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Ciro Ramírez en el Senado.
Justicia

Condenan por corrupción al senador del Centro Democrático Ciro Ramírez: pagará 23 años de cárcel

La Sala de Primera Instancia condenó al senador por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, por su injerencia indebida en procesos en el Departamento de Prosperidad Social (DPS).

Por: Ana María Cuesta

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia impuso una condena de 23 años y dos meses de prisión al senador del Centro Democrático, Ciro Alejandro Ramírez, por su participación criminal en actos de corrupción relacionados con el direccionamiento de procesos contractuales en el Departamento para la Prosperidad Social -DPS-. Un proceso que fue bautizado mediáticamente como ‘Marionetas 2’.

Ramírez fue hallado culpable de los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, y fue absuelto por algunos hechos que le atribuyeron en el marco del interés indebido por el que lo acusaron. El legislador deberá pagar una multa de $22.340.620.612 con cargo al Ministerio de Justicia. 

Según la investigación, el exsenador, que recuperó su libertad a principios del año pasado, organizó y dirigió un entramado criminal encaminado a lograr un contrato de gerencia integral que se firmó en 2021 entre el DPS y la empresa Proyecta, por 48.660 millones de pesos. De ese convenio, se derivaron otros 13 contratos que Ramírez direccionó a determinados actores como parte de un pacto urdido para respaldar económicamente su reelección al Senado.

Dicho pacto fue suscrito, de acuerdo con la investigación, a finales de 2021, y de él también participaron el exsubdirector del DPS y exrepresentante del Centro Democrático Pierre García Jacquier; el gerente de la Empresa para el Desarrollo Territorial “Proyecta”, Pablo Herrera Correa, y el exasesor de Herrera, Alejandro Noreña, quien fue quien contactó a Ramírez con su jefe.

“Es de suma relevancia advertir, que la actividad del entramado criminal se encaminó a direccionar los actos contractuales a determinados contratistas a efecto de lograr de ellos un beneficio electoral, siendo de destacar que tales contratos tenían por objeto la construcción, implementación y mejoramiento de vías que se traducen en un avance significativo en las condiciones de vida de la población, con lo cual se potencializa la gravedad de las conductas desplegadas por el Congresista”, indica la sentencia.

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