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Procuraduría rechaza “condenas” del ELN
Procuraduría rechaza “condenas” del ELN y exige liberación inmediata de secuestrados
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Procurador rechaza “juicios revolucionarios” del ELN y exige liberar a funcionarios secuestrados

El anuncio del ELN sobre “prisión revolucionaria” contra cuatro uniformados retenidos en Arauca generó una fuerte reacción institucional. El procurador, Gregorio Eljach Pacheco, rechazó la decisión, aseguró que no tienen autoridad para juzgar civiles y pidió su liberación sin condiciones.

Por: Silvia Juliana Jaimes Reátiga

El rechazo institucional frente al “juicio revolucionario” del ELN sigue creciendo. El procurador general de la nación, Gregorio Eljach Pacheco, cuestionó de manera contundente el reciente pronunciamiento del grupo armado, en el que anuncia “prisión revolucionaria” contra funcionarios públicos que permanecen secuestrados.

El ELN aseguró haber impuesto penas de entre 55 y 60 meses a cuatro funcionarios: dos integrantes de la Policía Nacional y dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Estas personas fueron secuestradas en hechos ocurridos entre mayo y julio de 2025 en el departamento de Arauca, y desde entonces continúan privadas de la libertad.

El procurador Gregorio Eljach Pacheco rechazó las “condenas” del ELN
El procurador Gregorio Eljach Pacheco rechazó las “condenas” del ELN y pidió la liberación de los secuestrados

El grupo ilegal argumenta que los funcionarios habrían realizado actividades contrarias a sus intereses en la región e incluso dejó abierta la posibilidad de un eventual intercambio de prisioneros. Sin embargo, el Gobierno nacional fue enfático en señalar que esa organización no tiene ninguna facultad para ejercer funciones judiciales ni emitir decisiones sobre civiles en el país.

Procuraduría rechaza pretensión de juzgar a civiles

En esa misma línea, Eljach calificó como inaceptable la pretensión del ELN de atribuirse competencias que corresponden exclusivamente a la justicia colombiana. A través de un comunicado oficial, el jefe del Ministerio Público reiteró que el secuestro constituye un delito grave y una vulneración directa a la dignidad humana, además de representar una agresión contra el Estado y la sociedad.

El procurador también hizo un llamado al Ejecutivo para que refuerce las acciones orientadas a lograr la liberación de los funcionarios, tras insistir en la necesidad de preservar el orden institucional y las garantías fundamentales.

Defensoría advierte impacto del secuestro

Por su parte, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre las consecuencias del cautiverio prolongado, tanto para las víctimas como para sus familias, y pidió intensificar los esfuerzos para su pronta liberación. La entidad recordó que el secuestro vulnera derechos esenciales y contraviene las normas básicas de convivencia.

Las autoridades, entretanto, mantienen activas las estrategias de búsqueda en Arauca y otras zonas del país, al tiempo que reiteran que este delito puede acarrear penas de hasta 40 años de prisión, según la legislación colombiana. Igualmente, invitan a la ciudadanía a suministrar información que permita ubicar a las personas retenidas y avanzar en su regreso seguro.

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