
Sudán: el conflicto olvidado. Por Hans Blumenthal
Mientras el mundo mira hacia el estrecho de Ormuz, Irán, los países del Golfo, Ucrania o Gaza, en Sudán se libra la catástrofe humanitaria más grave del planeta. ¿Por qué escribir sobre un conflicto que casi nadie sigue? , pregunta Hans Blumenthal. Porque revela cómo países cercanos y potencias regionales alimentan una guerra civil mientras les resulte rentable. Colombia conoce bien lo que significa que un conflicto permanezca durante años fuera de la agenda internacional.
Por: Hans Blumenthal
Naciones Unidas describe el conflicto sudanés —más de 150.000 muertos desde abril de 2023, más de 13 millones de desplazados y 33,7 millones de personas que dependen de ayuda humanitaria— como la mayor crisis humanitaria del mundo. Y sin embargo, es un conflicto “olvidado”, tal como lo fue el colombiano hasta mediados de los años noventa: demasiado complejo para un relato de buenos contra malos, demasiado lejano para generar empatía inmediata. A esto se suma la competencia por atención con Ucrania, Gaza y las dos guerras contra Irán en 2025 y 2026. El historiador británico Alex de Waal, de la Universidad Tufts en Massachusetts, Estados Unidos, ha descrito este fenómeno como “invisibilidad estructural”.

Sudán: un Estado, no una nación
Sudán nunca logró consolidar una identidad nacional compartida. Las fronteras las trazó el imperio; la identidad común nunca apareció. Bajo el dominio anglo-egipcio, iniciado en 1899, quedaron unidos más de 600 grupos étnicos y cientos de lenguas, sin que existiera un proyecto de país en común. Cuando Sudán se independizó, el 1.º de enero de 1956, heredó esa fractura. Esa herencia marcaría toda la historia posterior del país.
Los colonizadores británicos consolidaron esas fronteras étnicas; las élites poscoloniales las profundizaron con la arabización y la islamización del Estado. Las poblaciones no árabes de Darfur, los montes Nuba y el Nilo Azul quedaron ampliamente excluidas del poder político. En Darfur, una región del tamaño de España, el dictador Omar al-Bashir —quien tomó el poder mediante un golpe en 1989— lanzó a comienzos de la década de 2000 a los Janjaweed, milicianos árabes a caballo, contra la población no árabe. Murieron cerca de 300.000 personas. Su líder, Ali Muhammad Ali Abd al-Rahman, fue condenado a finales de 2025 por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La caída de Bashir en 2019, tras un amplio levantamiento popular, pareció abrir un nuevo comienzo. Pero dos hombres de su círculo de poder aprovecharon la coyuntura para quedarse con el control. Sudán tiene hoy el tamaño de México y limita con siete países. La separación de Sudán del Sur en 2011 no resolvió sus fracturas: las agravó. El país perdió buena parte de su producción petrolera, los ingresos del Estado se desplomaron, y el clientelismo que había mantenido en calma a los grupos étnicos, mediante el reparto de recursos, perdió su base económica.
Los dos hombres fuertes
Ninguno de los dos generales que hoy se disputan Sudán lucha por un proyecto político. El general Abdel Fattah al-Burhan, jefe de las Fuerzas Armadas sudanesas, y Mohamed Hamdan Daglo, conocido como Hemedti, líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) —la milicia surgida de los Janjaweed—, se disputan el poder, no una visión de país. Hemedti, un comerciante de camellos de Darfur, convirtió a esos milicianos, con la protección de Bashir, en una fuerza de más de 100.000 hombres, envió mercenarios a Yemen y levantó un imperio económico basado en minas de oro y redes de contrabando.
En abril de 2019 ambos hicieron arrestar a Bashir. En octubre de 2021 disolvieron el gobierno de transición y arrestaron al primer ministro Abdalla Hamdok. La alianza se rompió cuando un programa de transición, negociado por la Unión Africana y las Naciones Unidas, exigió integrar las RSF al ejército sudanés: para Hemedti eso significaba la disolución de su base de poder. En abril de 2023 las tensiones estallaron en una guerra abierta.
