
Con un opaco acuerdo, Trump consolida un protectorado petrolero en Venezuela
El acuerdo petrolero anunciado por Donald Trump otorga a Estados Unidos el control de la quinta parte de las reservas venezolanas de crudo y convierte a un polémico empresario en un actor central del ambicioso proyecto energético. La presidenta, Delcy Rodríguez, aceptó sin resistencia los términos del pacto y se plegó a los intereses geopolíticos de Washington.
Por: Rafael Croda
Cuando hace unos días el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un “histórico” acuerdo petrolero con Venezuela y dijo que su país asumiría el control mayoritario de gran parte de las reservas de crudo de la nación sudamericana, pareció, en principio, que se trataba de uno de los acostumbrados excesos retóricos del gobernante republicano.
Pero es probable que, en esta ocasión, Trump no haya exagerado. Al menos en el papel, el inusual convenio parece ratificar que Estados Unidos, la potencia extranjera que ha convertido a Venezuela en un protectorado, se ha apoderado de 65 mil millones de barriles de petróleo venezolano, el 21,6% de las reservas probadas de ese país.
Trump ha presentado este pacto ante el electorado estadounidense como “el mayor acuerdo petrolero de la historia del mundo”.
Y asume que la quinta parte de las reservas de crudo venezolano pasaron a formar parte de la riqueza petrolera de Estados Unidos, sin que este país haya desembolsado un dólar,
“Lo que hemos hecho es asombroso, tomamos Venezuela”, dijo este viernes.
Y aunque agregó que “esencialmente” Irán también ha sido tomado, lo cual es muy dudoso, es cierto que en Venezuela sí está haciendo valer el dominio que ejerce sobre el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien hasta no hace mucho pronunciaba fogosos discursos en defensa de la soberanía del país sobre sus hidrocarburos.
“Hoy, ella es la administradora del protectorado petrolero de Estados Unidos en que se ha convertido Venezuela, y sólo le rinde cuentas a Trump. Por eso aceptó este acuerdo neocolonial”, dice el economista y profesor del Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes) de la Universidad Central de Venezuela Manuel Sutherland.
En palabras de Trump, con el acuerdo petrolero Estados Unidos “duplica con creces” sus reservas de crudo (hoy estimadas entre 45 mil y 70 mil millones de barriles), y garantiza el “dominio energético” para el próximo siglo. También ha dicho que reducirá “sustancialmente” los precios de la gasolina en el mercado estadounidense.
Expertos consultados por CAMBIO consideran que en estos anuncios hay “mucho de retórica y propaganda”, pero en la realidad lo que hay “es una gran incertidumbre” sobre los alcances del pacto.
Al mismo tiempo, expresan su preocupación por la voracidad que muestra Washington por el petróleo venezolano y por la lentitud con que impulsa la transición democrática que prometió el pasado 3 de enero, cuando comandos del Pentágono “extrajeron” a Nicolás Maduro de su búnker en Caracas para llevarlo a una cárcel en Nueva York.
Maduro, quien según actas electorales presentadas por la oposición cometió un masivo fraude en los comicios presidenciales del 28 de junio de 2024, fue sustituido luego de su “extracción” por su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, quien desde entonces se ha caracterizado por ejecutar al pie de la letra las instrucciones de Trump.
Un asunto económico y político
El exdirector de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) José Toro Hardy, se pregunta “cuánta legitimidad puede tener Delcy Rodríguez para firmar un acuerdo de este tipo, porque ella fue designada vicepresidenta por Maduro, quien era considerado un gobernante legítimo”.
Según el experto en petróleo, Venezuela necesita inversiones urgentes para reactivar su colapsada industria hidrocarburos y los socios naturales para realizar esa tarea son Estados Unidos y sus petroleras privadas, pero agrega que el acuerdo anunciado por Trump no parece estar encaminado en esa dirección.
Asegura que, más bien, ha dejado hasta ahora “una sombra de dudas que a nadie conviene”. No solo porque un polémico empresario venezolano es pieza central en esta trama, sino también por su falta de claridad.
Señala que un convenio que involucre la explotación de gran parte del petróleo venezolano “debe hacerse bien, con transparencia, con legitimidad”. No así.
De manera paradójica, la oposición venezolana, aliada natural de Trump y la cual aplaudió la “extracción” de Maduro en enero pasado, es la que más objeciones ha planteado frente a ese convenio, que califica de “opaco”, “poco transparente” y “desfavorable para Venezuela”. En cambio, el chavismo, incluidas las fuerzas militares, lo ha respaldado de manera irrestricta.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, número dos del régimen, afirmó que el acuerdo “sigue los lineamientos del comandante Hugo Chávez”, ya que este pensaba que el mercado principal del petróleo venezolano es Estados Unidos.
