De 6.402 a 7.837 y de Gaviria a Santos: los ‘falsos positivos’ que no tuvieron fin

Hermanos, hijos, padres, campesinos, indígenas, mujeres, afrocolombianos, estudiantes, trabajadores, desempleados, habitantes de calle, desmovilizados, personas de la comunidad LGTIQ+ y menores de edad: 7.837 civiles que no empuñaron las armas en el conflicto armado colombiano fueron asesinados por militares entre 1990 y 2016. Sus cuerpos sin vida fueron reportados falsamente como bajas en combate en un país en permanente confrontación.

La cifra actualizada sobre el universo de víctimas de los falsos positivos —asesinatos y desapariciones forzadas de civiles cometidos por integrantes de la fuerza pública y presentados falsamente como bajas en combate— fue dada a conocer hace unos días por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal surgido del acuerdo de paz de 2016 que investiga estos crímenes en su macrocaso 03.

El nuevo consolidado eleva a 7.837 el número de víctimas identificadas entre 1990 y 2016. La cifra supone una ampliación significativa frente a las 6.402 víctimas que la JEP reportó durante años para el periodo más crítico del fenómeno, comprendido entre 2002 y 2008. También supera ampliamente los 2.248 casos documentados previamente por la Fiscalía General de la Nación para hechos ocurridos entre 1988 y 2014.

CAMBIO indagó sobre las razones del reciente incremento de 1.435 víctimas adicionales de los falsos positivos, es decir, un aumento de un 22.4 por ciento con relación a los 6.402 que se conocían antes. Y encontramos que el crecimiento obedece a la inclusión formal, en la estadística oficial de la JEP, de los asesinatos de civiles cometidos por militares en otros periodos y gobiernos, no sólo durante los años que inicialmente habían priorizado para la investigación, que comprendían del 2002 al 2008.

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Aunque los crímenes se cometieron en masa en las dos presidencias de Uribe —periodo que registra el 80 por ciento de las víctimas— también continuaron, en menor proporción, en las dos presidencias de su sucesor Juan Manuel Santos. Pero numerosos civiles también murieron en los gobiernos de César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana.

“Se eleva a 7.837 la cifra de jóvenes asesinados por la fuerza pública dirigida por el expresidente Uribe y que eran presentados como guerrilleros dados de baja. Este es el peor crimen contra la humanidad cometido en las Américas en este siglo”, advirtió el presidente Gustavo Petro en ‘X’ el pasado 28 de abril.

Los 7.837 'falsos positivos' entre 1990 y 2016

“Durante muchos años nos hicieron creer que nuestros familiares eran delincuentes, guerrilleros, paramilitares y que ellos merecían morir”, señaló hace una semana en una audiencia de la JEP Gloria Eugenia Gómez, hermana de Eiser Gómez Caicedo, víctima de desaparición forzada.

Eiser Gómez desapareció el 9 de septiembre de 2003, durante la primera presidencia de Uribe, periodo en el que asesinaron a 2.471 víctimas, con un 31.53 por ciento del total de los casos. En la segunda presidencia de Uribe, las víctimas de los falsos positivos aumentaron a 3.941, con el 50.29 por ciento de las muertes. 

La masacre no paró en los gobiernos de Juan Manuel Santos, un presidente que venía de ejercer como el ministro de Defensa de Álvaro Uribe, entre 2006 y 2009, y que, el 29 de octubre del año 2008, impulsó una purga de 27 oficiales del Ejército involucrados en falsos positivos, tras una investigación exhaustiva. 

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La JEP documentó que en el primer gobierno Santos se presentaron 236 'falsos positivos', con un 3 por ciento del total de los casos, y en su segunda Presidencia, con corte hasta el 1° de diciembre de 2016, ocurrieron 99 asesinatos, con un 1.26 por ciento del total. 

La cifra del segundo gobierno de Santos aparece parcial, sin abordar posibles casos en 2017 y 2018, debido a que la JEP sólo tiene una competencia legal sobre hechos ocurridos hasta el 1° de diciembre de 2016.

En la presidencia del liberal César Gaviria también se cometieron 406 asesinatos de civiles a manos de la fuerza pública, con un 5.18 por ciento de los casos; en la del también liberal Ernesto Samper hubo 344 falsos positivos, con un 4.39 por ciento de los casos, y en la del conservador Andrés Pastrana hubo 340 muertes, con un 4.34 por ciento del total.

Los asesinatos y desapariciones aumentaron, del Gobierno Pastrana a las dos presidencias de Uribe, en un 1782 por ciento, pasando de 340 casos a 6.412, según la información de la JEP. 

Los picos más fuertes de los falsos positivos se presentaron en 1993 con 165 muertes, en 1997, con 151 casos; en 2002 con 429 asesinatos, en 2004, con 768, y en 2007 con 1.745 muertes. Ya en 2011 baja con 83 asesinatos y en 2015 con 55 casos.

Los 'falsos positivos' que no tuvieron fin

El hallazgo de la JEP, revelado por CAMBIO, contrasta con fuerza con una afirmación que dio Catalina Díaz, la presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP.

