Primicia: Defensoría del Pueblo pide tumbar el nombramiento de Eduardo Montealegre en el Minjusticia

En momentos en que el presidente de la República, Gustavo Petro, atiende compromisos de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, la Defensoría del Pueblo, a cargo de Iris Marín, asestó un duro golpe al solicitarle al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anule el nombramiento del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre Lynett.

La Defensoría advierte que la designación de Montealegre, que se produjo en el mes de junio y mucho antes del cuestionado nombramiento de Juan Carlos Florián, incumple con la Ley de Paridad de Género que el presidente de la República sancionó el año pasado. Dicha ley establece que los cargos del máximo nivel decisorio en el Estado deben ser ocupados por al menos un 50 por ciento de representación de mujeres.

“Tal como se ha indicado, el acto demandado vulnera de manera ostensible y directa la norma referida, al no garantizar el mínimo de participación femenina exigido, por lo que su legalidad se encuentra seriamente comprometida, y por ende, el proceso se sustenta en una controversia jurídica que prima facie revela la vulneración del ordenamiento constitucional y legal”, indicó la Defensoría, en una decisión conocida en primicia por CAMBIO.

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“Se concluye la flagrante incursión en una causal de nulidad electoral, sustentada en el artículo 275 del CPACA, circunstancia que afecta directamente la validez del acto de nombramiento, al contradecir el principio de paridad y desatender una obligación legal de representación femenina”, agregó el organismo.

La Defensoría reiteró, tal y como lo anticipó CAMBIO, que para el momento en que se designó a Montealegre en el Minjusticia, el gabinete quedaba desequilibrado. También indica que actualmente continúa así con 10 hombres y nueve mujeres. 

• Ministros hombres (10): Interior, Hacienda, Salud, Trabajo, Igualdad, Defensa, Minas, TIC, Educación y Justicia.
• Ministras mujeres (9): Cancillería, Agricultura, Comercio, Cultura, Transporte, Ambiente, Deporte, Vivienda y Ciencia.

“La obligación derivada de la Ley 2424 de 2024 no se limita a una simple verificación aritmética en el momento de los nombramientos. Se trata de un deber activo, permanente y de garantía en cabeza del presidente de la República. Esto consiste en mantener la conformación paritaria de su gabinete como un estándar mínimo e irrenunciable. De allí que cada vez que se produce una vacante, se activa una obligación jurídica de velar porque el nuevo nombramiento no disminuya o retroceda respecto al umbral del 50 por ciento”, añade el organismo.

La defensora Iris Marín le envió una carta al presidente Petro, desde el pasado 17 de junio de 2025, en la que indicó observaciones sobre el incumplimiento de ley de cuotas en la conformación del gabinete ministerial. “Allí se puso de presente la obligación que tiene el Estado de promover políticas que garanticen, entre otros aspectos, la participación efectiva de las mujeres en la formulación y ejecución de las políticas gubernamentales, así como su acceso a cargos públicos y espacios de toma de decisiones en condiciones de igualdad con los hombres”, señala el memorial de la Defensoría, conocido por CAMBIO.

La carta solo fue respondida con un “acuso recibo”, por lo que el organismo humanitario indica que “resulta claro que en la actualidad no se cumple en debida forma la Ley de cuotas, al incumplir el porcentaje mínimo del 50 por ciento requerido de nombramientos femeninos en los cargos de ministros, rompiendo el equilibrio de género en los cargos del alto nivel decisivo, procediendo la nulidad del último nombramiento que incumplió la referida ley”.

Cuestionamientos al Tribunal por no ordenar la suspensión provisional de Montealegre

La Defensoría también le solicitó al Tribunal que suspenda inmediatamente el nombramiento de Montealegre. En el mes de julio, dicha corporación se negó a hacerlo, advirtiendo que, para esa fecha, aún no existía una reglamentación del gobierno sobre la Ley de Paridad de Género.

“Se requiere urgente una decisión en este sentido, por cuanto, mientras se resuelve de fondo la demanda, el funcionario nombrado de manera contraria a derecho continuará ejerciendo funciones, generando efectos jurídicos, políticos y administrativos, que consolidan situaciones de hecho ilegítimas en contra de la protección que se le debe dar a las mujeres. Es posible que mientras se tramitan las dos instancias, haya finalizado el gobierno y el ministro termine en ejercicio de sus funciones en el cargo”, añade la Defensoría. 

El Tribunal suspendió al ministro de la Igualdad Juan Carlos Florián por los mismos hechos, pero el presidente de la República optó por aceptar su renuncia y volverlo a reintegrar al cargo.

ana.cuesta@cambiocolombia.com.