Venezuela: la consolidación de la dictadura de Maduro
Este 10 de enero, Nicolás Maduro está decidido a prestar juramento para un nuevo periodo presidencial, a pesar de las evidencias de su derrota electoral. Esto abrirá una nueva etapa política en Venezuela en la que se prevé la agudización de la represión, el incremento de las sanciones económicas internacionales y un paquete de reformas por parte del régimen para afianzar la autocracia hegemónica instaurada por el chavismo. Analistas consultados por CAMBIO hablan de los escenarios que enfrenta ese país.
Por: Rafael Croda
En el momento en que Nicolás Maduro tome posesión para un tercer mandato como presidente de Venezuela, este viernes 10 de enero, la vía electoral como mecanismo para que los ciudadanos designen a sus gobernantes habrá quedado sepultada en ese país. Al menos, mientras la facción más dura del chavismo se mantenga en el poder.
En ese sentido, lo que el mundo presenciará este viernes, cuando Maduro juramente como presidente ante la Asamblea Nacional, en la que el chavismo tiene una mayoría casi absoluta, será “la consolidación, de facto, de un autoritarismo hegemónico en el que lo electoral habrá perdido todo valor como instrumento de cambio político y en el que un solo hombre controla todos los poderes del Estado”.
Así lo plantea el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en Caracas, Benigno Alarcón, quien dice a CAMBIO que eso, en ciencia política, “se llama dictadura”.
Dicho esto, lo que viene para Maduro no será fácil. Aunque este exsindicalista de 62 años ha demostrado que su principal habilidad política es su capacidad para mantenerse en el poder, la consolidación de su régimen de facto requerirá, en esta nueva circunstancia, más destreza que nunca.
Esto porque, según estudios de opinión, dos terceras partes de los venezolanos están convencidos de que el candidato opositor Edmundo González Urrutia ganó las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio y que ello obliga a que la voluntad popular sea respetada. Lo cual ha impedido, hasta ahora, que el Gobierno logre el propósito de 'pasar la página' de esos comicios.
También, porque el próximo 20 de enero asumirá como presidente de Estados Unidos un Donald Trump recargado. Hace seis años, en su primer mandato, el empresario de extrema derecha falló en su propósito de deponer a Maduro, y en esta ocasión tendrá como secretario de Estado al republicano de la Florida, Marco Rubio, un partidario de la línea dura contra el régimen de Caracas.
Además, por primera vez existen pruebas de que el gobierno de Maduro y las instituciones bajo su control cometieron un fraude electoral en unos comicios presidenciales.
La oposición cuenta con actas originales, certificadas digitalmente con códigos QR, de lo ocurrido en las mesas de votación el pasado 28 de julio. Según esos documentos, que son de acceso público en internet, el candidato opositor Edmundo González Urrutia ganó la elección presidencial con el 67 por ciento de los votos, mientras que Maduro obtuvo el 31 por ciento.
El Centro Carter, único organismo independiente al que el régimen permitió observar las elecciones junto con una delegación de la ONU, presentó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) esas actas en octubre pasado y avaló el triunfo de González Urrutia con el mismo porcentaje de votos.
“Estamos ante el mayor fraude electoral del siglo XXI en América Latina”, señala la presidenta de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), Carolina Jiménez, una doctora en estudios internacionales nacida en Venezuela que también tiene la nacionalidad mexicana.
Creciente conflictividad
Para Jiménez, el hecho de que existan “pruebas irrefutables” del triunfo electoral de González Urrutia, marca una diferencia sustantiva con respecto a la crisis poselectoral de hace seis años, cuando el entonces líder de la Asamblea Nacional, el opositor Juan Guaidó, se autoproclamó “presidente encargado” de Venezuela. A pesar de que Guaidó tenía el respaldo de Estados Unidos (entonces gobernado por Trump), la Unión Europea y buena parte de Latinoamérica, eso no bastó para impedir que Maduro siguiera gobernando.
“Pero hoy estamos 7en otro momento político –plantea la presidenta de WOLA– porque Guaidó era presidente de la Asamblea Nacional y Edmundo González fue elegido presidente de Venezuela por el voto popular y por una gran mayoría de venezolanos”.
Esto, porque el jefe del chavismo intentará normalizar el fraude y porque, al mismo tiempo, la oposición hará todo lo posible para destrabar el escenario de la trampa y presionar al Gobierno para que reconozca los resultados de las elecciones del 28 de julio pasado. Nadie espera, desde luego, que esto último suceda.
En un escenario definido por esa contradicción, lo que los analistas anticipan es una atmósfera de conflictividad en la que la represión del régimen crecerá, al igual que la presión internacional contra Maduro.
