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Denuncia por irregularidades con comparendos de tránsito en Codazzi, Cesar. Composición Kim Vega,
Denuncia por irregularidades con comparendos de tránsito en Codazzi, Cesar. Composición Kim Vega,
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“Se eliminaron las multas porque fueron puestas de manera ilegal por el socio”: Tránsito de Codazzi responde a denuncia

El secretario de Tránsito Municipal y un asesor de la Alcaldía dicen que el dueño de Millennium Sistems falsificaba documentos y que incumplió el contrato, por lo que fue suspendido de manera unilateral. ¿Quién tiene la razón en el caso de la desaparición de más de 20.000 multas de tránsito en el municipio del Cesar?

Por: Rainiero Patiño M.

Si seguimos intentando definir con frases simples el caso, ‘luz amarilla intermitente’ podría ser el título para el nuevo capítulo del enredo por la eliminación de más de 23.000 comparendos o infracciones del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT) desde la oficina municipal de Tránsito del municipio de Codazzi (Cesar). El valor total de las infracciones descargadas sería de 14.744 millones de pesos.

El hecho fue denunciado por Carlos Peñaloza, el dueño de la empresa Millennium Sistems SAS, que era socio gestor de la Alcaldía de Codazzi en el manejo del tránsito desde 2015. Esta compañía se encargaba de todos los procesos de apoyo logístico y operacional de la secretaría, como fotodetección electrónica, matrículas, licencias de conducción y trámites ante el Runt, entre otros.

Peñaloza, además, señaló a Hernán Baquero, alcalde de Codazzi, y a José Carlos Torregrosa, secretario de Tránsito, de estar al tanto de la posible red de corrupción y hasta de ser parte de la misma.

Una réplica del caso

En respuesta a las graves acusaciones de corrupción, Hermann Garrido Prada, asesor de la Alcaldía en materia de movilidad, y el secretario de Tránsito Municipal, José Carlos Torregrosa, hablaron con CAMBIO.

Garrido dijo que, contrario a lo expresado por Peñaloza, es el propio dueño de la firma Millennium quien ha cometido irregularidades graves en el contrato y en la expedición de las infracciones.

El asesor, además, señaló que Peñaloza, quien fue el representante legal de la empresa hasta mayo de 2024, venía manejando a su antojo los recursos provenientes del cobro de las infracciones como si se tratara de un negocio privado, “pese a que se trata de una sociedad de economía mixta en la que el municipio tiene una participación del 45 por ciento”.

Garrido, además, indicó que Millennium, en su calidad de socio gestor, no solo omitió transferencias de esos dineros al municipio, sino que “emitió ilegalmente el cobro de comparendos sin cumplir requisitos como la existencia de expediente contravencional, notificación válida al infractor o pruebas de la infracción”. Incluso, lo señaló de falsificar constancias de notificación.

“Colocaba comparendos incluso sin cumplir con las condiciones técnicas de los dispositivos para tomar las fotomultas y aplicaba fotomultas por miles, afectando a los ciudadanos que atravesaban las vías del Cesar”, señaló.

El asesor de Codazzi también dijo que un informe de la Contraloría General del Cesar, del 16 de julio de 2024, “identificó un hallazgo de la mayor gravedad, según el cual en lo corrido de ese año, Millennium Sistems habría recaudado 4.357 millones de pesos, sin girar uno solo al municipio. De estos, 3.450 millones de pesos corresponden a cobros de multas y 907 millones a otros ingresos operacionales”.

Otra cosa que según Garrido le llama la atención, es que “Millennium reportó un gasto operacional de 3.667 millones de pesos, incluyendo 2.912 millones de pesos en servicios”. Lo que calificó “como desproporcionado”.

“Entre el 1° de enero de 2024 y el 14 de julio de 2025, el socio gestor no convocó ni una sola junta ordinaria o extraordinaria, incumpliendo sus deberes legales. El alcalde, Hernán Baquero, se vio obligado a convocar directamente a reuniones en agosto de 2025, pero no se recibieron explicaciones satisfactorias sobre el uso de los recursos”, detalló Garrido.

Docuemento de terminación del contrato expedida por la Alcaldía de Codazzi.
Docuemento de terminación del contrato expedida por la Alcaldía de Codazzi.

