
Le llueven críticas al gobernador de Antioquia por proyecto de nuevo cobro en la factura de energía
Se trata de una tasa de seguridad que, de aprobarse, se empezaría a cobrar desde el 1 de enero de 2025. Los gremios rechazaron de forma radical la propuesta.
Por: Rainiero Patiño M.
Una propuesta del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, tiene al departamento alborotado. El funcionario pretende comenzar a cobrar una nueva tasa de seguridad, a través de la factura de energía, a los usuarios de los estratos 4, 5 y 6. Así, mientras en varios departamentos buscan acabar con este tipo de cobros debido a sus malos resultados en la implementación, en Antioquia podrían empezar a cobrar este nuevo recargo a partir del mes de enero.
El proyecto de ordenanza 059, por medio del cual se impone la tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana, fue presentado por el gobernador el pasado 12 de noviembre en la Asamblea Departamental.
El nuevo impuesto sería cobrado a todos los suscriptores del servicio público domiciliario de energía eléctrica en Antioquia y la base gravable está constituida por el consumo mensual expresado en kilovatios por hora de energía eléctrica, de acuerdo a la facturación.
Según establece el proyecto, las tarifas aplicables a la base gravable para liquidar el cobro quedarían determinadas en Unidad de Valor Tributario (UVT) por kilovatio/hora consumido, de la siguiente manera: en estrato 4, 5 y 6, el 0,0017; en sector industrial, el 0,0013; en comercial, 0,0015, y en el sector oficial, 0,0012.
Los estratos 1,2 y 3 estarían exentos del cobro de la Tasa. La liquidación de la misma sería responsabilidad de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Antioquia, y el recaudo estaría a cargo de quienes actúen como comercializadores, distribuidores y/o prestadores del servicio público en Antioquia.
‼️Andrés Julián #Rendón creó en #Rionegro la Empresa de Seguridad del Oriente (ESO) con el propósito de combatir el crimen en el 2017🚨
— Miguel Gutiérrez C.✊🏻 (@miguelgutierce) November 19, 2024
Sin embargo, pese a recibir más de 30 mil millones de pesos al año, sus acciones se han limitado principalmente a la instalación de luminarias,… pic.twitter.com/S7mghTUmv1
Ese recaudo debe ser transferido a la cuenta que establezca el departamento, previo descuento del costo de facturación y recaudo que sea pactado, a través de un convenio suscrito entre el departamento y los responsables de facturar y recaudar la Tasa.
“El mayor recaudo, por concepto de la Tasa Especial, será destinado a financiar el fondo cuenta territorial de seguridad para fomentar la seguridad y la convivencia ciudadana del Departamento de Antioquia”, indica el documento firmado por el gobernador Rendón.
La propuesta inicial dice que el cobro se haría desde el 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2027.
Rechazo radical
A la iniciativa le han llovido críticas abiertas, tanto de la ciudadanía como de las diferentes agremiaciones de comercio. Es el caso de la Cámara de Comercio de Medellín, que expresó públicamente su oposición al proyecto de implementación de la tasa.
“Los empresarios de Antioquia están enfrentando retos complejos y sus esfuerzos ya se notan en una economía que se reactiva de manera sostenida. Por eso, las instituciones de fomento a la actividad empresarial debemos proveer las mejores condiciones para que sigan creciendo, y en ese propósito, desde la Cámara de Comercio no vemos oportuno cargar la factura de energía con un impuesto para la seguridad”, señaló la Cámara por medio de un comunicado de prensa.

La agremiación de comerciantes también llamó la atención sobre los duros momentos que atraviesa el sector de la energía, debido a la poca generación y el impacto que esto ha tenido en las facturas para los usuarios.
“La cuenta de servicios no debe ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos ni otras tasas tributarias, porque se trata de cargos ajenos a la naturaleza del servicio”, argumentó la Cámara de Comercio. Además, hizo un llamado a buscar otros caminos de solución.
María José Bernal, directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, igualmente dijo que desde su gremio ven con “profunda preocupación” el proyecto del gobernador. “No podemos. No aguantamos más impuestos desde las empresas, aquí ya es bastante difícil ser formal. La invitación es flexibilizar y minimizar la carga tributaria que ya soportan las unidades productivas del departamento. Tampoco cabe la conversación de contraponer seguridad versus más impuestos. Invitamos a buscar diferentes alternativas, a poner un tributo más”, señaló Bernal.
Acopi, la agremiación de los micro, pequeños y medianos comerciantes de Antioquia, también se opuso a la iniciativa, que calificó como una iniciativa no consultada, no conversada y no acordada con los empresarios, los gremios y el sector productivo de la región.
“Incluso, que la tasa sea cobrada al sector residencial, en los estratos 4, 5 y 6, afecta muchas de las unidades productivas que representamos, porque muchos de nuestros emprendedores y empresarios utilizan sus residencias para procesos productivos. Máxime, luego de la pandemia de 2020, de la cual aún no nos reponemos”, enfatizó Acopi.
Las críticas han sido tan fuertes que, después de la radicación del proyecto en la asamblea, el gobernador Rendón no se ha vuelto a pronunciar abiertamente sobre el mismo.
En la Asamblea de Antioquia, el ambiente también está caldeado. Y aunque todavía no está agendada ni la reunión previa de la comisión de presupuesto, muchos diputados le auguran un duro camino a la propuesta del gobernador.
Luis Peláez, del Partido Dignidad y Compromiso, le dijo a CAMBIO que “el proyecto no solo es ilegal porque no se puede cobrar esa tasa y menos en los servicios públicos, sino que también es inconveniente, porque eso va a afectar el comercio formal e informal de Antioquía, y aunque en principio a estratos 4, 5 y 6, eso repercute en todo”.
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