El país del ‘voto fusil’ y el país real: así se votó en las regiones más golpeadas por la guerra
Crédito: Yamith Mariño - CAMBIO
Mientras en las grandes ciudades se expandía la idea de que los grupos armados inclinarían las urnas a favor de Iván Cepeda, en los territorios más golpeados por la violencia miles de personas navegaron ríos, atravesaron trochas, caminaron durante horas y cruzaron retenes ilegales para ejercer su derecho al voto. CAMBIO contrastó la narrativa del ‘voto fusil’ con datos y testimonios recogidos en las regiones.
Por: Jonathan Beltrán
Para Eduin Capaz, votar en la segunda vuelta presidencial no tuvo nada que ver con la comodidad de doblar la esquina y entrar a un cubículo. Como líder de la comunidad Nasa en el Cauca, su jornada de ese domingo comenzó de madrugada, sorteando el miedo latente de un territorio sitiado semanas atrás por las disidencias de las FARC. Con el fantasma de los ataques ilegales aún presente, se calzó las botas para cruzar las trochas que lo separaban de su puesto de votación en Toribío. "No iba a cumplir una orden, sino a ejercer una decisión que —dice— respondía a la convicción política que ha construido durante años".
En su trayecto hacia la mesa de votación, Eduin vio la radiografía de una periferia que convierte su sufragio en un acto de resistencia. Vecinos que caminaban horas entre las montañas, adultos mayores a caballo y familias enteras que hacían 'vaca' para tanquear la moto o subirse a una chiva comunitaria. En zonas aún más apartadas, como López de Micay, el viaje implicaba navegar ríos durante horas en lanchas artesanales bajo la amenaza de grupos armados que han asesinado a decenas de líderes sociales por su activismo en el territorio.
A más de 1.000 kilómetros de allí, Juan Carlos Sierra caminaba bajo el sol del mediodía en medio del temor por la presión armada del ELN y las disidencias de las FARC. En municipios como El Tarra —asegura— nadie necesitó recibir una orden para recordar quiénes controlan buena parte del territorio. Aun así, campesinos de veredas apartadas recorrieron durante horas el camino hacia las urnas convencidos de que, por un día, su decisión debía pesar más que el temor.
En Quibdó (Chocó), Mario Córdoba vivió otra cara de la misma historia. Tras al menos 12 paros armados en los últimos tres años, en el departamento la incertidumbre sobre si será posible desplazarse hace parte de la rutina. El líder estudiantil recuerda que el domingo de la elección muchos votantes salieron de sus casas con la esperanza de que ese día los ríos estuvieran abiertos y las carreteras transitables. “Por eso, llegar a las urnas era comprobar que, al menos por unas horas, la guerra había dado margen para el derecho al voto”, explica.
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Al final de la jornada, Eduin, Juan Carlos y Mario compartieron la misma mezcla de indignación y rabia tras su retorno a casa. En los días siguientes vieron cómo el esfuerzo de sus comunidades para llegar a las urnas y depositar su voto de confianza a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda quedó reducido a una narrativa que atribuía exclusivamente los resultados de la elección en sus territorios a la influencia de organizaciones criminales.
¿Qué muestran los resultados de las elecciones en los territorios más afectados por la violencia?
Cuando el preconteo confirmó la victoria de De la Espriella, el debate se trasladó a la interpretación de la jornada. En redes sociales, escenarios políticos y espacios de opinión, la votación del abogado en regiones como Catatumbo y los del candidato del Pacto Histórico en departamentos como Cauca comenzaron a leerse bajo la premisa de que los resultados estaban directamente condicionados por la presencia de actores armados.
El Catatumbo llegó a las urnas con las heridas todavía abiertas. Meses antes de la elección, la confrontación entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC había provocado el desplazamiento de más de 60.000 personas y convertido a la región en uno de los principales focos de la crisis humanitaria del país. Por eso, cuando comenzaron a conocerse los resultados, fue uno de los primeros territorios sobre los que recayeron las sospechas de un supuesto ‘voto fusil’.
