Irregularidades en la gobernación de Camilo Romero y en la reconstrucción de Mocoa: la confesión que ofreció Pedro Rodríguez Melo

El próximo 25 de septiembre, un juez de la República definirá si imparte o no legalidad al principio de oportunidad concretado entre la Fiscalía General de la Nación y Pedro Rodríguez Melo, el exasesor jurídico del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, que en abril de este año se convirtió en el primer condenado por el caso de corrupción de la UNGRD, con una pena de 4 años y 10 meses de prisión. 

Rodríguez Melo fue condenado por la vía de un preacuerdo por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación agravado, por el entramado de los carrotanques de La Guajira. El funcionario negoció un principio de oportunidad con el ente acusador en el que se compromete a actuar como testigo contra 13 personas no sólo por el escándalo de la UNGRD. También hablará sobre el contrato de 2016 para la venta del aguardiente en Nariño y de un episodio, hasta ahora desconocido, sobre contratos de la UNGRD para la reconstrucción de Mocoa, devastada por una avalancha ocurrida el 31 de marzo y el 1° de abril de 2017 que dejó más de 330 muertos.

Según la matriz del principio de oportunidad que suscribió Rodríguez, conocida por CAMBIO, Rodríguez Melo actuará como testigo contra los exdirectivos de la UNGRD Olmedo López y Sneyder Pinilla; contra el contratista Luis Eduardo López Rosero; contra Camilo Romero y Mario Fernando Benavides, exgobernadores de Nariño; contra el primo de Romero, Andrés Felipe Arango Romero; contra los exsocios de la empresa O.L.N. Richard Portilla y Pedro Bastidas. Lo propio hará contra Lilia Vega Mera, exgerente de la Empresa de Licores de Nariño, y Carlos Andrés Córdoba Celis, exsecretario de TIC, Innovación y Gobierno Abierto del departamento de Nariño.

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Sobre el episodio de Mocoa, Rodríguez Melo se comprometió a delatar a Alethia Carolina Arango Gil, exfuncionaria de la UNGRD, al contratista Iván Alfredo Alfaro Gómez y al empresario Ramón España Gutiérrez.  En total, comparecerá como testigo en cuatro investigaciones que cursan ante la Corte Suprema y jueces del país. 

Las irregularidades en la Gobernación de Nariño

El exgobernador de Nariño Camilo Romero (2016-2019) y el exgobernador encargado (2016) Mario Benavides afrontan un juicio ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por las presuntas actuaciones ilícitas que ejecutaron para supuestamente direccionar la adjudicación del contrato para comercializar el aguardiente en Nariño, que ganó la empresa O.L.N. Organización de Licores de Nariño S.A.S., la cual hizo aportes económicos a la campaña de Romero a la Gobernación a través de uno de sus socios.

Según las investigaciones que cursan sobre ese episodio, el 23 de agosto de 2016 los representantes de O.L.N. obtuvieron el borrador del decreto con los términos y referencias del proceso contractual, antes de que este se divulgara. Esto les dio ventaja sobre otros oferentes. La empresa realizó aportes a la campaña de Romero a través de Portilla, señaló la Fiscalía. Además, obtuvo el contrato sin contar con experiencia ni con capacidad financiera, pero “dado el acuerdo previo entre servidores públicos y particulares se hizo beneficiario de manera ilegal de dicho negocio”, expresó la fiscal María Cristina Patiño en audiencia la semana pasada.

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Pedro Andrés Rodríguez Melo se compromete a relatar las “circunstancias de tiempo, modo y lugar en que durante la campaña electoral a la Gobernación (…) Camilo Romero recibió de Richard Portilla aportes económicos y en especie a cambio de asegurar y garantizar la adjudicación del contrato de compraventa de licores de Nariño”. Asimismo, precisará que Camilo Romero, a través de su primo Andrés Felipe Arango Romero, quien no ostentó un cargo oficial en el ente territorial, actuó como enlace directo del gobernador con Richard Portilla con el propósito de materializar el acuerdo pactado por estos en la campaña. Esto es la adjudicación del negocio jurídico, señaló la fiscal Patiño en audiencia.

“Se compromete a declarar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que Richard Portilla realizó aportes significativos en dinero y especie a la campaña de Camilo Romero a la Gobernación de Nariño a cambio de la adjudicación del contrato de compraventa de Aguardiente Nariño —señaló la fiscal—. Sobre el empresario Pedro Bastidas declarará la forma en la que, junto a Portilla, participaron en las negociaciones con Andrés Felipe Arango emisario y primo del gobernador Camilo Romero a fin de asegurar el direccionamiento del contrato de distribución de aguardiente en el departamento de Nariño”, expresó Patiño.