En las horas posteriores a los comicios del 28 de julio, en los que el chavista Consejo Nacional Electoral (CNE) dio como ganador a Maduro, con el 51 por ciento de los votos, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 915 protestas en rechazo a ese resultado y para demandar el reconocimiento del triunfo de González Urrutia.
La respuesta del Gobierno fue la represión. El mismo Maduro anunció la detención de dos mil manifestantes, la mayoría jóvenes, decenas de ellos menores de edad. La batida de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, la Policía y los 'colectivos' chavistas (fuerzas parapoliciales) incluyó el arresto de dirigentes opositores, líderes sociales, periodistas, militares, fiscales y jueces que se negaron a acatar órdenes para actuar contra los manifestantes.
La Misión de Naciones Unidas de Determinación de los Hechos para Venezuela reportó que la represión del régimen causó 25 muertos y centenares de heridos “por el simple hecho de haber expresado una opinión” política en las protestas.
El Foro Penal Venezolano reportó que, al 23 de diciembre pasado, el gobierno de Maduro, que controla la Fiscalía, el Poder Judicial y la Asamblea Nacional, tenía encarcelados a 1.849 presos políticos, de los cuales 28 están desaparecidos.
Para que no quedara duda de que el Gobierno sería intolerante ante cualquier expresión ciudadana que pusiera en duda el al supuesto 'triunfo' electoral de Maduro, un mes después de los comicios el presidente puso como ministro del Interior a Diosdado Cabello, número dos del régimen y cabeza visible de la línea dura del chavismo. El exmilitar tiene a su cargo la seguridad pública, la policía y la coordinación del aparato represivo.
En estos momentos, Cabello, como ministro del Interior, es 'más poderoso' que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, señala el politólogo venezolano y profesor del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes, Víctor Manuel Mijares.
A su turno, el politólogo John Magdaleno sostiene que la juramentación de Maduro, este 10 de enero, desatará nuevas protestas que anticipan una “escalada del conflicto interno”, una creciente represión, violaciones cada vez más graves de los derechos humanos y mayores restricciones a las libertades civiles y políticas.
Esta conflictividad, señala el maestro en Ciencia Política Universidad Central de Venezuela (UCV), generará una mayor presión interna para el gobierno de Maduro y hará que la comunidad internacional eleve la voz para denunciar las masivas violaciones a los derechos humanos en ese país.
“Luego de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los casos de democratización en el mundo, tras la caída de regímenes autoritarios, se han producido por una combinación de presión interna y externa”, dice Magdaleno.
El incentivo de la traición
Edmundo González Urrutia, quien ha sido reconocido por varios países como presidente electo de Venezuela, ha dicho desde su exilio en España que este 10 de enero ingresará a su país para asumir el cargo. Y la líder opositora María Corina Machado, quien se encuentra en la clandestinidad, ha secundado esa afirmación que, hoy, luce muy remota.
Una fuente diplomática en Bogotá señala a CAMBIO que lo que sí puede ocurrir el 10 de enero es que González Urrutia y Machado protagonicen un “acto simbólico, no necesariamente en Caracas”, tendiente a opacar la puesta en escena que tiene preparada Maduro para ese día.
Para el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB, Benigno Alarcón, la etapa que se inaugurará en esa fecha estará marcada por una combinación de acciones internas y externas “que tratarán, justamente, de desplazar al Gobierno, complicarle la gobernabilidad y hacer que el Maduro salga”.
Y la postura de Maduro, señala el abogado de la UCAB y maestro en políticas públicas de la Universidad de Maryland, será la misma de siempre: gobernar “por las buenas o por las malas”.
“El problema es que eso no depende exclusivamente de lo que el Gobierno esté dispuesto a hacer, sino que también de lo que el aparato represivo (la Fuerza Armada, la Guardia Nacional y la Policía) esté dispuesto a practicar, porque, en algún momento, el aparato represivo puede dejar de acompañar al régimen”, sostiene el maestro en seguridad y defensa.
Y pone como ejemplo el caso de las fuerzas de seguridad sirias, que de pronto dejaron de acompañar al régimen de Bashar al-Assad y éste cayó en cuestión de días frente a los grupos rebeldes. El pasado 8 de diciembre, el depuesto dictador tuvo que huir a Moscú en un avión ruso.
Maduro toma tan en serio la posibilidad de que surjan intentonas golpistas en su contra, que, con asesoría cubana e iraní, ha construido un cordón de seguridad apuntalado en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y, principalmente, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), que se encarga de espiar a propios militares, a los funcionarios chavistas y los principales dirigentes opositores.
