Caso Canacol Energy: ¿por qué está en riesgo el servicio de gas natural en Colombia?
Una empresa canadiense que enfrenta dificultades financieras solicitó suspender todos sus contratos de gas en Colombia. El problema es que la medida dejaría sin gas al 7,5 por ciento del país que lo requiere. ¿Qué dicen los expertos sobre lo que está ocurriendo?
Por: Juan David Cano
Una compañía canadiense de exploración y producción de petróleo y gas que solicitó la reorganización empresarial en diciembre de 2025 es hoy el dolor de cabeza de varias empresas del sector gasífero, y podría convertirse en un problema para los colombianos usuarios del gas natural si un tribunal le acepta suspender los contratos que tiene en Colombia.
Se trata de Canacol Energy, que solicitó la medida de reorganización financiera bajo la ley de Canadá (CCAA) tras registrar deudas que superarían los 900 millones de dólares y problemas con su flujo de caja. En medio de ese proceso, la empresa solicitó el pasado 28 de abril al Tribunal de la Corte del Rey de Alberta la terminación anticipada de sus contratos de transporte y suministro de gas con empresas colombianas para poder reestructurar su deuda.
El 7 de mayo, de hecho, estaba programada la audiencia donde se evaluaría esa petición, aunque la reunión fue aplazada para el próximo 15 de mayo a petición de la compañía y de otras compañías involucradas en el proceso, con el fin de explorar algunas modificaciones y acuerdos entre las partes.
Las afectaciones que dejaría que a Canacol le acepten la cancelación de los contratos
El problema de que en los próximos días se acepte esta medida es que las afectaciones para el mercado colombiano serían de gran magnitud. Canacol es el segundo mayor productor de gas en el país después de Ecopetrol. Solo en abril, su producción promedio fue de 75 millones de pies cúbicos diarios (mpcd) de gas, lo que equivale al 7,5 por ciento de toda la demanda que requiere el país.
En términos prácticos, varias empresas reconocidas se verían afectadas por la decisión. Entre ellas aparecen nombres como Promigas y sus filiales, junto a otras como Enel Colombia, Cerro Matoso (la principal mina de ferroníquel del país), Gases de Occidente, Gases del Caribe, Surtigas y Gases de La Guajira.
Junto a ellos, Canacol abastece la demanda de siete departamentos en la costa Caribe e incluso de algunos municipios de Norte de Santander. Una afectación al suministro implicaría que las empresas señaladas tendrían que acudir al recorte para evitar una crisis, al racionamiento de gas o al aumento de las importaciones, y con ello incrementar los precios del servicio.
Esto afectaría a millones de colombianos y no solo a los de los departamentos mencionados, pues parte de la industria productiva del país utiliza gas para sus procesos. Al tener que recurrir a alternativas más costosas para satisfacer la demanda interna, se presionarían al alza los precios de bienes como alimentos y hasta productos básicos.
“Para llevar esa producción que hoy existe a los hogares colombianos, a los comercios y a las industrias, se requiere un contrato de transporte y suministro; es decir, que terminar los contratos existentes no es una posibilidad”, explicó Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas.
La líder gremial también dijo que, de hecho, no tiene sentido que la empresa, estando en reorganización y requiriendo recursos, no aproveche la oportunidad de cubrir la demanda nacional.
“No tiene sentido no aprovechar esa producción para hoy cubrir las necesidades de la demanda en el territorio nacional. Así que deberíamos considerar, desde el punto de vista de Colombia, que suspender esos contratos no soluciona los problemas financieros de la compañía y, por el contrario, pondría en riesgo la prestación de un servicio esencial como es el gas natural”, dijo.
Por eso habló de caminos distintos que se podrían seguir. “Existen caminos distintos a la terminación de contratos. Hay mecanismos empresariales, acuerdos entre las partes e incluso interés de inversionistas que permitirían mantener la operación y proteger el abastecimiento de gas sin sacrificar la prestación del servicio y la confianza del sistema”, concluyó.
El margen de maniobra que tienen las autoridades colombianas para evitar la crisis
Ahora bien, no todo parece tan poco alentador en el panorama colombiano. El exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta explicó que, aunque el tribunal canadiense falle a favor de Canacol, las autoridades colombianas aún tienen margen de maniobra para proteger los derechos de los usuarios.
“El régimen de insolvencia transfronteriza consagrado en la ley 1116 de 2006 otorga a las autoridades colombianas, en este caso a la Superintendencia de Sociedades, la facultad explícita, a través de la excepción de orden público**, para negarse a ejecutar una decisión extranjera que atente contra los principios fundamentales del Estado colombiano**", explicó.
Y añadió: “En este caso, la Superintendencia puede frenar la terminación de los contratos vigentes de Canacol. Con eso se protege a los usuarios del servicio de gas, evitando un eventual desabastecimiento. Quedamos, entonces, en manos de la Superintendencia de Sociedades”.
Superservicios se metió en el tema y estableció vigilancia especial
De hecho, el Estado colombiano ya puso sus cartas sobre el asunto. Este 8 de mayo, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) informó que inició una vigilancia especial a las filiales de Canacol en Colombia, CNE Oil & Gas Colombia y CNE Oil & Gas, para verificar que cumplan sus actividades de producción y comercialización de gas.
"Esta actuación tiene como propósito verificar la suficiencia operativa y el cumplimiento de las obligaciones de estas empresas en el mercado mayorista", dijo Superservicios.
La entidad también informó que le hará seguimiento al cumplimiento de las condiciones que la empresa suscribió con compañías colombianas para garantizar el servicio: “El objetivo es asegurar que la ejecución de dichos contratos se ajuste al marco regulatorio vigente, verificando que no existan distorsiones en los precios y garantizando que el flujo de gas pactado llegue a los distribuidores sin contratiempos”.
Para ello, realizará visitas técnicas y pactará acciones con diversas entidades y empresas del sector, entre ellas el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), para intentar prevenir afectaciones futuras a los colombianos.
“La Superservicios reafirma su compromiso con el abastecimiento de gas natural y la protección de los derechos de los usuarios y hace un llamado propositivo a los agentes del sector para cumplir con los principios constitucionales y legales de la prestación de los servicios públicos, dando estricto cumplimiento a la normatividad vigente y a la realidad operativa de sus activos”, concluyó.
Por ahora, todo indica que el sector gasífero y el Gobierno defenderán a capa y espada el servicio para los colombianos. Sin embargo, la suerte de millones de usuarios depende de lo que decidan las autoridades canadienses y de cómo evolucione el proceso de reorganización en los próximos días. De ese desenlace se sabrá si el gas seguirá llegando con normalidad a las estufas de los hogares y a la industria, o si, por el contrario, el país tendrá que enfrentar un escenario de desabastecimiento y un aumento en los precios del servicio.
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