En cuanto a Lilia Vega, a quien identifica la Fiscalía como “cercana al gobernador”, Rodríguez Melo confesará sobre la participación irregular de la exgerente de la Empresa de Licores en la expedición del Decreto 364 de 2016 y la respuesta de una tutela instaurada por otra empresa interesada en el negocio del aguardiente.  “Se compromete a detallar las circunstancias en las que esta funcionaria recibió instrucciones del gobernador Romero Galeano respecto de la hora exacta en que debía publicar el acto administrativo en cita, es decir, el fraude realizado en la imprenta con la publicación del decreto, pues tenía pleno conocimiento de su difusión extemporánea”, señaló la fiscal Patiño.

Y sobre el exsecretario TIC de Nariño, Carlos Andrés Córdoba, testificará las circunstancias en las que, “actuando como persona de confianza del gobernador Camilo Romero, conoció y participó en el trámite irregular de publicación del Decreto 364 de 2016, así como la expedición del documento falso”.

Las irregularidades en la reconstrucción de Mocoa

Pedro Rodríguez Melo también se compromete a atestiguar sobre un componente de supuestas irregularidades en contratos que se suscribieron en la UNGRD, en tiempos de Olmedo López, para reconstruir viviendas en la capital de Mocoa. 

Hablará de la “estructuración y adjudicación de contratos celebrados para la reconstrucción del municipio de Mocoa direccionados al grupo empresarial dirigido por Ramón España, contratista designado por el director Olmedo López”, en la que tuvo un rol determinante la exfuncionaria Alethia Arango Gil. 

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También confesará cómo el contratista Ramón España, supuestamente, acordó con Olmedo López el direccionamiento de los contratos para la reconstrucción de Mocoa, “donde se conversaron detalles del trámite contractual que se realizarían en el citado municipio, concretamente las obras Sauces II y Sauces V”. 

Sobre el contratista de la UNGRD, Iván Alfaro Gómez atestiguará acerca de su rol clave “en la viabilización y ejecución de los negocios jurídicos previamente direccionados a contratistas a cambio de beneficios económicos”, señaló la fiscal Patiño en audiencia. También hablará sobre el supuesto papel que éste tuvo “a fin de cobrar las coimas pactadas en la adquisición de carros tanques”, dijo Patiño.

Hoy  las obras del proyecto Sauces II se encuentran suspendidas. Esta obra,  anunciada para ayudar a 909 familias damnificadas de la avalancha, contó con una inversión superior a 80 mil millones de pesos. 

La defensa de Romero y el perdón que ofreció Pedro Rodríguez Melo

El exembajador en Argentina Camilo Romero destacó, sobre el ofrecimiento de Rodríguez Melo, que la matriz de colaboración aclara que él nunca tuvo nada que ver con el escándalo de la UNGRD. Pero en audiencias del caso de corrupción de la entidad que estuvo al mando de Olmedo López se ha dicho que la hoja de vida de Rodríguez Melo llegó a la UNGRD por recomendación suya. 

Sobre el expediente acerca del aguardiente -por el que el año pasado fue sancionado por la Procuraduría- Romero asegura que se trata de un caso “montado” por el exfiscal general Néstor Humberto Martínez. En su defensa, Romero ha indicado que, según él, el exfiscal Martínez impulsó este caso por sus “recurrentes pronunciamientos de rechazo” a sus actuaciones como fiscal. Romero se ha defendido haciendo referencia a un audio en el que Rodríguez Melo confiesa, en el pasado, que nunca recibió órdenes ilícitas de su parte. 

En la audiencia en la que se expusieron los detalles del principio de oportunidad que está pendiente de aprobación, Pedro Rodríguez Melo les pidió perdón a las víctimas por el daño causado. “Asumir sus consecuencias y comprender el dolor que puede haber causado, no ha sido fácil, pero ha sido necesario para mirar hacia dentro y reconocerme con todas mis fragilidades en ese camino. He encontrado en Dios la fuerza y la esperanza para continuar. Me aferro a mi fe como guía y sostén, confiando en que solo bajo su voluntad puedo transformar esta experiencia dolorosa en una oportunidad para renacer y emendar”, expresó Rodríguez Melo.

“Pido perdón a quienes se sintieron defraudados, a quienes creyeron en mí y encontraron una decepción y a quienes con justa razón han sentido el dolor o enojo por mis acciones. Mi compromiso es que, en adelante, mi vida sea un testimonio de cambio de ética y de servicio, con fe en Dios, con esperanza en el mañana y con la y con la voluntad firme de ser un hombre diferente. Les ofrezco mi arrepentimiento sincero y la promesa de que esta experiencia será semilla de transformación”, dijo el abogado condenado por la corrupción en la UNGRD.

ana.cuesta@cambiocolombia.com.