Fiscalía acusó al excanciller Álvaro Leyva por irregularidades en contrato de pasaportes
La acusación por el delito de prevaricato por acción se produjo ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
Por: Ana María Cuesta
En un momento de incertidumbre jurídica por la reciente entrada en vigencia del nuevo contrato para la expedición de los pasaportes que el Gobierno de Gustavo Petro suscribió con la Casa de la Moneda de Portugal, la Fiscalía acusó al excanciller Álvaro Leyva Durán por el delito de prevaricato por acción por las acciones que él adoptó en 2023 para impedir que el contrato de los pasaportes, por 599.651.582.571 pesos, se le adjudicara a una unión temporal en la que participaba Thomas Greg & Sons.
La acusación por el delito de prevaricato por acción se produjo este jueves ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia y en ella se cuestionan las decisiones que adoptó Leyva al declarar desierta la licitación en la que únicamente había quedado habilitada la Unión Temporal Pasaportes 2023, conformada por Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., Thomas Greg Express, Tomas Greg & Sons Limited (Guernsey) S.A., Seguridad Movil de Colombia, Thales Colombia S.A. y Thales DIS Finland Oy.
“Según la acusación, agotadas las etapas previstas en la normativa contractual, el Comité Evaluador concluyó que la propuesta presentada por la Unión Temporal Pasaportes 2023 cumplía con los requisitos exigidos y obtuvo el mayor puntaje, razón por la cual recomendó su adjudicación. No obstante, el 13 de septiembre de 2023, Leyva Durán, en su condición de ministro, profirió la resolución No. 7485, mediante la cual declaró desierta la licitación, pese a la existencia de un proponente habilitado”, señaló la Corte en un comunicado.
El ente acusador advierte que los argumentos que adujo el excanciller Leyva resultaron insuficientes para impedir la adjudicación. “Las razones invocadas en torno a la supuesta afectación de los principios de libre concurrencia e igualdad no constituían fundamento legal suficiente para impedir la adjudicación”, añade la Corte.
La Cancillería fue reconocida como víctima en el proceso penal que afronta el exdirigente del Partido Conservador, que fue destituido por la Procuraduría por el término de diez años.
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