La DGCIM está a cargo del general Javier Marcano Tábata, comandante general de la Guardia de Honor Presidencial y hombre de toda la confianza de Maduro y de su esposa Cilia Flores. Un dato que ilustra sobre el grado de paranoia del gobernante chavista es que, según datos del Foro Penal Venezolano, entre los presos políticos del país figuran 162 militares.
El profesor Víctor Manuel Mijares, quien es doctor en ciencia política por la Universidad de Hamburgo, señala que los militares venezolanos “están bajo un enorme control a través de los cuerpos de inteligencia y contrainteligencia”.
Pero, como afirma el sociólogo de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Ignacio Ávalos, en un régimen en el que las lealtades están construidas con base en el acceso de la cúpula cívico-militar a las rentas ilegales derivadas de la corrupción, el narcotráfico, el contrabando y el mercado negro de minerales, el mejor recurso para incentivar la traición es el dinero.
No es gratuito que el senador influyente republicano Rick Scott haya anunciado una iniciativa de ley denominada 'Stop Maduro', mediante la cual elevará la recompensa que ofrece el gobierno de Estados Unidos por ayudar a capturar al jefe del chavismo de los actuales 15 millones de dólares a 100 millones de dólares.
Según Scott, Trump “va a trabajar para deshacerse de Maduro”.
El factor Rubio
El profesor Mijares considera que Donald Trump, quien asumirá como presidente de Estados Unidos 10 días después de la juramentación de Maduro, no cree que el futuro inquilino de la Casa Blanca se ocupe mucho de Venezuela.
“Él va a estar más enfocado en los grandes temas geopolíticos mundiales (el ascenso de China, el poderío militar ruso, el comercio, la migración, el papel de Europa en el financiamiento de la OTAN) y no le concede mucho peso a América Latina”, señala.
Mijares indica, sin embargo, que al mismo tiempo se advierten contradicciones en el entrante gobierno de Trump porque el encargado de implementar su agenda global será uno de los “halcones neoconservadores” que rodean al futuro presidente: el legislador cubanoamericano Marco Rubio, designado como secretario de Estado.
Rubio, asegura el profesor de la Universidad de los Andes, ha hecho una carrera política exitosa desde la Florida con un discurso anticastrista y, en los últimos años, también antichavista.
El 31 de julio pasado, tres días después de las elecciones presidenciales en Venezuela, Rubio instó a los militares venezolanos a no reprimir al pueblo y a dar la espalda a Maduro, a quien acusó de “robar” las elecciones.
El sociólogo Ignacio Ávalos anticipa que, con Trump en la Casa Blanca y Rubio en el Departamento de Estado, Washington, al menos, reforzará las sanciones económicas contra el gobierno venezolano, lo que limitaría aún más las posibilidades de una recuperación del Producto Interno Bruto (PIB), que perdió el 71 por ciento de su valor entre 2013 y 2021.
La presidenta de WOLA, Carolina Jiménez, señala que Rubio va a implementar una “política de máxima presión” contra el gobierno Maduro.
“Lo ha dicho muy claramente: hay que castigar al gobierno Maduro, hay que mostrar fuerza en nuestra política, etcétera, pero, en la Casa Blanca, Trump tendrá sus asesores y ellos tienen un proyecto muy claro en cuanto a la migración, que es realizar deportaciones masivas y, para esto, se necesita la cooperación con los países de origen de estos migrantes”, asegura.
La maestra en relaciones internacionales en la Universidad de Cambridge, Reino Unido, y doctora en estudios internacionales de la Universidad de Waseda, Japón, señala que, en ese sentido, no hay que descartar algún tipo de acuerdo entre Washington y Caracas en materia migratoria y hasta la renovación de la licencia a la petrolera estadounidense Chevron para explotar crudo venezolano.
Recuerda que Trump es un empresario muy cercano al lobby petrolero. “Habrá que ver cómo se resuelve esta contradicción entre los intereses de Estados Unidos y la postura política e ideológica de funcionarios como Marco Rubio”, dice Jiménez.
Lo que viene
El mes pasado, en vísperas de Navidad, Maduro anunció la conformación de un equipo de asesores nacionales e internacionales para pensar “en una gran reforma constitucional” para consolidar “la soberanía popular”.
Para el profesor Víctor Manuel Mijares, ese proyecto estaría encaminado a implantar “un poder político mucho más personalista”, al estilo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en una suerte de “nicaraguanización de Venezuela”.
