¿Qué es la ley de Jurisdicción Agraria que firmó Petro en Cereté, Córdoba?
El presidente Gustavo Petro sancionó la ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria en Cereté, Córdoba. Además entregó tierras a familias damnificadas por la emergencia climática. Conozca aquí qué es este nuevo avance.
Por: Nataly Ríos
El presidente Gustavo Petro firmó este jueves en Cereté, Córdoba, la ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria y Rural, una iniciativa que establece por primera vez en el país un sistema judicial especializado para atender y resolver disputas de tierras entre campesinos, comunidades étnicas y el Estado.
La sanción de la ley se dio en medio de una jornada que incluyó la entrega de 3.600 hectáreas a familias campesinas afectadas por la emergencia climática en el departamento, por parte del presidente, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, y el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman. Por otro lado, se dio el inicio de la demolición de jarillones, una medida orientada a la recuperación de las ciénagas del Bajo Sinú.
También se contempla la puesta en marcha de Centros de Servicios Judiciales y Administrativos de Apoyo Técnico Agrario y Rural, encargados de ofrecer soporte pericial y acompañamiento especializado en este tipo de procesos. Asimismo, se crearán figuras como los facilitadores agrarios y rurales, quienes tendrán la tarea de guiar a la ciudadanía para acceder de manera adecuada a la justicia en temas relacionados con la tierra.
“Cuando haya conflictos entre el grande y el pequeño, no sea el machete sangriento, no sea la sierra eléctrica ensangrentada el camino de la solución. Que sean los jueces, que sea la justicia que rápidamente dirima el conflicto de cercas, el límite, que sea una justicia al servicio del pueblo, no del poderoso”, afirmó el mandatario al firmar la ley.
Igualmente, Petro hizo referencia a la emergencia climática que afectó a Córdoba y señaló que la concentración de la tierra habría incidido en la magnitud de la tragedia. Según explicó, la intervención de las ciénagas mediante diques y su transformación en terrenos para actividades ganaderas alteró el flujo natural del agua, lo que terminó provocando inundaciones en zonas urbanas como Montería y afectaciones en áreas rurales productivas.
En ese contexto, destacó que la demolición de jarillones, iniciada recientemente, tiene como propósito restablecer el curso natural del agua y avanzar en la recuperación de las ciénagas del Bajo Sinú. El jefe de Estado calificó esta intervención como una forma de “doble justicia”, al considerar que busca beneficiar tanto a las comunidades campesinas y pescadoras como a los ecosistemas hídricos de la región.
¿Qué es la ley de Jurisdicción Agraria?
La Jurisdicción Agraria y Rural surge como uno de los compromisos del primer punto del Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016 entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Farc, aunque su implementación tomó cerca de diez años. El proyecto avanzó en el Congreso bajo los números 157 de 2023 en el Senado y 360 de 2024 en la Cámara, en desarrollo del Acto Legislativo 03 de 2023 que incorporó esta jurisdicción a la Constitución. Finalmente, fue aprobado en junio de 2024 y recibió el aval de la Corte Constitucional con algunos ajustes menores.
La ley establece la creación de juzgados y tribunales agrarios y rurales en todo el país, junto con centros de servicios judiciales que contarán con apoyo técnico especializado. También incluye la figura de facilitadores agrarios, encargados de orientar a los ciudadanos en el acceso a la justicia en temas relacionados con la tierra. Como instancias de cierre, se designa a la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia para conflictos entre particulares, y al Consejo de Estado para los casos que involucren al Estado.
Para su implementación completa, el Congreso aún deberá aprobar una ley ordinaria que establezca los procedimientos agrarios y delimite las funciones específicas de jueces y tribunales dentro de esta jurisdicción.
Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura tendrá la tarea de crear de manera progresiva los juzgados y tribunales agrarios, priorizando las zonas rurales más afectadas por conflictos de tierras, incluidos los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). A su vez, el Gobierno nacional deberá asegurar los recursos necesarios para la infraestructura, la capacitación de los operadores judiciales y el funcionamiento de equipos técnicos con enfoque diferencial.
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