¿Qué hay detrás de la sangrienta operación anticrimen organizado que dejó más de 130 muertos en Río de Janeiro?

En los últimos dos días, Río de Janeiro, Brasil, ha sido el centro de atención de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, tras un megaoperativo policial que dejó al menos 132 personas muertas, según informó Reuters y otros medios de comunicación. Los cuerpos de las víctimas fueron apilados en las calles de la ciudad.

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“Solo quiero sacar a mi hijo de aquí y enterrarlo”, dijo Taua Brito, madre de uno de los fallecidos, citada por Reuters, quien estaba rodeada de personas reunidas alrededor de los cadáveres, algunos cubiertos con sábanas y otros con bolsas plásticas.

La llamada Operación Contención fue planeada durante dos meses y tras más de un año de investigación. Se llevó a cabo el 28 de octubre en los complejos Alemão y Penha, y movilizó a más de 2.500 policías civiles y militares para ejecutar 100 órdenes judiciales. Todo ello con el propósito de “capturar a los líderes criminales y contener la expansión territorial del Comando Vermelho (Comando Rojo)”.

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La ofensiva contra el Comando Vermelho

Según Insight Crime_,_ esta banda criminal es la más antigua de Brasil y se conformó en una prisión de Río de Janeiro en los años setenta, producto de una alianza entre delincuentes comunes y militantes de izquierda “como un grupo de autoprotección de los prisioneros”. Comenzó con delitos menores, pero en los años ochenta comenzó a dedicarse al tráfico de cocaína, trabajando con carteles colombianos, y tomó el control de varios barrios marginados de Río.

De acuerdo con el gobierno local, los enfrentamientos ocurrieron principalmente en zonas boscosas, con el objetivo de reducir el riesgo para la población que habita en áreas urbanas. En ellos participaron policías militares del Comando de Operaciones Especiales (COE), batallones de la capital y de la Región Metropolitana, así como equipos de Coordinación de Recursos Especiales (Core, por su sigla en portugués) y todas las comisarías especializadas de la Policía Civil. 

“Durante la operación, se produjo un intenso tiroteo y cuatro policías perdieron la vida”, indicó un comunicado oficial. El gobierno del Estado de Río aseguró que fue la mayor operación integrada de seguridad de los últimos 15 años, en los que fueron arrestados 81 sospechosos e incautados 93 fusiles y drogas. 

“Actuamos con la máxima fuerza y de manera integrada para dejar claro que el Estado tiene el poder. Los verdaderos dueños de estos territorios son los ciudadanos respetuosos de la ley y trabajadores. Nos mantendremos firmes en la lucha contra el crimen organizado. Lo que enfrentamos ya no es delincuencia común, sino narcoterrorismo”, declaró el gobernador Cláudio Castro durante una conferencia de prensa tras el operativo.

Preocupación ante la alta cifra de muertos: piden investigar los hechos

La cifra ha llamado la atención de organizaciones de derechos humanos y de la propia ONU, que pidió una investigación inmediata del incidente. Por su parte, la Defensoría Pública de Río de Janeiro informó que ha estado brindando apoyo a las familias de las víctimas mortales, para que cada testimonio contribuya a la necesaria respuesta institucional frente a lo que calificó como una “violencia estatal sin precedentes”.

Desde el martes, la defensoría ha brindado asistencia jurídica completa y gratuita tanto a las familias de las personas fallecidas como a las personas detenidas y afectadas durante el operativo. Además, equipos de la entidad se han desplegado en el Instituto Forense de Río de Janeiro para identificar los cuerpos de las víctimas, mientras defensores públicos trabajan en las audiencias de custodia y en el Centro de Asistencia Integral (CAI) para entrevistar a los adolescentes detenidos.

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“En tiempos de grave tensión y dolor colectivo, en un escenario de verdadera guerra urbana y duelo, la Defensoría Pública continuará trabajando para defender a los ciudadanos vulnerables de Río de Janeiro”, indicó la institución en un comunicado.

En otro comunicado, la ONU calificó la operación policial como la “más mortífera de la historia de Río de Janeiro”. El secretario general, António Guterres, declaró estar extremadamente preocupado por la situación y recordó que el uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales debe ajustarse al derecho internacional de los derechos humanos. 

Así mismo, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió una “reforma integral de los métodos policiales en Brasil”. Según Türk, durante décadas, “la alta letalidad asociada a la labor policial en Brasil se ha normalizado”, especialmente en zonas como Río de Janeiro.

“Brasil necesita romper el ciclo de brutalidad extrema y garantizar que las operaciones de seguridad pública cumplan con las normas internacionales sobre el uso de la fuerza”, afirmó el alto comisionado, quien además subrayó que cualquier uso de fuerza potencialmente letal debe ajustarse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación.

Tras el revuelo causado, el magistrado del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenó al gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro, que proporcione información sobre el operativo policial realizado, a solicitud del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y con dictamen favorable de la Fiscalía General de la República. También convocó audiencias para el próximo lunes 3 de noviembre con el gobernador del estado y otras autoridades estatales para presentar la información detalladamente.