La carta de Sneyder Pinilla, la prueba de Andrés Calle y otras movidas judiciales en el caso UNGRD
En la última semana de julio, una juez ordenó cárcel para un exalto funcionario del Gobierno de Gustavo Petro y otros siete implicados. La Corte Suprema citó a una testigo clave y revisará una petición de libertad de un congresista. También hubo luz verde a un juicio y una de las cabezas del escándalo asegura que aún siguen invictos y libres otros responsables. Le contamos.
Por: Ana María Cuesta
El capítulo en la justicia por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que se inició en julio del año pasado con la imputación de la Fiscalía contra los exdirectivos de la entidad Olmedo López y Sneyder Pinilla, completa un año de avances y pesquisas por las que ya se ha enviado a la cárcel a 15 salpicados en el saqueo de la entidad y por las que se investiga a otra decena de congresistas y exfuncionarios.
El mismo día en que se escribió este informe, la Procuraduría General de la Nación confirmó una sanción de destitución de 18 años contra López, y de 20 años contra Pinilla, por haber inflado, en un 54 por ciento, los costos de un contrato de 40 carrotanques para el departamento de La Guajira.
Cárcel para César Manrique y otros siete implicados
El pasado 29 de julio, una jueza dictó medida de aseguramiento contra César Manrique Soacha, el exdirector del Departamento Administrativo de Función Pública del Gobierno de Gustavo Petro, quien figuró, desde julio del año pasado y desde la primera audiencia pública del caso, en la cabeza del organigrama del entramado corrupto y al mismo nivel de López y Pinilla.
La cárcel para Manrique se produce por su presunta participación en la repartición de millonarias coimas, que salieron de contratos direccionados que suscribió la UNGRD con 100.000 millones de pesos que fueron trasladados de un convenio entre la entidad y la Agencia Nacional de Tierras. La Fiscalía aseguró que Manrique se quedó con 3.000 millones de pesos de sobrecostos evidenciados en un contrato para carrotanques suscrito con la Corporación Yapurutu, por 29.000 millones de pesos.
Junto a él también fueron cobijados con medida de aseguramiento Édgar Riveros Rey, abogado del exasesor de Manrique Luis Carlos Barreto Gantiva, y quien aparece en este escándalo ofreciéndole un soborno de 13.000 millones de pesos a Sneyder Pinilla y a Olmedo López para que cambiaran de versión.
También detendrán a Ana María Riveros Barbosa, hija de Édgar Riveros, y quien aparece en el entramado por haber puesto su cuenta bancaria para retirar los recursos de la coima del contrato de la Corporación Yapurutu. También enviaron a la cárcel a la cuñada de Riveros, Sonia Romero Hernández, quien era contratista de la UNGRD mientras sus familiares cuadraron las coimas.
Así mismo se cobijó con medida de aseguramiento al representante legal de la Corporación Yapurutu, Édgar Echeverri Toro, a su jefe de Ventas, Francisco Javier Estupiñán, al asesor de Manrique Soacha, Jorge Aristizábal Rodríguez, y al contratista de la UNGRD Óscar Cárdenas Angulo.
Estos ocho implicados que llegarán a centros de detención se unen a los expresidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, presos preventivamente, a la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz -también presa mientras se define su juicio-, a Olmedo López, a Sneyder Pinilla y al contratista Luis Eduardo López Rosero, en la cárcel y condenados por el escándalo, y a Luis Carlos Barreto Gantiva, ahijado en la política de Manrique Soacha.
La carta de Sneyder Pinilla: “Que los máximos responsables paguen”
El santandereano Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD y quien se convirtió en el primer condenado por el saqueo a la entidad que atiende las emergencias y desastres del país, divulgó una comprometedora carta el 30 de julio en la que pide garantías y “verdades completas”.
En la misiva asegura que seguirá colaborando con la justicia, pero sugiere que hay peces gordos que siguen libres e invictos.
“Mi cooperación y compromiso con la verdad han sido eficaces contundentes y suficientes para que la justicia colombiana haya decidido enviar a prisión a varios implicados en el escándalo de corrupción de la UNGRD, entre ellos quienes intentaron sobornarme con 13.000 millones de pesos a cambio de mi silencio o de omitir información clave y relevantes sobre altos funcionarios públicos. Sin embargo, aún no hay respuestas claras y concretas: ¿quién o quiénes pagarían la millonaria suma de dinero? ¿quién o quiénes son los verdaderos responsables de querer silenciarme? ¿son los mismos que realizaron amenazas en mi contra y en contra de mi familia?”, expresó Pinilla.
