
Presidente Petro pidió perdón a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó por violaciones a los derechos humanos
El mandatario criticó que en el acto de reconocimiento de responsabilidad no estuvieran presentes representantes de diferentes instituciones del Estado. Además, afirmó que en las últimas tres décadas se han registrado avances limitados en las investigaciones.
Por: Jonathan Beltrán
El presidente Gustavo Petro lideró el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional en el que ofreció disculpas a la comunidad de Paz de San José de Apartadó (Antioquia) por las graves violaciones a los derechos humanos registradas entre 1997 y 2007, en hechos violentos relacionados con amenazas, ejecuciones extrajudiciales y masacres.
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En el acto realizado en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, el mandatario reconoció la responsabilidad del Estado en crímenes cometidos con complicidad o aquiescencia de integrantes de la fuerza pública. Además, criticó que representantes de otras instituciones no estuvieran presentes para asumir de forma conjunta el compromiso de verdad, justicia y reparación.
“Este acto de perdón es un tanto hipócrita porque aquí no está el Estado, que hay que invitarlo. Si la comunidad quiere, puede invitar a la cúpula militar y a los presidentes de las mesas directivas del Congreso a ver si aprenden. Es el Estado el que tiene que cambiar y ese Estado, todo, el que debe pedir perdón”, indicó el presidente Petro en su intervención.

En el evento que contó con la participación de embajadores, líderes internacionales y organizaciones defensoras de los derechos humanos, el presidente reiteró que la impunidad es uno de los principales retos para la consolidación de una paz estable y duradera. En ese sentido, cuestionó el avance limitado de las investigaciones sobre las afectaciones a la comunidad.
El mandatario reiteró que durante las últimas tres décadas las denuncias de las víctimas de la violencia en San José de Apartadó han sido rechazadas y desestimadas en múltiples ocasiones. Por eso, les solicitó a los órganos de control avanzar en el esclarecimiento de los hechos para fortalecer procesos de reparación material, moral y social en el territorio.
“Sus municiones fueron compradas con dineros públicos”: Petro sobre participación de la fuerza pública en hechos violentos en San José de Apartadó
En su informe sobre los hechos violentos cometidos en el territorio antioqueño, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recopiló al menos 66 vulneraciones cometidas por agentes estatales, grupos paramilitares y estructuras guerrilleras en contra de los miembros de la comunidad de paz que optaron por mantenerse al margen del conflicto.

El órgano autónomo encontró que integrantes de la fuerza pública participaron en múltiples masacres, desapariciones forzadas, incineración de viviendas y actos de violencia sexual en San José de Apartado. Además, la CIDH encontró que esas violaciones a los derechos humanos revelaron una política estatal orientada a la tolerancia y el encubrimiento de los hechos.
En medio del desarrollo de las confrontaciones en su territorio, la comunidad defendió su neutralidad en las disputas y reclamó su derecho a vivir en paz. Sin embargo, la CIDH ha reiterado que la labor del Estado resultó insuficiente para proteger a la población. Además, se encontró que algunas instituciones ignoraron el carácter sistemático de los crímenes de lesa humanidad reportados.

“Pido perdón a nombre del Estado de Colombia, que asesinó a la comunidad de San José, y no juzgó el crimen en el que funcionarios del gobierno asesinaron más de 300 de sus miembros de la comunidad, durante tres décadas de ignominia. Sus municiones fueron compradas con dinero públicos”, indicó el presidente en el acto de reconocimiento público.
En el cierre del evento, el mandatario reiteró que la Agencia Nacional de Tierras deberá mantener su compromiso con la reparación colectiva de la comunidad mediante programas relacionados con la atención integral de las víctimas, la preservación de la memoria y el impulso de las investigaciones judiciales adelantadas sobre las vulneraciones denunciadas.
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