Los resultados, sin embargo, contaron una historia más compleja. El líder del movimiento Defensores de la Patria ganó en seis de los once municipios del Catatumbo, mientras que el senador de izquierda se impuso en Convención, El Tarra, Hacarí, San Calixto y Teorama. En el consolidado de la subregión, el abogado obtuvo más de 92.000 votos, cerca de 26 por ciento más que el candidato del Pacto Histórico, cuya campaña fue señalada en distintos escenarios de contar con el respaldo de grupos armados con presencia en esa zona.
“Si uno se queda con esa teoría, entonces tendría que concluir que los grupos armados terminaron haciendo campaña por De la Espriella, porque fue él quien ganó en la mayor parte del Catatumbo. Ahí la explicación deja de sostenerse. Lo que muestran esos resultados es que no existe una relación automática entre la presencia de un grupo armado y el sentido del voto de las comunidades”, sostiene Lina Mejía, coordinadora de Derechos Humanos de la organización Vivamos Humanos.
El panorama fue distinto en el Cauca. Allí Cepeda ganó en los 42 municipios del departamento y consiguió una ventaja de más de 408.000 votos frente a su rival en la contienda. Sus mejores resultados se concentraron en municipios del Pacífico. En Timbiquí obtuvo su mejor resultado, con el 97,3 por ciento de los votos; el más bajo en Timbío, donde logró uno de cada tres sufragios consignados en las urnas.
En Chocó, el candidato de la izquierda ganó en 30 de los 31 municipios del departamento; el de derecha solo se impuso en El Carmen de Atrato, por un margen cercano a los 700 votos. En el consolidado departamental, el candidato del Pacto Histórico prácticamente repitió el porcentaje alcanzado por Gustavo Petro en 2022, mientras que el ahora presidente electo obtuvo cerca de 7.600 votos más que Rodolfo Hernández hace cuatro años.
¿Hasta dónde llega la influencia de los grupos armados en las urnas?
Para los expertos que miden el pulso de la democracia, los datos sepultan cualquier mito de un control electoral absoluto. Frey Muñoz, subdirector de la Misión de Observación Electoral (MOE), explica que, aunque los mapas de riesgo alertaban sobre carnetizaciones y confinamientos, los resultados demostraron que los violentos no tienen la última palabra. “De La Espriella (en 145 municipios) y Cepeda (en 129 municipios) acumularon más del 70 por ciento de los votos en territorios donde operan actores criminales”, detalla.
Sin embargo, que el resultado final no haya sido alterado no significa que la contienda fuera pacífica. Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), advierte de que el principal impacto de los grupos armados no se reflejó en una supuesta orientación del voto, sino en un contexto de violencia política que condicionó la democracia mucho antes de que los ciudadanos llegaran a las urnas.
“Se registró uno de los índices más altos de violencia político-electoral en la última década. Se presentaron asesinatos de alcaldes, concejales, periodistas y denunciantes de corrupción”, indicó la investigadora. En su lectura, Bonilla descarta que ese contexto explique el aumento de la votación de Cepeda por una supuesta coacción armada y sostiene que el crecimiento de la participación respondió a la alta polarización y a la movilización de electores impulsados por el rechazo a las figuras de izquierda y derecha.
Un estudio del Centro de Estudios sobre Seguridad de la Universidad de los Andes encontró que De la Espriella obtuvo mejores resultados en municipios con fuerte presencia del Clan del Golfo y el Estado Mayor de Bloques y Frentes, mientras que Cepeda registró sus mayores apoyos en zonas donde tienen influencia el ELN y las disidencias de las FARC. Pero los investigadores insisten en que esa correlación no constituye evidencia de que los grupos armados hayan orientado el voto de las comunidades en esos territorios.