“Es fundamental y necesario para que el país conozca la verdad y para que los máximos responsables paguen, así como yo, por sus actos; que las investigaciones continúen, la justicia debe operar para todos, no solo para los mandos medios y los más débiles”, añadió.
Luz verde a la acusación contra la exconsejera Sandra Ortiz
El 30 de julio, el Tribunal Superior de Bogotá también dio luz verde a la Fiscalía para formular acusación en contra la exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz, cobijada con medida de aseguramiento desde finales del año pasado por su presunta participación en los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.
Ortiz figura en el escándalo como la supuesta intermediaria de una coima por 3.000 millones de pesos que se le habría entregado en 2023 al entonces presidente del Senado, Iván Name, y de la coima por 1.000 millones que supuestamente recibió el expresidente de la Cámara Andrés Calle, por orden de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y actualmente fugitivo.
El Tribunal se pronunció sobre un recurso de nulidad que presentó la defensa de Ortiz contra la acusación que, en junio de este año, fue presentada en su contra. El abogado de Ortiz, Oswaldo Medina, aseguró que la acusación de la Fiscalía tenía imprecisiones tales como no ser clara en de qué manera su clienta, supuestamente, influyó sobre los actos delictivos que cometió Olmedo López.
“La acusación, como acto de parte, no es susceptible de anulación por parte del juez de conocimiento”, expresó el Tribunal. Con esta determinación, la Fiscalía podrá formalizar la acusación en contra de la exfuncionaria adscrita a la Alianza Verde.
La Corte Suprema analizará si otorga la libertad de Andrés Calle
En mayo de este año, los expresidentes de Cámara y Senado Andrés Calle e Iván Name pisaron la cárcel por, presuntamente, haber recibido millonarias coimas del Gobierno para apoyar sus reformas pensional y de salud.
Aunque en el mes de junio la Sala de Instrucción de la Corte ratificó la detención preventiva para ambos, el representante Calle no ha escatimado en esfuerzos para lograr su libertad.
La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia admitió este 30 de julio un recurso de control de legalidad a la medida de aseguramiento que pesa contra Calle.
“Consideramos que la medida no reunía los requisitos estrictamente legales para la misma y se interpuso para que la Sala de Juzgamiento verificara su procedencia, su legalidad”, expresó el abogado de Calle Billy Torres.
Torres advierte que los testimonios de Sneyder Pinilla y Olmedo López contra su cliente “por sí solos no se erigen como prueba mínima suficiente para la medida de aseguramiento”, y aportó ante la Corte un dictamen de investigadores de la DIJIN, de mayo de este año, que cuestiona una declaración que dio Pinilla sobre el traslado en criptomonedas de la coima que habría llegado a los bolsillos de su cliente.
“Con la información indicada en las declaraciones por parte del señor Sneyder Augusto Pinilla Álvarez no se logra identificar e individualizar algún posible intermediario y/o personas involucradas en el proceso de convertir el dinero en criptomoneda en Bogotá y luego volver a convertirlo en dinero físico en Montería”, dice el dictamen.
María Alejandra Benavides, testigo clave de la Fiscalía, declarará en la Corte
María Alejandra Benavides, la exasesora del Ministerio de Hacienda que, a punta de lágrimas y señalamientos contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco (Hacienda e Interior), y señalamientos contra decenas de congresistas que habrían tramitado cupos indicativos ante el Ministerio de Hacienda, declarará el lunes 4 de agosto ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Recientemente, Benavides obtuvo un principio de oportunidad con inmunidad total, que le otorgó la Fiscalía, y con el que se comprometió a declarar en contra de más de 30 presuntos implicados en el entramado de corrupción de la UNGRD.
La Fiscalía la escuchó durante cuatro días de interrogatorios en los que delató a figuras como Jaime Ramírez Cobo, exasesor del Dapre, o contra su exjefa, Andrea Ramírez, exasesora del exministro Ricardo Bonilla. Ahora la escuchará el magistrado Misael Rodríguez.
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