Una denuncia penal y un fallo

El vocero de la administración municipal indicó que, como medida “a la gravedad de los hallazgos”, la Alcaldía de Codazzi interpuso denuncias penales por los posibles delitos de falsedad ideológica en documento privado, fraude procesal, apropiación indebida, concierto para delinquir y administración desleal en contra de Peñaloza y otros trabajadores de Millennium, como Pedro Fernández Quiroz (revisor fiscal), Melissa Martínez García (contadora), Víctor Montes Anaya (exrepresentante) y Karen Torres Molina (actual representante legal).

Como prueba contra las acusaciones de Peñaloza, Garrido también presentó un fallo del Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar, del 30 de septiembre de 2025. Este, en respuesta a una acción popular, “confirma que la sociedad (con MIllennium) amenaza el patrimonio público, al evidenciar graves fallas contables y de transparencia”.

Entre las anomalías señaladas por Garrido, con base en esa auditoría de 2021, están: la posible ausencia de inventarios y bienes que figuran como activos, obligaciones tributarias pendientes, omisión en la práctica de retenciones, pagos sin soportes a terceros y abogados, arrendamientos y mantenimientos sin justificación contable y multas por incumplimientos fiscales desde 2018.

“Quiere desinformar”

Según Garrido, las denuncias públicas de Peñaloza hacen parte de un intento por desinformar y desacreditar a los funcionarios actuales de Codazzi.

Sobre las descargas masivas de comparendos, el asesor reconoció que sí hubo, pero señala que “fue obligada por la falta de expedientes y notificaciones válidas, responsabilidad que atribuye exclusivamente al socio gestor. “Él es el cerebro, la mente criminal detrás del desfalco”, añadió.

Y respecto a las acusaciones de Peñaloza en las que señaló que los funcionarios de la Alcaldía recibían dinero por descargar las multas y que el propio alcalde le había pedido dinero para no terminar el contrato, Garrido dijo que es posible que los tramitadores cobraran por su servicio, pero que este nunca llegaba a los trabajadores oficiales. 

Denuncia presentada por la Alcaldía en contra de la empresa de Carlos Peñaloza.
Denuncia presentada por la Alcaldía en contra de la empresa de Carlos Peñaloza.

“El mismo Peñaloza se autoincrimina cuando dice que entrega plata (al alcalde Baquero) y es cierto: él ha entregado plata a funcionarios públicos de muchos municipios donde él tiene esas concesiones y lo arregla todo con dinero. Pero esta administración no le recibió un peso, ni el secretario de Tránsito, ni el alcalde”, expresó.

Garrido, por último, dijo que sí hay un detrimento al patrimonio público por las descargas, pero que “será Millenniums Sistem S.A.S. la que deberá devolver al municipio el 45 por ciento de cada comparendo perdido por causas atribuibles a su gestión”.

Como antecedentes al lío con la firma Millennium en Codazzi, Garrido dijo que Peñaloza ya había tenido problemas similares en otros municipios, como Fonseca (La Guajira), “en donde se declaró la caducidad de un contrato de concesión con la misma empresa por graves y reiterados incumplimientos”. 

El secretario Torregrosa, por su parte, negó haber tenido injerencia en la descarga de unos comparendos a nombre de algunos familiares, como su hermano y su madre. De eso lo acusó Peñaloza, al publicar algunos registros del SIMIT.

“Ahí hay una descarga de comparendos de mi madre y de mi hermano, con unas solicitudes que se hicieron en 2023. Todo eso tiene su OK. Como este señor tenía como manipular la información, ha sacado una cantidad de videos, con unos Excel. Pero yo tengo soporte de todo eso, hasta la carta de impedimento de ese momento y porque el alcalde, como primera autoridad, firma los comparendos de mis familiares, en ese caso creo que no he violado la ley”, señaló Torregrosa.

Lo cierto hoy es que la Alcaldía de Codazzi declaró terminado el contrato con Millennium, cosa que Peñaloza califica como ilegal. Así que serán los organismos de control y las autoridades competentes quienes deben decidir quién es el responsable por el posible detrimento o ilegalidades en la descarga masiva de las infracciones. Y, además, quién tiene que responder por los recursos.

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