Elecciones en zonas de conflicto: así enfrenta Colombia las amenazas contra la democracia

A casi tres semanas de las elecciones presidenciales en Colombia, cada vez más ojos se fijan en las condiciones de seguridad y garantías en las regiones para hacer posible que el proceso electoral se cumpla con libertad. En el foro Así se garantiza la transparencia del sistema electoral colombiano, organizado por CAMBIO y la Contraloría General de la República, expertos analizaron el panorama actual y los desafíos que persisten.

Aunque la institucionalidad colombiana mantiene esfuerzos para que la democracia llegue a cada ciudadano, lo cierto es que en algunas zonas del país el “impacto de la gobernanza armada ilegal”, como lo denominó Linda Cabrera Cifuentes, directora nacional de atención y trámite de quejas de la Defensoría del Pueblo, genera alarmas sobre la situación de seguridad de los territorios y de quienes participan en las campañas políticas.

La funcionaria de la Defensoría destacó así el mapeo de riesgos electorales en Colombia: “La región más preocupante es la suroccidental, que comprende a Cauca, Valle y Nariño; esta zona tiene los mayores niveles de llamados a la acción inmediatos por parte del Estado; también tenemos preocupaciones con el Catatumbo, por los combates entre el ELN y las disidencias; también hay alertas en Antioquia, Chocó y Córdoba por los vetos de las AGC y en Arauca y Guaviare, nos preocupan las amenazas a líderes comunales”.

Sobre las condiciones de violencia y posible coerción en esos territorios críticos, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, remarcó que el tipo de control de los grupos armados se ha modificado en los últimos años, por lo que ya no son tan comunes las presiones para que los ciudadanos voten por cierto candidato, sino que cada vez es más común un control económico en el que se cobra un “permiso” para poder colgar vallas o hacer reuniones políticas, por ejemplo.

En los casos en que los grupos armados ilegales deciden apoyar a un candidato, ya sea con una publicidad, un comunicado o amenazas directas a los ciudadanos —como ya ha ocurrido en departamentos como Cauca y Antioquia—, Cabrera Cifuentes y Barrios recomiendan que es importante que los aspirantes presidenciales se pronuncien enfática y públicamente en contra de cualquier presión armada a favor de su candidatura.

Se nota un “compromiso de las instituciones y la sociedad civil”

Barrios destacó en el foro que, a pesar de la presencia de los grupos armados y bandas criminales, Colombia ha sabido hacer elecciones nacionales y locales en contextos de violencia como ningún otro país en el mundo desde hace más de 60 años, y añadió que la MOE no tiene vedado ningún territorio para hacer observación electoral. “Entonces, no hay ningún territorio donde no se pueda instalar un puesto de votación”.

Por la misma línea, desde la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, destacaron la robustez de los procesos electorales en Colombia, que se han podido llevar a cabo, -salvo algunas pocas excepciones- en la mayoría de municipios de Colombia, incluso los más golpeados por la violencia. “El país se enfrenta a problemas de control en el territorio (…) pero a pesar de eso, sigue organizando elecciones en todas las veredas, en algunas de ellas con condicionamientos, claro, pero ese esfuerzo y determinación de la democracia colombiana de llevar urnas a cualquier parte del territorio a pesar de las circunstancias difíciles, habla de hasta qué punto está interiorizada en la identidad nacional la idea de la democracia”.

“En varios países del mundo se hubiera tirado la toalla y se hubiera dicho: 'No nos podemos permitir las elecciones'. Aquí, en cambio, hay un compromiso de las instituciones y la sociedad civil”: resaltó José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la misión de la UE en Colombia.