Ola invernal deja miles de familias damnificadas en el Chocó: Procuraduría pide declarar estado de emergencia

Una nueva ola invernal azota el departamento del Chocó desde principios de octubre.  Miles de familias en la mayoría de los municipios del departamento se han visto afectadas por las intensas lluvias en las últimas tres semanas. Crecientes súbitas, inundaciones, deslizamientos de tierra y el colapso de vías terciarias y viviendas rurales han dificultado la movilidad, así como el acceso a alimentos y los servicios básicos de las comunidades.

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Según un balance preliminar de la Defensoría del Pueblo, hay 20.000 familias damnificadas en 18 de los 31 municipios del departamento. La UNGRD, en cambio, reporta que la emergencia ha dejado cerca de 30.000 familias afectadas en 22 municipios; por su parte, el representante a la Cámara James Mosquera asegura que hay más de 34.000 personas que ya han sido registradas como damnificadas en 23 municipios. 

La situación ha escalado a tal punto que la Procuraduría General de la Nación solicitó de manera urgente la declaratoria de un estado de alerta departamental preventivo en el Chocó. Además, pidió a la Gobernación y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) disponer brigadas móviles de atención humanitaria y técnica en zonas rurales, y establecer un canal de comunicación permanente con las alcaldías, los organismos de socorro y las asociaciones locales.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al gobierno local y a la UNGRD para que coordinen la activación de planes de contingencia y medidas preventivas, especialmente durante esta última parte del año.

Según la Defensoría, la situación es especialmente preocupante en el municipio de Lloró, donde las comunidades de Tocolloró y Canchido han sufrido desplazamientos masivos por el conflicto armado y ahora deben enfrentar los problemas causados por el desbordamiento de los ríos Atrato y Andágueda, lo que, según la entidad, agrava su situación de vulnerabilidad.

Esto se suma al confinamiento de comunidades en los municipios de Bojayá, Alto Baudó y Bajo Baudó, donde el nivel de riesgo y vulnerabilidad aumenta de forma alarmante. “La emergencia está vulnerando los derechos fundamentales de la población chocoana a la vida, la integridad, la educación, la vivienda, la alimentación y el trabajo, entre otros”, señaló la Defensoría.

El pasado 29 de octubre, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, lideró el Consejo Extraordinario de Gestión del Riesgo, donde se acordaron compromisos como la entrega de ayudas humanitarias y la declaratoria de calamidad pública, así como un convenio con el Gobierno departamental para poner a disposición de los municipios equipos vehiculares, marítimos y terrestres que fortalezcan la capacidad de respuesta local.

De hecho, la UNGRD inició ese mismo día la entrega de asistencia humanitaria en coordinación con la Gobernación del departamento. Las primeras 980 ayudas, que incluyen kits de alimentos y aseo, se distribuyeron en el municipio de Lloró. Según la entidad, ya disponía en el Chocó de 6.000 de estos kits, que ahora serán reforzados con 1.500 frazadas y 1.000 kits adicionales despachados desde Bogotá.

Además, el equipo técnico de la UNGRD en territorio apoyará a las autoridades locales en el levantamiento de información para determinar el número de personas damnificadas y verificar los daños. 

Meses atrás, la entidad firmó un convenio por 30.000 millones de pesos con la Gobernación del Chocó y el Fondo Adaptación para iniciar un Plan de Recuperación y Reasentamiento en el departamento, que incluye al corregimiento de Boraudó, en Lloró. Este plan busca priorizar los municipios más afectados por las inundaciones y avanzar en procesos de reubicación de las comunidades en zonas seguras.