El “bolichico” de Trump
En la medida en que se han ido conociendo detalles del acuerdo –cuya letra menuda, hasta ahora, se ha resguardado como un secreto de Estado-- queda claro que Estados Unidos impuso a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, los términos y condiciones en los que será explotada la riqueza petrolera de su país en los próximos años o décadas.
Y eso implica, como dijo Trump, el “control” de enormes yacimientos de crudo, en una operación que se ejecutará a través de la compañía North American Blue Energy Partners (NABEP), cuyo propietario, el controvertido empresario venezolano Alejandro Betancourt, le regaló al Departamento de Guerra de Estados Unidos una participación accionaria del 35%.
Betancourt es uno de los llamados “bolichicos”, como se les conoce en Venezuela a jóvenes empresarios de familias acomodadas que se enriquecieron haciendo negocios corruptos con el chavismo durante los gobiernos de Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro.
El nuevo súper socio del gobierno de Trump tiene 46 años y se hizo multimillonario en dólares a los 29, cuando obtuvo contratos del chavismo para rehabilitar el sistema eléctrico del país. La Fiscalía de Venezuela abrió una causa por corrupción en su contra, pero ya fue archivada, según dijo Delcy Rodríguez al salir en su defensa el pasado miércoles 2.
Sin embargo, hace unos meses estuvo detenido en el Reino Unido por solicitud de Suiza, que lo acusa de lavado de dinero.
El diario The New York Times aseguró que funcionarios estadounidenses pidieron a los investigadores suizos y británicos congelar el caso para que Betancourt pudiera viajar a Estados Unidos y Venezuela a fin de concretar el acuerdo petrolero. El “bolichico” cumplía prisión domiciliaria en una residencia campestre de 121 hectáreas en Oxfordshire, cerca de Londres, que le costó 76 mil millones de pesos colombianos.
El polémico convenio petrolero fue suscrito el viernes 30 de agosto entre NABEP, la empresa de Betancourt, y los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, por parte de Estados Unidos. Es otro de sus rasgos llamativos: ni siquiera fue firmado con el gobierno de Venezuela, sino con una compañía privada, la cual, a su vez, es la que obtuvo las concesiones para explotar el crudo en 17 campos, algunos de ellos aún vírgenes.
Y estas concesiones le fueron otorgadas por el gobierno de Rodríguez a dedo, sin el proceso de licitaciones públicas que se ha usado históricamente en Venezuela para captar inversión privada en el sector de hidrocarburos.
El acuerdo establece que el 20% del petróleo extraído por NABEP será vendido a costo de producción a Estados Unidos y que el Departamento de Estado será el cliente preferencial del restante 80% de crudo que produzca la empresa, la cual tiene escasa experiencia –de menos de 10 años-- en la industria petrolera.
En la actualidad, NABEP extrae unos 200 mil barriles diarios de crudo en Venezuela, lo que significa que deberá multiplicar su producción 7,5 veces para cumplir su compromiso de llegar a 1,5 millones de barriles diarios en un plazo de entre cinco y 10 años. Este sería un volumen mínimo para explotar los enormes yacimientos que le concesionó el gobierno de Delcy Rodríguez.
Pero nadie ha explicado de dónde saldrán los 100 mil millones de dólares que la compañía se comprometió a invertir para extraer el crudo de los campos petroleros que contempla el acuerdo. Tampoco se sabe si NABEP tiene la capacidad técnica, la tecnología y el capital humano para realizar la compleja tarea que pactó realizar.
El excandidato presidencial y diputado opositor, Henrique Capriles, señala que un gran problema del acuerdo es la persona a la que le dieron el contrato, por la cuestionada trayectoria empresarial de Betancourt y por la cercanía que tuvo con los gobiernos de Chávez y Maduro.
Un asunto geopolítico
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha dicho que el acuerdo tendrá una duración de 25 años, el máximo plazo que permite la Constitución para la concesión de esos recursos. Pero Trump habla de 100 años.
La gobernante chavista ha estimado que en 25 años el convenio le generará al país ingresos fiscales por 209 mil 335 millones de dólares, unos ocho mil 370 millones de dólares cada año. Este último monto equivale a la mitad de todo el presupuesto público de Venezuela del año pasado.
Pero esos ingresos fiscales están condicionados a que NABEP cumpla su parte del trato, el cual prevé el pago de un 16% de regalías sobre el crudo producido y un 34% de impuesto sobre la renta.
Según Delcy Rodríguez -quien ya rebasó el mandato de seis meses como presidenta encargada que le permite la Constitución-, Venezuela conserva la soberanía sobre sus yacimientos petroleros. Pero Trump no piensa eso. Él afirma que Estados Unidos tiene el control y que no permitirá que China, Rusia e Irán, que han participado en la exploración de crudo en Venezuela, tengan acceso a esos recursos.