Las tropas gubernamentales controlan hoy entre el 60 y el 65 por ciento del país: el norte, el oriente con Port Sudan, y Jartum, reconquistada en marzo de 2025. Las RSF dominan Darfur y buena parte de Kordofán —una región equivalente a un tercio de Colombia—, en total entre el 25 y el 30 por ciento del territorio. En abril y mayo de 2026 dos comandantes de alto rango de las RSF desertaron hacia las fuerzas gubernamentales, señal, según analistas, de fracturas internas crecientes.
El nuevo foco de la guerra es El Obeid, capital de Kordofán del Norte, donde las RSF controlan desde mayo de 2026 casi todas las rutas de acceso. En tres semanas, hasta el 7 de julio, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas documentó 15 ataques con drones y 45 civiles muertos; los precios de los alimentos subieron 300 por ciento. Quien puede huir, vende hasta lo último que le queda. Quien no puede, se queda. Analistas advierten que la situación podría llegar a ser peor que la de El Fasher, la ciudad de Darfur del Norte que cayó ante las RSF en octubre de 2025 tras 18 meses de asedio, con matanzas masivas documentadas en su toma.
Los drones que cambiaron la guerra
El Obeid es también el mejor ejemplo de la nueva cara de este conflicto: los drones son hoy la principal herramienta letal. A diferencia de Ucrania, donde dos ejércitos estatales producen drones a escala industrial, en Sudán ocurre algo diferente: una tecnología barata y de fabricación modular le permite a una milicia sin fuerza aérea combatir a un Estado desde el aire. Las piezas se importan por separado para burlar el embargo de armas de las Naciones Unidas. Entre 2024 y 2025 las muertes por drones aumentaron 600 por ciento. Sudán se perfila como el modelo de las guerras futuras en Estados frágiles: los drones inclinan la balanza a favor de las milicias, no solo de los Estados.
Oro, oleoducto y mar Rojo: quién se beneficia de la guerra
Sudán se ubica en uno de los cruces más estratégicos del mundo, entre el mundo árabe y África, entre el mar Rojo y el Sahel. Es el tercer productor de oro del continente y controla el único puerto que conecta el corredor hacia el canal de Suez. Con la separación de Sudán del Sur en 2011, el país perdió cerca del 75 por ciento de su producción petrolera; lo que le queda son los oleoductos por los que Sudán del Sur debe transportar su crudo hasta Port Sudan, y las tarifas de tránsito que cobra por ello.
Los Emiratos Árabes Unidos son quienes más ganan. Acceden al oro sudanés a través de las redes de las RSF, se posicionan estratégicamente en el mar Rojo y cuentan con una reserva de mercenarios que ya usaron en la guerra de Yemen. Egipto respalda al ejército sudanés por una razón distinta: un Sudán inestable debilitaría aún más su posición frente a Etiopía, que construye la represa más grande de África y amenaza el 90 por ciento del agua egipcia.
Rusia, China y actores regionales completan el tablero. Moscú buscó una base naval en Port Sudan a cambio de concesiones de oro, un plan que fracasó en febrero de 2026. Beijing, con inversiones en la infraestructura de oleoductos, mantiene oficialmente una posición neutral. Desde la ciudad libia de Kufra llegan drones emiratíes hacia las RSF, con la tolerancia de Chad pese a la presión interna de los zaghawa, la etnia perseguida por la milicia a ambos lados de la frontera.
Ninguna de estas potencias desea prolongar la guerra indefinidamente, pero ninguna está dispuesta a sacrificar sus intereses para terminarla. El conflicto generó su propia economía: oro por armas, concesiones por respaldo, saqueo por lealtad. Para los actores externos, Sudán no es un problema humanitario. Es un mercado que funciona.