Díaz aseguró, el 20 de noviembre del año pasado, que el fenómeno macrocriminal de los 'falsos positivos' había llegado a su fin gracias a las disposiciones adoptadas por el Gobierno Uribe, tras una exhausta investigación del entonces ministro de defensa Juan Manuel Santos.

“Se desarticuló este patrón macrocriminal de los 'falsos positivos' a finales del año 2008 con la destitución de más de 20 altos oficiales por parte, en su momento, del señor presidente de la República, por una investigación interna que lideró el entonces ministro de la defensa. Hemos acopiado todos los documentos relacionados, entre otras cosas, toda la participación que tuvo allí Naciones Unidas”, indicó Díaz en noviembre.

“La oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia fue un actor fundamental para el proceso de investigación y de toma de decisiones en el Ministerio de Defensa, que terminó con el fin de los falsos positivos. Esta Sala está contrastando toda esa información para poderle explicar al país cómo termina los falsos positivos con acciones lideradas desde el propio Ministerio de Defensa”, añadió la magistrada ese mismo día en una rueda de prensa.

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Y aunque la magistrada Díaz tiene razón en señalar el considerable descenso de los crímenes, que bajaron en más de un 94.8 por ciento del Gobierno Uribe al Gobierno Santos, al desaparecer la sistematicidad con que se cometieron entre 2002 a 2008, también hay que resaltar que en el gobierno Santos, que firmó la paz con las Farc, las vidas exterminadas por integrantes de la fuerza pública también se cuentan por centenares. 

“El fenómeno no desapareció completamente”: Alejandro Ramelli

CAMBIO dialogó con el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramelli, para entender el anuncio de su jurisdicción, que explica con factores que van desde el conteo de cuerpos y las presiones por resultados a crímenes asociados al narcotráfico y a las desmovilizaciones.

CAMBIO: Presidente, la JEP anunció la ampliación de la cifra de 'falsos positivos', que por muchos años se creyó que era de 6.402. ¿A qué obedeció esa ampliación y por qué se anuncia ocho años después de la entrada en funcionamiento de la JEP?

Alejandro Ramelli: Esa cifra es revisada constantemente. Nosotros hemos delimitado un universo provisional de hechos, en algún momento, que había dado los 6.402 que efectivamente iban del periodo más crítico, que fue del 2002 al 2008. Luego, cruzamos con más bases de datos y con más periodos, y por eso se amplió la cifra a 7.837. Pero no es que la cifra inicial sea incorrecta, sino que es un periodo que habíamos priorizado inicialmente, pero que, cruzando toda esa cantidad de información, nos da esa cifra que va desde 1990 hasta el 2016.

CAMBIO: El 80 por ciento de los casos de 'falsos positivos', según las cifras que presentan, ocurrió en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, pero también se habla de los gobiernos de Santos, Pastrana, Gaviria y Samper. ¿Qué pasó en cada uno de ellos y por qué estos crímenes se siguieron presentando?

A.R.:  Todo eso es de parte de las indagaciones que estamos realizando y de lo que ya ha venido saliendo, no solamente en la Sala de Reconocimiento, sino en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Nosotros tenemos registros, incluso, de la década de los 70, si no estoy mal, pero todo ello tiene explicaciones un poco diferentes. Lo que está en los autos de la JEP es que ese incremento del 2002 al 2008 tiene como una de sus causas principales la presión por resultados. Entonces, ¿cómo explica uno, sin esa presión tan fuerte por resultados, que las ejecuciones se habrán dado antes? Pues tiene que ver con varios fenómenos, con la estigmatización, por ejemplo, de integrantes de la Unión Patriótica. Con el tema del combate contra el narcotráfico que, en algunos casos, llevó a ese tipo de conductas; con el crecimiento de los grupos paramilitares, que no necesariamente impulsado o presionado por, precisamente, ese conteo de cuerpos.

Es un fenómeno multicausal. Uno no puede decir que todas esas ejecuciones antes de 2002 tuvieron una única explicación; fueron varias, pero que efectivamente sí hay unas curvas en el año 93, sobre todo el año 97 vuelve a pronunciarse en 2001. Y ya después del 2008 tenemos también registrados casos hasta el 2016, que es nuestra competencia, que tienen que ver con fenómenos de post desmovilización de personas que de todos modos integraron este tipo de organizaciones y siguieron delinquiendo. Y. tal vez, y eso es una hipótesis que estamos trabajando, con una preservación, de cierta manera, de una cultura de cometer ese tipo de conductas en la fuerza pública o en algunos integrantes de la fuerza pública.

CAMBIO: La magistrada Catalina Díaz dijo en una rueda de prensa que los falsos positivos terminaron por disposiciones adoptadas en 2008, durante el Gobierno Uribe, por el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.  Pero los crímenes no pararon, continuaron...

A.R.: Yo no quiero entrar en contradicción con mis colegas. Lo que estoy explicando es que los datos que nosotros tenemos es que el fenómeno no desapareció completamente. Sí hubo una reducción muy sustancial, eso sí, todas las gráficas lo muestran. Pero los datos que tenemos, infortunadamente, revelan que el fenómeno no desapareció completamente.