El profesor de la Universidad del Norte de Texas en Dallas, Orlando J. Pérez, un especialista en Venezuela, dice que la asimétrica relación entre Trump y Delcy Rodríguez garantiza al republicano una aliada dócil, que coopera con Estados Unidos, “tanto en términos de petróleo, como en términos geopolíticos”.
“Para Trump es importante mantener fuera de Venezuela a China, a Rusia, a Irán, a Cuba, y a todos los enemigos de Estados Unidos, y el acuerdo petrolero también va en esa dirección, tiene una dimensión geopolítica”, asegura.
Pérez advierte que el convenio también ha ratificado lo que ya se sabía desde el 3 de enero pasado, cuando Trump atacó Venezuela para “extraer” a Maduro: que la prioridad del mandatario es el petróleo, no la democracia.
“No sé qué más tiene que pasar o qué más tiene que decir Trump para que entendamos que no le interesan las elecciones ni la democracia en Venezuela y que está encantado con Delcy Rodríguez”, señala.
Hay una mesa de negociaciones entre el régimen chavista y una parte de la oposición política, pero el proceso marcha muy lento. El diálogo apunta a cambiar a los integrantes del Consejo Nacional Electoral y a la cúpula del Poder Judicial, que en ambos casos avalaron el fraude electoral de Maduro en 2024. Las elecciones no están a la vuelta de la esquina.
De hecho, Trump dijo el pasado miércoles 2 que Venezuela “aún no está preparada” para las elecciones y sostuvo que Delcy Rodríguez “está haciendo un trabajo muy, muy bueno”.
Carrera contra el tiempo
Trump tenía prisa para concretar el control del petróleo venezolano, no solo por motivos electorales, sino también por razones de seguridad energética.
La guerra de Estados Unidos contra Irán ha puesto de manifiesto que la inestabilidad en el Medio Oriente pone en permanente riesgo el flujo del petróleo que se produce en esa zona.
Además, ese conflicto ha provocado el alza de los precios de la gasolina. Esto es algo que ha desplomado la popularidad de Trump y que ha puesto en duda un triunfo del Partido Republicano en las elecciones intermedias de noviembre próximo, en las cuales se renovará el Congreso de Estados Unidos. ha elevado los precios de los combustibles y “el petróleo venezolano y el discurso de que van a bajar los precios de la gasolina les son muy útiles en términos políticos en este momento, pero eso no va a ocurrir de la noche a la mañana, incluso aunque se hagan las inversiones que se anunciaron”, afirma el exministro venezolano de Energía y Petróleo Humberto Calderón Berti.
De acuerdo con este experto en hidrocarburos, la obsesión de Trump con el petróleo de Venezuela también tiene mucho que ver con el agotamiento de las reservas de crudo de Estados Unidos.
“Ellos, a su nivel actual de consumo, tienen petróleo para 8 o 10 años, y Venezuela es una solución natural para ese problema –asegura--, porque nosotros no tenemos conflictos como en el Medio Oriente y estamos mucho más cerca que otros abastecedores, a cuatro o cinco días de navegación, no a 40”, agrega el exministro.
Venezuela produce hoy 1,2 millones de barriles diarios de petróleo y, si NABEP cumple sus compromisos y otras firmas petroleras que operan en el país concretan las inversiones anunciadas, podría llegar a más de tres millones de barriles diarios en un plazo de cinco años.
La petrolera estadounidense Chevron anunció hace unos días que invertirá 7 mil millones de dólares en los próximos cinco años en Venezuela para duplicar su producción en el país, que actualmente llega a unos 300 mil barriles diarios. También la italiana Eni adquirió una concesión para operar el campo Junín 5, que tiene unos 35 mil millones de barriles en el subsuelo.
El economista venezolano y profesor de la Kennedy School de Harvard, Ricardo Hausman, sostiene que grandes petroleras como Exxon Mobil y Conoco Phillips eran las llamadas a realizar las inversiones necesarias en los yacimientos venezolanos para reactivar la producción, pero se rehusaron a participar por la inseguridad jurídica que perciben con un gobierno “ilegítimo”, como el de Rodríguez.
Hausman, quien era partidario de una intervención militar estadounidense en Venezuela para sacar del poder a Maduro, ha sido uno de los expertos más críticos con el acuerdo petrolero anunciado por Trump porque “traiciona el interés nacional venezolano y le otorga el control de un número muy grande de yacimientos a una empresa recién fundada (NABEP)”.
Para el economista, ese convenio es malo para la recuperación de la producción petrolera en Venezuela y está hecho “para beneficiar a las cleptocracias de Miraflores (la sede presidencial venezolana) y Mar-a-Lago (la residencia de Trump en la Florida”.
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