Se reducirán 160 contratos de cátedra para 2025 en la Universidad de Antioquia, un efecto de la crisis financiera
Profesores de la institución afirman que disminuir la cantidad de docentes afecta directamente su estabilidad y la calidad educativa de la universidad. La administración afirma que las necesidades de docencia que tenga la institución se van a garantizar. ¿Qué está pasando?
Por: Claudia Quintero
La crisis financiera que atraviesa la Universidad de Antioquia (UdeA) continúa. Pese a que el ministro de Educación, Daniel Rojas, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, han dicho en varias ocasiones que es necesario buscar caminos para salir del problema, aún no hay quien asuma los recursos que faltan y ya se ven las consecuencias.
La UdeA tiene más de 200 años de historia y se ha convertido en un patrimonio de los paisas. Ahora arrastra una desfinanciación de 340.000 millones de pesos, según la administración. Hace poco logró conseguir un crédito de tesorería de 90.000 millones de pesos para cumplir con las obligaciones de este 2024, pero esta suma es insuficiente y tampoco ofrece una solución de fondo.
Mientras tanto, la institución viene avanzando en un plan de austeridad que, en cierta medida, busca reducir los gastos, pero también ha generado preocupación entre la comunidad universitaria. Esta semana, la UdeA confirmó que no se autorizaron 160 contratos calendario, que son de profesores que no están directamente vinculados, pero que tienen un contrato de 20 horas a la semana, lo que les garantiza cierta estabilidad para pagos de salud, pensión y liquidación anual.
La universidad tiene tres tipos de contratos con los docentes: los vinculados, que son los que tienen un contrato desde término fijo hasta término indefinido y son de carrera; los ocasionales, que entran a ocupar una plaza provisionalmente; y los de cátedra. Este último se divide en dos de manera administrativa: cátedra calendario y los de cátedra externa, que son los que se contratan por horas por cada curso.
Con esta decisión, la universidad pasará de tener 460 profesores con este tipo de contrato en 2024 a 300 en 2025. Según profesores de la UdeA que hablaron con CAMBIO, y que prefirieron no ser citados, esta decisión representa una pérdida de estabilidad laboral para los maestros y un detrimento de la calidad educativa de la institución.
Los efectos de la decisión y la preocupación de la comunidad universitaria
Uno de los docentes afectados por la decisión le aseguró a este medio que ya no los van a contratar por 11 meses, sino que lo podrían ser sólo para algunos cursos y, en efecto, les pagarán sólo por el periodo que trabajen. “Es como los prestadores de servicio: quedamos en el aire cada vez que se termina. Es como lagartear un curso para sostenerse”, señaló.
Ese profesor trabaja en una de las sedes que tiene la UdeA en un municipio de Antioquia y dice que es “evidente” que la regionalización va a resultar afectada. Esto, en la medida en que muchas de las funciones que tenían asignadas docentes con cátedra calendario, ahora las tendrán que asumir otros maestros desde Medellín.
“Hay una cantidad de labores administrativas que van a tener que atender los profesores ocasionales y vinculados. Eso nos afectará más por la curva de aprendizaje que tendremos que desarrollar para emprender nuevas labores”, explicó.
Una de las críticas y preocupaciones de los maestros es que se está cumpliendo con un pedido del secretario de Educación del departamento de Antioquia, Mauricio Alviar, quien dijo que uno de los factores agravantes de la crisis es el incremento de los contratos de hora cátedra para la docencia directa. Sin embargo, la comunidad universitaria se sostiene en que apostarle a reducir la nómina de maestros no es la solución, pues muchos de los gastos se hacen en otros sectores.
Lo que dice la universidad: “No se afecta la calidad educativa”
Por su parte, la universidad se mantiene en que es necesario repensar las formas de reducir los gastos en la institución, pero sin afectar la calidad educativa y afirma que la situación con los contratos calendario ha cambiado en los últimos años y obedece completamente a las necesidades específicas.
La vicerrectora de Docencia, Marcela Ochoa, le explicó a CAMBIO que la institución hace convocatorias para disponer de bancos de hojas de vida y cuando las unidades académicas, que son las facultades, necesitan contratar a un profesor de cátedra por actividad específica, acuden a esos bancos y de allí seleccionan al docente que necesitan. Es decir, la universidad busca a los docentes de acuerdo con las necesidades puntuales.
De hecho, aseguró que en los últimos años ha cambiado el número de contratos que se autorizan. Por ejemplo, en 2022 se autorizaron 300 contratos cátedra calendario, mientras que en 2023 fueron 450, en 2024 se autorizaron 460 y, para el próximo año, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal de la universidad, sólo serán 300 las autorizaciones.
Ochoa también insistió en que esa decisión no tendrá efectos sobre la calidad de la UdeA y que siempre que se necesiten docentes se van a contratar. “Si una unidad académica no puede suplir las necesidades de docencia con los profesores vinculados y ocasionales que tiene, tendrá que hacer contratos cátedra, otros como cátedra calendario y algunos como cátedra normal. Eso tendrá que ser así mientras no mejoren las situaciones financieras de la institución”, explicó.
Otro docente consultado por CAMBIO mencionó que si se eliminan esos contratos y los profesores vinculados tienen que asumir la docencia directa, sería difícil sostener la investigación y la extensión, que son pilares de la Universidad de Antioquia.
“Buena parte de la carga de investigación de los profes se les va a tener que restringir, porque tendrán que dar clase”, aseguró el profesor.
Justo en medio de esta situación, no se ve un panorama favorable para esta y otras universidades públicas que están en medio de una crisis. Se esperaba que ayer lunes se discutiera en la Cámara de Representantes la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que le apuestan a que se destinen más recursos para las instituciones de educación superior públicas. No obstante, el proyecto quedó aplazado para el próximo año.
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