Intentos de mediación sin éxito
También por eso desde el inicio de la guerra no han faltado los intentos de mediación, sino la voluntad de hacer cumplir los acuerdos. Una tregua pactada en Yeda en mayo de 2023 duró menos de una semana; nuevas conversaciones en El Cairo, Ginebra y Londres no tuvieron consecuencias. El 12 de septiembre de 2025, Estados Unidos, Arabia Saudita, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos —el llamado Cuarteto— anunciaron una hoja de ruta: tregua, alto el fuego y una transición de nueve meses. Ambos bandos siguieron combatiendo.
El intento más concreto hasta ahora es el plan de cinco puntos del enviado especial estadounidense Massad Boulos: una tregua humanitaria de 90 días, un alto el fuego permanente y un gobierno de transición civil con elecciones. Además contempla un mecanismo de la ONU para retiros limitados de las RSF de Darfur del Norte y Kordofán del Norte, y un ejército nacional unificado bajo control civil. El ejército sudanés aceptó el marco en principio, pero puso una condición que en la práctica lo hace inviable: el retiro total de las RSF de todas las ciudades ocupadas, no uno parcial. El 13 de julio de 2026, un tribunal militar en Port Sudan condenó a Hemedti en ausencia, por crímenes de guerra y genocidio, a la pena de muerte. El enviado estadounidense declaró después que un acuerdo sigue sin verse en el horizonte.
El obstáculo principal es otro: los propios mediadores son actores del conflicto. Egipto respalda al ejército sudanés; los Emiratos Árabes Unidos son señalados como el principal financiador de las RSF. El Grupo Soufan, instituto de análisis de seguridad con sede en Nueva York fundado por exagentes del FBI de Estados Unidos, lo resumió en abril de 2026 así: Sudán es una guerra que nadie puede ganar y que nadie quiere terminar.
La magnitud del sufrimiento
La violencia sexual es un arma constante en este conflicto. El número real de víctimas se calcula entre 8.000 y 17.000 personas, probablemente muchas más. Sobrevivientes de la población masalit en Darfur Occidental relataron que los agresores preguntaban por su pertenencia étnica y afirmaban que todas las niñas masalit serían violadas y obligadas a dar a luz a sus hijos. Investigadores internacionales y organizaciones de derechos humanos interpretan estas declaraciones sistemáticas como evidencia de intención genocida: los embarazos forzados de mujeres de otro grupo étnico están reconocidos por la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio como uno de los criterios que definen el genocidio.
El plan de necesidades humanitarias de la ONU para 2026 calcula 2.900 millones de dólares como mínimo indispensable. En las conferencias de donantes de Washington y Berlín se prometieron, en conjunto, más de 3.000 millones, en teoría más de lo necesario. Hasta finales de abril habían llegado apenas cinco millones. Estados Unidos, que en 2024 fue el mayor donante individual con 880 millones de dólares, redujo a la mitad su ayuda exterior a nivel global. La responsabilidad no es solo de los bandos enfrentados: también de los donantes que recortaron fondos y del Consejo de Seguridad, que aprobó resoluciones y luego se negó a hacerlas cumplir.
La guerra que el mundo olvidó
Nicholas Kristof, columnista del New York Times de Estados Unidos, ha señalado repetidamente a Sudán como símbolo de cómo la economía global de la atención filtra las catástrofes según su relevancia para los centros de poder, no según la magnitud del sufrimiento. La guerra de Irán sacó a Sudán de la agenda diplomática: el foco internacional sobre Oriente Medio alimentó tanto la escalada en Sudán como su invisibilidad.
Ni un número incontable de desplazados ni decenas de masacres documentadas garantizan un lugar en la agenda internacional. Entre las víctimas de la violencia sexual en Sudán hubo una niña de nueve años. Lo que no ocupa titulares tampoco moviliza recursos, y sin recursos la gente muere. En Sudán hoy no solo se mata con fusiles y drones. También con indiferencia.
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