Las razones por las que la Procuraduría suspendió temporalmente al agente interventor de Coosalud, EPS con más de 3 millones de afiliados

La Procuraduría General de la Nación suspendió por tres meses al agente interventor de Coosalud EPS, Alexander Mesa Romero, por presuntas irregularidades en la prestación del servicio de salud y el posible deterioro financiero de la entidad. Se trata del tercer interventor suspendido en marzo; los otros dos son Carlos Alberto Betancur Castañeda, de la EPS Servicio Occidental de Salud SAS (SOS), y William Humberto Salgado Gamboa.

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Los agentes interventores son las personas encargadas de actuar como representantes legales y administradores de las EPS con problemas financieros que son tomadas por el Gobierno para garantizar el aseguramiento en salud, la continuidad en la prestación del servicio y la protección de los derechos de los usuarios.

El 22 de noviembre de 2024, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención de la EPS Coosalud tras detectar, en auditorías realizadas previamente, deficiencias administrativas, financieras, asistenciales y jurídicas que, según la Superintendencia, afectaron la prestación de los servicios y pusieron en riesgo la atención de más de 3 millones de afiliados.

Por ello, era clave que, luego de que la Supersalud tomara posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de Coosalud y reemplazara a su representante legal y a la junta directiva, el agente interventor se encargara de mejorar las cuentas y servicios de la entidad. De hecho, por esta EPS han pasado un total de cuatro agentes interventores. Sin embargo, la Procuraduría se encontró con un panorama totalmente diferente.

¿Qué encontró la Procuraduría en Coosalud EPS?

La Procuraduría, desde el año pasado, ha realizado visitas administrativas y de control de gestión a las EPS, ante la grave crisis del sistema de salud. Durante estas diligencias, encontró que en Coosalud EPS se ha presentado un aumento de quejas y reclamos, retrasos en diagnósticos y tratamientos, así como problemas en la oportuna entrega de medicamentos.

Según un informe, a 31 de diciembre de 2025 la EPS contaba con un acumulado de 107.252 PQR, lo que representó un aumento del 32 por ciento frente a 2024. También al cierre de 2025 registraba 20.216 tutelas, un 21 por ciento más que en 2024.

“El incremento de las tutelas señala el aumento paralelo en las barreras de acceso a los servicios de salud de los afiliados a Coosalud EPS, y demuestra que la medida de intervención forzosa administrativa agravó las problemáticas de acceso a los servicios de salud que dieron origen a la medida de intervención”, dice el informe.

Además, por el incumplimiento de los fallos judiciales, entre 2024 y 2025 se incrementó el número de incidentes de desacato. En 2024 fueron interpuestos 3.456 incidentes y en 2025 la EPS reportó un total de 3.943, un 14 por ciento más.

Esto se suma a un posible problema de finanzas de la entidad. Según el reporte, la EPS presenta un deterioro financiero “progresivo y profundo”, con una caída de la liquidez, pasando de 1,53 en 2023 a 0,70 al cierre de 2024. Además, reportó un incremento excesivo de las cuentas por cobrar y una disminución del patrimonio, que pasó de 283.522 millones a -859.167 millones de pesos, lo cual “muestra señales claras de descapitalización y riesgo de continuidad”.

Por esa razón, la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los presuntos hechos reportados. 

También abrió investigación disciplinaria a Mesa y a los otros interventores de Coosalud EPS: Gloria Libia Polanía Aguillón, Julio César Piñeros Cruz y Carlos Eduardo Franco Muñoz, para determinar su rol en las falencias en la prestación del servicio a los pacientes y el aumento de las pérdidas patrimoniales.