En noviembre pasado, Ortega, un aliado de Maduro, hizo aprobar en el Congreso una reforma constitucional que coloca a todos los poderes del Estado bajo control del Ejecutivo, al tiempo que amplió el período presidencial a seis años y creó las figuras de copresidente y copresidenta para compartir el poder con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
También, en noviembre anterior, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una ley impulsada por Maduro que castigar con hasta 30 años de prisión a quienes apoyen las sanciones internacionales contra el país. También incluye sanciones contra medios de comunicación que, según criterios del Gobierno, divulguen información que promueva la imposición desde el exterior de medidas coercitivas unilaterales.
Esta legislación y otra ley aprobada por el Legislativo venezolano en agosto pasado para regular a las ONG parecen inspiradas en medidas adoptadas por Ortega en Nicaragua para afianzar su régimen autocrático.
Es evidente que, por lo pronto, Maduro no tiene la menor intención de abrir paso a una transición política y que, por el contrario, su apuesta es asegurar por todos los medios a su alcance la permanencia del régimen chavista, con él a la cabeza.
Petro, Venezuela y los límites de la ambigüedad estratégica
Para el presidente Gustavo Petro será muy complicado mantener una postura de indefinición política frente al gobierno de facto que inaugurará Nicolás Maduro en Venezuela este viernes. Colombia necesita una relación con el vecino país, pero la gran mayoría de colombianos rechaza que se reconozca al chavista como presidente legítimo luego del fraude en las elecciones de julio pasado.
Uno de los temas que trataron el presidente Gustavo Petro y su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum en la inesperada reunión que sostuvieron el pasado 16 de diciembre en la Ciudad de México fue la crisis política en Venezuela.
Una fuente diplomática consultada por CAMBIO dijo que, en ese encuentro, ambos mandatarios coincidieron en que la inminente juramentación de Nicolás Maduro para un tercer mandato presidencial en Venezuela -a pesar de que no existe evidencia de su “triunfo” en las elecciones del pasado 28 de julio- pone en una “posición incómoda” a la izquierda democrática latinoamericana.
Tanto Petro como Sheinbaum son presidentes como resultado de elecciones libres, transparentes y verificables. Maduro, en cambio, ni siquiera puede exhibir documentación de los comicios que dice haber ganado. Todos los poderes del Estado venezolano que han avalado su supuesta victoria –el Judicial, el Legislativo y el Electoral— son controlados por él.
Los gobiernos de Colombia, México y Brasil, que forman parte del bloque progresista latinoamericano, pidieron desde el 1 de agosto pasado a la autoridad electoral de Venezuela divulgar los resultados de los comicios desglosados por mesas de votación, algo que hasta hoy no ha ocurrido.
En cambio, la oposición venezolana y el Centro Carter, único organismo internacional que observó los comicios junto con una misión de la ONU, presentaron las actas digitales de las mesas de votación y estos documentos dan como ganador al candidato opositor Edmundo González Urrutia, con el 67 por ciento de los votos. Maduro, según esa información corroborada con códigos QR, obtuvo el 31 por ciento de los sufragios.
En su reunión del 16 de diciembre en la Ciudad de México, que se prolongó durante dos horas y 10 minutos, Petro y Sheinbaum, que estuvieron acompañados de sus respectivos cancilleres (el colombiano Luis Gilberto Murillo y el mexicano Juan Ramón de la Fuente), hablaron de las opciones que, como gobernantes progresistas, tenían frente a Maduro.
Según la fuente consultada, “ahí se mencionaron opciones que implican, de facto, reconocer a Maduro como presidente, pero sin hacerlo oficialmente, al menos hasta que sea absolutamente necesario”.
Una de las opciones que se puso sobre la mesa durante el encuentro entre los dos mandatarios fue la de enviar representantes a la juramentación de Maduro, este viernes 10 de enero, pero “de un nivel diplomático acotado”, como podría ser un embajador o un vicecanciller.
De acuerdo con los protocolos diplomáticos, sería una manera de reconocer de manera implícita a Maduro porque hasta el tercer secretario de una Embajada tiene una representatividad oficial, pero también mostraría cierto nivel de disgusto con el régimen chavista por haber ignorado el llamado a presentar las actas de votación.
El pasado 23 de diciembre, una semana después de la reunión con Petro, Sheinbaum descartó su asistencia a la toma de posesión de Maduro y anunció que enviará “una representación” o al embajador mexicano en Venezuela, Leopoldo de Gyves.
Ese mismo día, el vicecanciller colombiano Jorge Rojas señaló que su país enviaría a esa ceremonia al embajador en Caracas, Milton Rengifo, aunque el canciller Murillo dijo que el presidente Petro aún “está considerando” esa decisión.
