Accionistas de la Electrificadora del Meta frenan reforma promovida por el Gobierno Petro tras advertencias de politización

La tensión en la Electrificadora del Meta (EMSA) llegó a un punto crítico esta semana, cuando la gobernadora Rafaela Cortés advirtió que una reforma interna planteada por el Gobierno nacional podría alterar el equilibrio de la junta directiva y politizar la gestión de la empresa. Tras la alerta, los accionistas se reunieron en asamblea y decidieron frenar los cambios propuestos.

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La reforma buscaba modificar los estatutos de la compañía para cambiar los mecanismos de selección de la gerencia y de los miembros de la junta directiva. Según la gobernadora Cortés, entre los principales ajustes estaba eliminar el proceso de selección mediante firmas especializadas y concentrar un mayor control de accionistas mayoritarios sobre la designación.

El presidente Gustavo Petro ha planteado cambios en la administración de EMSA como parte de una estrategia más amplia para impulsar la transición energética en la región. Durante un evento público en Villavicencio en octubre de 2023, el primer mandatario indicó que su Gobierno busca que las empresas eléctricas del Meta participen en la generación local de energía, incorporen fuentes renovables y garanticen una administración independiente.

El jefe de Estado ha reiterado que las reformas buscan atender desafíos estructurales en la prestación del servicio en la región mediante un fortalecimiento de su gerencia y de su capacidad operativa. Sin embargo, accionistas minoritarios presentaron una carta pública en la que expresaron su preocupación por posibles riesgos de concentración de poder y politización en la junta directiva.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, cuestionó en diálogo con CAMBIO que los cambios se realizaran a cinco meses del final del Gobierno nacional y advirtió que podrían afectar la gobernanza de la empresa. “Hacer estos ajustes en este momento puede poner en riesgo la independencia técnica de EMSA y afectar el servicio para los usuarios del Meta”, detalló.

Las razones por las que los accionistas rechazaron la reforma de la Electrificadora del Meta

Los accionistas minoritarios de EMSA presentaron una carta pública el pasado 25 de marzo en la que advirtieron que los cambios a los estatutos de la empresa podrían comprometer la estabilidad, transparencia y gobernanza de un activo estratégico para la región. En su alerta, reiteraron que la compañía es clave para la economía del Meta y un pilar fundamental para la prestación del servicio de energía en el departamento.

Los miembros de la junta directiva también sostuvieron que una de sus principales preocupaciones correspondía a modificar el proceso de selección de directivos, históricamente realizado mediante firmas especializadas. En ese sentido, subrayaron que ese modelo protegía la independencia, el mérito y la confianza institucional.

El Grupo Energía Bogotá (GEB), como accionista minoritario, se sumó a las críticas y solicitó a la Procuraduría ejercer vigilancia preventiva sobre el proceso de reforma estatutaria. Según la entidad, los cambios promovidos por el Ministerio de Hacienda podrían constituir un abuso de la posición mayoritaria del accionista estatal, concentrando decisiones estratégicas y debilitando los contrapesos institucionales.

Ante los cuestionamientos presentados por diferentes actores del sistema, los accionistas que participaron en la asamblea general de EMSA rechazaron la reforma estatutaria y anunciaron que se priorizará el trabajo coordinado entre el Gobierno nacional y la junta directiva. Además, indicaron que cualquier iniciativa futura deberá garantizar el respeto a los derechos de los accionistas minoritarios y el fortalecimiento de los mecanismos de gobernanza.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, detalló que en la asamblea también se rechazó la posibilidad de distribuir las utilidades de la compañía y se definió una nueva estrategia para reinvertir esos recursos en proyectos de distribución de energía. Asimismo, los accionistas solicitaron al Gobierno nacional ponerse al día con los giros de subsidios otorgados a usuarios de estratos 1, 2 y 3.

Manuel Cuatrecasas, abogado especialista en asuntos de energía, explicó a CAMBIO que los cambios propuestos habrían debilitado los mecanismos de control que protegen a los accionistas minoritarios. “Concentrar las decisiones en manos del accionista mayoritario podría erosionar la independencia de la junta y generar riesgos futuros para la estabilidad operativa”, indicó.