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CAMBIO: ¿Por qué no?

A.R.: Por las explicaciones que estamos buscando. Creo que es porque de todos modos subsistió una cierta criminalidad post desmovilización, cierto, y algunos integrantes de la fuerza pública que seguían preservando algún tipo de vínculos con ellos. Eso, creo yo, sigue siendo la hipótesis más sólida. Además, existió una cultura profundamente arraigada de ese tipo de comportamientos delictivos que quizá no desapareció por completo. Aun así, se trata de un asunto que sigue bajo investigación.

CAMBIO: Lo que algunos nos preguntamos cuando vimos la información sobre la ampliación de la cifra fue ¿por qué, de pronto, en todo este tiempo, nunca se escuchó que la JEP mencionara públicamente que en otros gobiernos también ocurrieron estos crímenes? 

A.R.: La explicación es la siguiente. Si usted revisa la estrategia de priorización del caso 03, que es pública en el auto 031 de 2021, ahí están las gráficas que demuestran que estamos investigando hechos que incluso van hasta la década de los setenta y van hasta el 2016. Y esos documentos son públicos de la JEP. Nosotros nunca hemos dicho que ese fenómeno solo se presentó del 2002 al 2008. Aquí hay un auto donde muestra todo lo contrario; es decir, sí lo veníamos diciendo. Lo que pasa es que precisamente nos concentramos en esa periodicidad, no por ningún tipo de animadversión con nadie, sino porque es cuando más se cometieron los delitos, pero públicamente, y ahí está el auto del 2021 en el que nosotros damos cuenta de que el fenómeno existía antes y que no terminó en 2008.

CAMBIO: La JEP también ha esclarecido, de los 7.837 falsos positivos que tienen nombre y apellido, a los responsables de 1.974 de esos crímenes…

A.R.: Están los 7.837, que es la depuración de los 100.000 registros, cierto, donde no hay duplicidad, donde se revisó uno por uno precisamente para evitar eso. De ese número, 1.974 aparecen ya explícitos en decisiones judiciales públicas. Eso no significa que entre los 1.974 hasta los otros 7.837 no existan, está registro por registro, como usted tuvo la ocasión de mirar, uno por uno, y ahí está la información de cuándo pasaron los hechos, qué fue lo que sucedió, el nombre de la víctima y demás. Es una base de datos muy completa, pues por el momento tiene reserva. Por eso no la hacemos pública.

CAMBIO: ¿Cómo va el macro caso de los 'falsos positivos'? ¿Qué queda pendiente de imputaciones?

A.R.: Mis colegas están trabajando en la fase nacional, ya nosotros terminamos las fases territoriales. Precisamente en días previos comenzamos la audiencia de reconocimiento del Meta, que es uno de los subcasos, pero se ha venido avanzando en la fase nacional con algunos comandantes de brigadas y divisiones y pues ya mis colegas adoptarán las decisiones correspondientes.

CAMBIO: De lo que usted ha investigado, de los hechos posteriores a 2008, ¿hay algún máximo responsable que corresponda a esa temporalidad, vinculado al Gobierno de Santos, que trabajó hasta el 2016?

A.R.: Tendría que revisar mis autos, pero digamos eso sí queda en algunas decisiones que, si bien ahí esa baja, pues el fenómeno no desapareció completamente. Recuerdo yo que en el auto de Dabeiba algo se menciona de esa criminalidad que quedó después de la desmovilización y que, incluso, pudo haber seguido después del año 2008. Es decir, sí quedaron de cierta forma mencionados esos actos, aunque no con nombre propio, pues por el momento el máximo responsable.

CAMBIO: Ustedes no tienen competencia para investigar a los expresidentes. Pero ¿escucharon en versión a los ministros de Defensa, con relación a esta problemática?

A.R.: No han sido citados a rendir testimonio.

CAMBIO: ¿La JEP no favorece a nadie?

A.R.: No. Tan claro es que digamos son diferentes periodos presidenciales y nosotros lo publicamos, no tenemos ningún tipo de preferencia por ningún periodo presidencial.

***

En los días en que la JEP publicó la nueva cifra de víctimas actualizada, el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue retratado por periodistas borrando con pintura blanca un mural que instalaron cerca de su casa en Rionegro con los 7.837 falsos positivos documentados.

Los murales como el que él pintó de blanco suelen tener la frase "¿Quién dio la orden?". Esta pregunta ha aparecido en distintas paredes de las principales ciudades del país tras los contundentes hallazgos de la JEP.

Los murales, que en el pasado sufrieron intentos de censura de parte de unidades militares, hoy retumban como un símbolo de verdad, justicia y memoria histórica entre los colectivos de víctimas de crímenes de Estado y de los falsos positivos.

Y esa será la pregunta a la que también deberá responderse en la JEP, tribunal que tiene mucho camino por recorrer, en la carrera contra la impunidad, y en las sanciones que deberán imponerse contra los máximos responsables.

ana.cuesta@cambiocolombia.com