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En agosto del año pasado se emitió el decreto que prohíbe las exportaciones de carbón colombiano a Israel.
Empresas

Carboneros se enfrentan a Petro: ¿qué hay detrás de las acusaciones del presidente?

Gustavo Petro se mantiene firme en prohibir las exportaciones de carbón a Israel y acusa a las empresas no solo de infringir la ley, sino de crímenes de lesa humanidad. El sector ha rechazado los calificativos del presidente y defienden su actuación. ¿Qué está pasando entre el presidente y estas compañías?

Por: Laura Lucía Becerra Elejalde

En medio del calor de Santa Marta y tras el tradicional desfile con el que se conmemoró el 20 de julio, el presidente Gustavo Petro insistió en que Colombia no seguirá exportando carbón a Israel. “Desde aquí, desde el centro del mundo, le pido a las empresas que exportan carbón, que ya no van a exportar mucho carbón, porque eso mata a la humanidad (sic)”, dijo el mandatario.

En su discurso, el presidente acusó a la estadounidense Drummond y a la empresa Suiza Glencore de desobedecerlo y seguir enviando carbón a Israel, a pesar de la prohibición que impuso el mandatario hace un año. Este 20 de julio, el presidente también dijo que los envíos del mineral a ese país están prohibidos por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y que usará “el instrumento” que permite invocar los tratados cuando el contratante “es causante de crímenes de lesa humanidad”.

El presidente lleva varios días acusando al sector y defendiendo su posición. El martes pasado, durante la celebración del consejo de ministros, arremetió también contra las firmas mineras: “Los únicos que ganan son los carboneros, y no son colombianos. Con Glencore y Drummond. Quiero que se procese a Drummond en Colombia por asesinato, crímenes de lesa humanidad y asociado con el paramilitarismo. Mataron a un poco de trabajadores del carbón”, dijo.

El presidente aseguró que fue víctima de una trampa de las empresas. “Me hicieron una trampa, pero no la hicieron ellos, la hicieron los ministros de este Gobierno en Cancillería y otras partes”, dijo.

Una orden que no se acató

"Me traicionaron en este palacio. (...) dije que no iba una sola tonelada más de carbón para matar bebés palestinos, y aquí, en esta casa, bajo mi gobierno, tomaron esa frase y la volvieron inocua en un decreto”. El presidente Petro mostró su enfado hace unos días cuando, en medio de su participación en la cumbre ministerial del Grupo de La Haya en Bogotá en apoyo a Gaza celebrada en Bogotá, aseguró que en la Cancillería se saltaron el decreto que emitió el Gobierno el año pasado y, por el contrario, se emitió otro para que esto no se hiciera realidad.

En junio del año pasado, el mandatario ordenó prohibir la exportación de carbón a Israel como medida de rechazo a los ataques de ese país en Gaza. Para ello, el Gobierno emitió el decreto 1047 del 14 de agosto de 2024, y la prohibición entró en vigencia el 20 de agosto del año pasado.

A finales de la semana pasada, Drummond respondió y aseguró que las exportaciones que se han mantenido durante este último año hacia Israel se hicieron con aval del Gobierno.

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Las empresas del sector argumentaron que exportaron dentro de las posibilidades que permite el propio decreto. *Crédito imagen: Colprensa.*

“Las exportaciones de carbón a Israel se han venido realizando de conformidad con la autorización otorgada por el Gobierno nacional. Drummond presentó la documentación requerida ante un comité conformado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Agencia Nacional de Minería y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), tal como lo exige el artículo 3 del decreto 1047 de 2024 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo”, dijo la empresa en una comunicación pública.

La empresa también aclaró que solicitó al Mincomercio “el reconocimiento de una situación jurídica consolidada o expectativa legítima para la exportación de carbón a Israel”. Tras el estudio de dicha solicitud en el marco del decreto, las entidades expidieron una autorización. Este es el trámite del que ha venido quejándose el presidente.

Drummond también se refirió a las acusaciones relacionadas con la muerte de trabajadores sindicalistas a manos de grupos paramilitares en el 2001. “Nuevamente, Drummond niega categóricamente tener o haber tenido relación con ningún grupo al margen de la ley. Sobre este tema hay varias sentencias en Estados Unidos que así lo confirman”, dijo la empresa.

