Renunció la rectora de la Fundación San José en medio de investigación por títulos irregulares

Este 6 de marzo, la Fundación de Educación Superior San José publicó en sus redes sociales un video y un comunicado oficial en los que su rectora, Romelia Ñuste Castro, anunció el fin de su gestión. Ñuste Castro estaba en el cargo desde 2021.

En el video habló de los estudiantes que trabajan mientras estudian, de las madres que cuidan a sus hijos mientras van a clase, de los adultos que volvieron a formarse después de años. Además, dijo que se iba con la tranquilidad del deber cumplido y que durante su rectoría se graduaron más de 15.000 personas. No hizo ninguna referencia a la investigación del Ministerio, al pliego de cargos, a la Fiscalía, o a los títulos cuestionados.

Y es que el pasado 9 de febrero, la Fiscalía General de la Nación radicó una solicitud de imputación de cargos contra la propia Ñuste Castro, en calidad de rectora, y contra Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la institución, por los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. El 3 de febrero también el Ministerio de Educación le había formulado pliego de cargos. Y desde el 10 de febrero, hay una inspectora del Ministerio instalada físicamente en la sede de la universidad, vigilando sus operaciones de forma permanente.

Cómo empezó: Guerrero en el Gobierno y los títulos que no debían existir

El caso que desencadenó todo fue el de Juliana Guerrero. En agosto de 2025, cuando el Gobierno del presidente Gustavo Petro publicó su hoja de vida en la página de la Presidencia para designarla como viceministra de Juventudes del Ministerio de la Igualdad, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza advirtió que sus títulos universitarios tenían un problema: dos diplomas, uno de contadora pública y otro de tecnóloga en gestión contable, habían sido expedidos por la Universidad San José el 1° de julio de 2025 y subidos al sistema SIGEP en agosto, sin que existiera registro de que Guerrero hubiera presentado la Prueba Saber Pro o la Saber TyT. Esa prueba no es opcional, y en Colombia la ley la establece como requisito obligatorio para obtener un título de educación superior.

El Icfes confirmó que no había registro de Guerrero en esas pruebas. Además, según documentos de la Dian, las facturas de pago de Guerrero por los derechos de grado y matrícula fueron expedidas después de que los títulos ya habían sido emitidos, y no antes ni durante sus estudios, como sería lo normal.

Es por ello que Pedraza radicó una denuncia formal y la Fiscalía inició investigación. Finalmente, también el Ministerio de Educación hizo visitas a la institución. Y lo que encontraron no se quedó en el caso de Guerrero.

Lo que hallaron es un presunto esquema fraudulento para la expedición exprés de títulos universitarios. Las congresistas Catherine Juvinao y Pedraza revelaron que al menos 24 personas habrían obtenido títulos irregulares de la USanJosé entre 2023 y 2025, y con esos títulos lograron vincularse como funcionarios o contratistas en 16 entidades del Estado durante la administración Petro. El costo de esos contratos para el Estado supera los 1.100 millones de pesos. 

Por otro lado, Pedraza también denunció que los títulos no solo beneficiaron a contratistas del Estado. Según su cálculo, hay al menos 779 expediciones de títulos con irregularidades en la institución.

El crecimiento de la USanJosé en esos años llama la atención por sí solo: en 2021 tenía 301 estudiantes. En 2022 ya eran más de 2.000. En 2023, la institución reportó la graduación de 5.700 personas. Ñuste Castro presentó esas cifras siempre como el resultado de un modelo social de educación flexible, pero las autoridades ahora tienen bajo la lupa el esquema.

La renuncia de Ñuste Castro no archiva ninguno de los procesos en curso. El pliego de cargos del Ministerio sigue su trámite y los investigados, incluyendo a la exrectora, tienen plazo hasta marzo para presentar descargos.