El obstáculo que enfrenta Colombia para juzgar a los capturados por el caso de Yulixa Toloza
Medicina Legal confirmó este miércoles que el cuerpo hallado en Apulo corresponde a Yulixa Toloza. Pero mientras avanza la investigación, una pregunta queda en el aire: ¿podrán ser juzgados en Colombia los tres detenidos en Venezuela?
Por: Juan David Cano
El caso de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que desapareció tras someterse a una lipólisis láser en el centro estético clandestino Beauty Láser, podría complicarse para la justicia colombiana.
Aunque el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó este miércoles que el cuerpo hallado en zona rural del municipio de Apulo, Cundinamarca, corresponde a la mujer, ahora hay dudas sobre si tres de los cinco capturados hasta ahora podrán pagar sus delitos.
Cinco capturados, pero en dos países distintos
Hasta ahora, las autoridades han capturado a cinco personas. Dos detenciones se hicieron en Cúcuta. Se trata de Jesús Alberto Hernández, tío de la dueña del centro estético, y Kelvis Daniel Sequera, presunto conductor del vehículo en el que Yulixa fue sacada inconsciente del establecimiento. Sus testimonios fueron determinantes para ubicar el cuerpo de la mujer.
Sin embargo, las otras tres capturas ocurrieron en territorio venezolano, gracias a una notificación azul de Interpol. En el estado de Portuguesa fueron detenidos María Fernanda Delgado Hernández, dueña del centro estético Beauty Láser, y Edinson José Torres Sarmiento, su pareja sentimental y administrador del lugar. En Maracay, estado Aragua, cayó Eduardo David Ramos, señalado como el falso cirujano que habría practicado el procedimiento.
Aunque a los tres detenidos en Venezuela se les atribuyen los delitos de desaparición forzada, secuestro simple, omisión de socorro, encubrimiento por favorecimiento y destrucción de material probatorio, y la Fiscalía ya solicitó su extradición, hay un obstáculo: la Constitución venezolana.
El obstáculo es el artículo 69 de la Constitución venezolana
Colombia espera lograr la extradición con base en el Tratado Bolivariano de Extradición, suscrito en 1911 en Caracas por Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú para regular la entrega mutua de procesados y condenados.
Aunque ese tratado de 1911 sigue vigente, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 69 prohíbe la extradición de sus nacionales bajo cualquier circunstancia. El Código Penal venezolano refuerza también esa regla, y explica que los ciudadanos no serán entregados a otros países, pero sí irán a juicio en ese país si los delitos también son punibles bajo la ley venezolana.
Así lo explicó el abogado penalista Francisco Bernate en conversación con Noticias RCN: "El artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la prohibición de extradición de sus nacionales. En este sentido, como ha ocurrido en otros casos, como el del fiscal Marcelo Pecci, si una persona venezolana comete un delito en otro país y se resguarda en Venezuela, lo que procede es el juzgamiento por las leyes venezolanas".
El caso al que hace mención Bernate es al del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, quien fue asesinado en mayo de 2022 en Colombia. Algunos de los implicados venezolanos en ese crimen terminaron siendo procesados en su país de origen, y no entregados a la justicia paraguaya ni colombiana.
"Un gran reto en materia de justicia"
En la misma línea, el abogado Andrés Jiménez, consultado por el medio Minuto 60, advirtió que las capturas en Venezuela plantean "un grande reto en materia de justicia" para que los detenidos lleguen a comparecer ante un juez colombiano.
Jiménez planteó dos escenarios. El primero aplicaría si los capturados tuvieran nacionalidad colombiana: en ese caso, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos del tratado bilateral, procedería la entrega a las autoridades colombianas. El segundo escenario, dijo, sería la deportación o expulsión, una vía que en otras ocasiones ha permitido entregar capturados a Colombia en la frontera de manera más expedita.
"Las informaciones preliminares parecieran indicar que las personas que han sido detenidas son de nacionalidad venezolana, y eso sí representa un reto muy grande en materia de justicia, pues Venezuela, por virtud del artículo sesenta y nueve de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no extradita a sus nacionales", explicó Jiménez.
Las penas y qué sigue si se logra la extradición
Ahora bien, si la justicia colombiana logra superar todos estos retos, el abogado Bernate explicó cuáles podrían ser las penas para los responsables. Los hechos configuran varias tipologías penales que podrían acumular penas considerables: violación de medidas sanitarias por la operación irregular del establecimiento, homicidio doloso agravado dada la temeridad con la que funcionaba el centro y desaparición forzada por el ocultamiento del cuerpo en zona rural.
Según los cálculos de Bernate, las penas combinadas podrían oscilar entre 50 y 60 años de prisión efectiva. Aunque otro abogado citado por Noticias RCN, Julián Quintana, ofreció un rango más conservador y estimó que las condenas podrían moverse entre 20 y 30 años.
Por ahora, el cuerpo de Yulixa Toloza continúa en Medicina Legal, donde un patólogo forense y un perito adelantan los exámenes para establecer la causa exacta de la muerte.
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