La minera comentó que en decisiones recientes en una Corte Federal de Estados Unidos se evidenció el pago a testigos falsos en Colombia, incluyendo varios paramilitares y sus familiares. Esto, según la empresa, “sirvió de base para llevar a juicio a los responsables de estos pagos”, y reiteró que esas pruebas se entregaron desde hace varios años a las autoridades judiciales colombianas.

Durante el mismo encuentro internacional en el que Petro dijo que fue traicionado por la Cancillería, la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, instó a los países a romper relaciones diplomáticas, comerciales y militares con Israel.

Su declaración llamó también la atención de la comunidad internacional, pues recientemente también presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, bajo el nombre 'De la economía de la ocupación a la economía del genocidio'. En el reporte denuncia a las empresas que han aportado a la economía israelí, y por ende al aparato militar, y las acusa de beneficiarse directamente del genocidio palestino. Entre las empresas figuran, justamente, las dos mineras.

Durante la instalación del Congreso de la República este 20 de julio, el presidente dijo que condecorará a Albanese.

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El presidente dice que la prohibición de exportar carbón a Israel se mantendrá. *Crédito imagen: Colprensa.*

El malestar se extiende en el sector

Este lunes 21 de julio, Cerrejón levantó la voz y se defendió de las acusaciones del Gobierno. “En Cerrejón cumplimos la legislación colombiana, incluyendo el decreto que regula las exportaciones a Israel. Nuestro último envío de carbón a Israel desde Colombia se realizó el 3 de agosto de 2024, antes de la publicación del decreto”, aseguró Claudia Bejarano, presidenta de la compañía minera.

La empresa también rechazó las acusaciones contenidas en el informe de relatoría de la ONU sobre Palestina, y las calificó de “infundadas” y sin sustento legal.

Esta posición se suma a la de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), que también rechazó las recientes declaraciones realizadas por el presidente Petro. Su presidente, Juan Camilo Nariño, cuestionó que se acuse a las empresas mineras de estar vinculadas con asesinatos de sindicalistas y con el uso del carbón colombiano en la fabricación de armas por parte de Israel. “Estas declaraciones son irresponsables y carecen de fundamento”, dijo Nariño, quien recalcó que el mismo decreto del Gobierno permite seguir exportando cuando existen contratos vigentes.

El dirigente gremial defendió que el carbón colombiano se exporta para generar energía eléctrica, fuente vital para hogares, hospitales e infraestructura, y aseguró que parte de esa energía incluso llega a Gaza.

“Atribuir, como lo hace Gustavo Petro, a empresas legales y formales vínculos con asesinatos de sindicalistas es una afirmación falsa, temeraria y sin respaldo en ninguna decisión judicial. Esa estigmatización injusta pone en riesgo la integridad de personas y comunidades que viven de la minería”, dijo.

Además, la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón) también elevó su preocupación por el mensaje que manda esto sobre los compromisos internacionales de Colombia. “No solo hay contratos firmados y situaciones jurídicas consolidadas. Hay un tratado de libre comercio suscrito entre Colombia e Israel desde 2020 que garantiza una serie de salvaguardas para este tipo de contratos, y por eso se ha podido seguir exportando con unos volúmenes que se han venido reduciendo”, dijo Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón.

Según Cante, la decisión de no exportar carbón a Israel tiene implicaciones económicas en las que “el único que pierde es Colombia”, porque mientras el país deja de venderle carbón, otras naciones como Australia o Indonesia están aprovechando ese espacio. Entre tanto, Colombia pierde esas ganancias y divisas resultado de ese comercio, y se ven afectados los empleos.

“También hay una implicación de carácter reputacional en el tema de comercio. Cuando una autoridad administrativa pretende influir de manera directa en los contratos comerciales se pierde la confianza como suministrador por parte de los compradores, y no solo en carbones, sino que todos los productos que exportamos a nivel global empiezan a tener dudas reputacionales”, dijo el presidente de Fenalcarbón.

Actualmente, el Consejo de Estado está estudiando una serie de demandas interpuestas contra este decreto, las cuales fueron radicadas desde finales del año pasado. Entre tanto, se mantiene la tensión entre el presidente y el sector.

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