indica que por tener familia en la zona, ella no desea declarar porque tiene peligro de muerte su familia o ella. Y el señor Diego Fernando Veloza Duque, ha manifestado que él, como es corresponsal del Canal Caracol, por ende, tiene que ingresar a la zona del Catatumbo a hacer trabajos, si declara dentro de este juicio es correr peligro de su vida y la vida de su familia", indicó el fiscal del caso en una audiencia en 2025.

La apelación presentada por la FLIP deberá ser analizada en el Tribunal Superior de Norte de Santander. En ella se concluye que la jueza de primera instancia utilizó la falta de comparecencia de las víctimas, por motivos de miedo, como una herramienta para poner en duda el secuestro que sufrieron.

"Con ello, la sentencia no solo desconoce las reglas de la sana crítica, sino que convalida un escenario donde el control territorial del grupo armado logra desplazar la justicia, transformando el temor de los testigos en una prueba de inocencia para los victimarios", remató el reclamo de la FLIP.

ana.cuesta@cambiocolombia.com