Primer 'round' del proyecto de sobretasa de seguridad en Antioquia: ¿qué pasó en la Asamblea?

El proyecto de ordenanza por medio del cual el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, propuso crear una nueva sobretasa y cobrarla en el recibo de energía tuvo este lunes su primer round en la Comisión Primera (Hacienda) de la Asamblea de Antioquia.

La iniciativa, que fue consignada en el Proyecto de Ley 059, del 12 de noviembre de 2024, propone empezar a cobrar a partir del primero de enero de 2025 una sobretasa de seguridad en las facturas de energía de los usuarios de los estratos 4, 5 y 6 de Antioquia.

La discusión del proyecto empezó con aires de mayoría para su aprobación en la Comisión. Esto quedó en evidencia con la votación del informe de ponencia hecha por la secretaría de la Asamblea, que recibió seis votos a favor y solo uno en contra.

La propuesta de Rendón, que causa alboroto en Antioquia, pretende comenzar a cobrar una nueva tasa de seguridad a los usuarios de los estratos 4, 5 y 6. Algo similar a lo que los usuarios de varios departamentos buscan tumbar debido a sus malos resultados.

Este nuevo impuesto sería cobrado a los suscriptores del servicio de energía eléctrica en Antioquia y la base gravable está constituida por el consumo mensual expresado en kilovatios por hora de energía eléctrica, de acuerdo con la facturación.

La primera intervención de la jornada fue del diputado Luis Gabriel Gómez (Centro Democrático), presidente de la Comisión y uno de los ponentes del proyecto, quien defendió la iniciativa y señaló que esta, contrario a lo que han dicho algunos críticos, “sí está dentro del marco constitucional y legal”.

Gómez, además, catalogó la iniciativa como “conveniente”, porque busca fortalecer la seguridad en el departamento y trabajar por los espacios de convivencia, después de leer una larga lista de titulares de noticias de afectación al orden público.

También, con números y cifras, intentó convencer a sus compañeros de que la sobretasa propuesta por el gobernador Rendón sería la más baja de todas las otras cuatro que se aplican actualmente en departamentos del país.

“Más de 100 alcaldes, de los 125 del departamento, apoyan la iniciativa. ¿Y cómo no? Si estos 1,2 billones de pesos que se recauden irán a apoyar la seguridad de los municipios. Es un proyecto que le cambia la realidad a Antioquia”, insistió Gómez.

Luego hicieron su sustentación los otros dos ponentes, Luis Esteban Villegas (Partido Conservador), y Jonathan Roldán (Partido Liberal), quienes también defendieron el fondo legal y técnico de la sobretasa.

Después tuvo su espacio la representación de la Gobernación de Antioquia. Todo iba viento en popa para el avance del debate, hasta cuando el propio Gómez señaló que había sido radicada una recusación en su contra y contra el diputado Carlos Humberto García, que debía ser trasladada a la presidencia de la Asamblea y ser resuelta por la Comisión de Ética de la duma.

La recusación a Gómez y García fue hecha por el también diputado Luis Peláez (Partido Dignidad y Compromiso) “por posible conflicto de intereses en la discusión del Proyecto de Ordenanza de la nueva tasa de seguridad”.

Según argumentó Peláez, el Partido Centro Democrático, al que representan los recusados, habría recibido varias donaciones con destinación específica para las elecciones territoriales de 2023, donde se muestran varias empresas con asentamiento en Antioquia. Como ejemplo, señaló que la empresa Bavaria entregó una donación por 600 millones de pesos al grupo político.

También, el diputado dijo que, según el Consejo Nacional Electoral, Gómez recibió para las elecciones territoriales de 2023 una donación por parte del Partido Centro Democrático por 40 millones de pesos. Y García recibió, para las mismas elecciones, una donación de 1.500.000 pesos.

“Por estas razones le solicito a la comisión aplicar los artículos 244 al 252 y darle trámite a la presente recusación, en especial el artículo 12 de la Ley 1437 de 201, que indica que la actuación administrativa se suspenderá desde la manifestación del impedimento o desde la presentación de la recusación, hasta cuando se decida”, expresó Peláez en el documento.

Ante la solicitud, el presidente Gómez no tuvo más remedio que suspender el debate del proyecto y anunció que la Comisión de Ética de la Asamblea tendría “un día hábil para resolver la recusación”.

El punto clave del asunto es que, según le contó una fuente a CAMBIO, el reglamento de la Asamblea de Antioquia no tiene términos establecidos para la resolución de un caso como este y hasta que la Comisión de Ética no emita un concepto no se podría avanzar en la discusión del proyecto, que ya está sobre el tiempo para cursar su trámite en este periodo de sesiones.

Y lo otro es que, aunque el gobernador Rendón cuenta, en el papel, con mayoría tanto en la Comisión de Hacienda como en la plenaria para aprobar el proyecto, no ocurre así en la Comisión de Ética, donde podría terminar enredándose esta primera etapa de su propuesta.