En diálogo con CAMBIO, Leonardo González, director de Indepaz, explicó que el instituto documentó riesgos de constreñimiento al elector y restricciones a la movilidad, pero advirtió que es un error simplificar el comportamiento de poblaciones enteras a partir de la presencia de grupos ilegales. “Los comportamientos electorales son complejos y están determinados por múltiples factores”, reitera.
El voto en medio de la guerra: ¿qué pesa realmente en la decisión de los electores?
En diálogo con CAMBIO, Michael Weintraub, director del Centro de Estudios sobre Seguridad de la Universidad de los Andes, explica que las correlaciones que alimentaron la narrativa del "voto fusil" existen, pero son insuficientes para demostrar una injerencia armada. A primera vista, los municipios con mayor riesgo electoral registran más mesas con votaciones casi unánimes y un mejor desempeño de la izquierda, pero esa coincidencia no prueba una relación causal.
Para el investigador, el problema está en comparar territorios profundamente distintos. Los municipios con mayor riesgo electoral también concentran mayores niveles de pobreza, ruralidad, aislamiento, población indígena y afrodescendiente y una historia de violencia prolongada. "Comparar esos municipios con el resto del país, sin ajustar esas diferencias, es comparar peras con manzanas", sintetiza.
Los datos cuestionan la idea de una movilización masiva del electorado producto de una supuesta coacción armada. En municipios de Arauca como Arauquita, Saravena y Tame, donde la Defensoría del Pueblo había emitido alertas de riesgo inmediato, la diferencia entre Cepeda y De la Espriella fue reducida. Tampoco se registró un aumento extraordinario de la participación entre la primera y la segunda vuelta.
Esa lectura coincide con la de Laura Bonilla, subdirectora de la Pares, quien sostiene que la organización no encontró evidencia que respalde la tesis de un aumento masivo de votos para Cepeda producto de una supuesta coacción armada. En cambio, atribuye el incremento de la participación a factores como los esfuerzos logísticos para facilitar el transporte de votantes en zonas apartadas y el temor al triunfo del candidato rival.
Esa explicación encuentra eco en los territorios. Líderes sociales e indígenas consultados por CAMBIO coinciden en que, entre la primera y la segunda vuelta, las comunidades reforzaron su capacidad para llevar a los votantes hasta las urnas. Organizaron ¿vacas¿, cocinaron para quienes recorrerían largas distancias, reunieron recursos para contratar chivas y lanchas e incluso vendieron gallinas para financiar los desplazamientos.
Estigmatización y riesgos de violencia: el costo de reducir el voto a la presencia de grupos armados
Lejos de ser un simple debate de analistas desde las grandes urbes, la etiqueta del ‘voto fusil’ tiene consecuencias tangibles. Como advierte Frey Muñoz, subdirector de la MOE, este concepto sustenta discursos y esquemas de violencia a futuro que perpetúan condiciones de estigmatización. "Cuando desde Bogotá se afirma a la ligera que una región votó bajo la amenaza de un arma, se invalida el esfuerzo ciudadano y se pone en riesgo a comunidades enteras”, sostiene.
Para Eduin Capaz, ver su voto reducido a una orden criminal se siente como un insulto a una resistencia que en las montañas del Cauca se paga con sangre. Su comunidad sostiene una pelea frontal y cotidiana contra los mismos grupos armados que desde Bogotá los acusan de obedecer; una disputa territorial que ya les ha costado la vida de 53 guardias indígenas, 16 autoridades tradicionales y 19 sabedores ancestrales.
Desde el Catatumbo, Juan Carlos Sierra alerta que los análisis realizados desde las ciudades “ponen en una misma bolsa a las víctimas y a sus verdugos”. En un territorio donde la población convive a diario con las presiones armadas del ELN y las disidencias, advierte que ese tipo de señalamientos adquiere un nuevo peso ante el discurso de mano dura del presidente electo y su ultimátum de un mes para desmovilizarse, “si no quieren conocer lo duro que muerde el tigre".
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