Brasil, cuyo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha dicho que Venezuela “vive un régimen muy desagradable, de sesgo autoritario”, podría optar por enviar a la juramentación de Maduro a su embajadora en Caracas, Glivânia Maria de Oliveira, o a su asesor de relaciones internacionales, Celso Amorim.
El progresismo latinoamericano --con excepción del presidente chileno Gabriel Boric, que ha calificado de “fraude” las elecciones del 28 de julio—parece haber elegido la política de la ‘ambigüedad estratégica’ para lidiar con Maduro, principalmente el gobierno de Petro, porque Colombia, por su vecindad, es el país de la región más afectado por la crisis política en Venezuela y por los efectos que esta pudiera tener.
La “ambigüedad estratégica” es una postura diplomática en la que un país se abstiene, como política, de asumir posiciones claras frente a los sucesos en otras naciones. Un ejemplo clásico es la posición de Estados Unidos de mantener a Taiwán como un estrecho aliado, aun cuando terminó sus relaciones diplomáticas con Taipéi para establecerlas con China, que considera a esa isla una provincia rebelde.
El peso de la vecindad
El coordinador de posgrados en Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes, Víctor Manuel Mijares, considera que para Petro será “muy difícil” mantener una política de ambigüedad frente a Venezuela por la compleja agenda bilateral que define las relaciones con el vecino país.
Lo que está haciendo Petro, señala el académico venezolano y doctor en ciencia política por la Universidad de Hamburgo, es tratar de buscar “una solución de cohabitación o coexistencia con la dictadura de Maduro”.
Para el investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario Ronal Rodríguez, Petro enfrenta un desafío “bastante complicado” frente a Venezuela porque, por un lado, para la gran mayoría de colombianos resulta inaceptable que reconozca a Maduro como presidente y, por otro, la política de aislamiento que implementó el anterior presidente, Iván Duque, frente al gobierno de Caracas, “fue un fracaso”.
El dilema que se le presenta a Petro es que “es poco probable que podamos mantener relaciones diplomáticas, consulares, comerciales con Venezuela, y la normalización de los pasos fronterizos, sin reconocer a Maduro”, señala Rodríguez.
Es un hecho que Colombia necesita una relación con Venezuela para tratar asuntos como los 2.8 millones de migrantes venezolanos que residen en territorio colombiano; la situación en la porosa frontera común, de 2.219 kilómetros; el carácter binacional, en términos operativos, de la guerrilla del ELN, de las disidencias de las FARC y de grupos criminales, y el papel que juega Maduro como uno de los garantes en el proceso de la Paz Total, el principal proyecto de Petro.
“El régimen venezolano utiliza todo esto como herramienta de presión, de negociación y, si se quiere, hasta de extorsión”, dice Rodríguez.
El profesor Víctor Manuel Mijares recuerda, por su parte, que 2025 será un año preelectoral en Colombia y que en esa coyuntura se producirá “una revenezolanización” de la agenda electoral, en la que la oposición usará el “fraude” en Venezuela y la ambigua posición de Petro como “caballo de batalla”.
Una encuesta de Cifras y Conceptos para la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer realizada en diciembre pasado reveló que el 90 por ciento de los colombianos está en desacuerdo con que el gobierno de Petro reconozca a Maduro como presidente de Venezuela**.
Y el 51 por ciento de los encuestados en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla no está de acuerdo incluso con mantener las relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con el vecino país por la falta de legitimidad de Maduro.
Mijares plantea que la ambigüedad estratégica tiene sus límites. “Mi predicción es que va a ir reconociendo a Maduro de facto, poco a poco”, asegura.
Y considera que hay un factor que contribuirá a que se desarrolle ese proceso: que los colombianos también saben, de manera abrumadora, que el cerco diplomático que promovió Duque hace seis años contra Maduro falló y que la reanudación de relaciones diplomáticas cuando Petro asumió la Presidencia, en 2022, era una necesidad.
Dice que esto manifiesta también “una incoherencia en la opinión pública colombiana, una incoherencia de la cual Petro también hace eco, y que consiste en que no se quiere reconocer a Maduro, no se quiere vivir al lado de Maduro, pero se tiene que convivir con Maduro porque es un autócrata que ha demostrado mucha capacidad para mantenerse en el poder”.
El profesor de la Universidad de los Andes agrega que “muy probablemente esa ambigüedad estratégica termine decantándose de manera gradual al lado de una aceptación de los hechos, precisamente porque en Venezuela parece haber una situación de hechos consumados”.
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