Excanciller Álvaro Leyva no aceptó cargos en imputación por escándalo de pasaportes: ¿qué sigue en el proceso?

En un nuevo capítulo del escándalo de los pasaportes, la Fiscalía imputó al excanciller Álvaro Leyva por su presunta responsabilidad en la adopción de medidas que vulneraron las normas vigentes. Según el ente acusador, esas decisiones afectaron la licitación del nuevo modelo de pasaportes y derivaron en la declaratoria irregular de la urgencia manifiesta.

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En septiembre pasado, la Procuraduría confirmó la destitución e inhabilidad por diez años del exministro de Relaciones Exteriores por desconocer principios de la contratación estatal durante el proceso de licitación. Ahora, deberá afrontar el proceso penal que se abrió en su contra por presunto prevaricato en relación con los hechos que provocaron su salida del alto cargo.

El caso se originó tras la decisión en la que Leyva declaró desierta en septiembre de 2023 la licitación por 600.000 millones de pesos para el nuevo modelo de pasaportes. El excanciller argumentó que en el proceso se podrían vulnerar derechos de oferentes alternativos a Thomas Greg and Sons, pero la Fiscalía y la Procuraduría coinciden en que esa determinación carecía de sustento legal.

En la audiencia de este 9 de diciembre, la fiscal Sandra Helena Portillo reiteró que el exministro tomó decisiones contrarias a la ley y sostuvo que existen elementos suficientes para iniciar un juicio en su contra. Para la funcionaria judicial, Leyva intervino sin ningún sustento jurídico en el proceso contractual y afectó el normal desarrollo de la licitación.

“El excanciller Leyva actuó a su propio arbitrio, con desviación y abuso de poder. El poder se le había conferido en función de su cargo. Esa desviación de poder ocurrió al asumir la dirección de ese proceso de contratación pública con la única finalidad de no acceder a la adjudicación del contrato a Thomas Greg and Sons, único proponente habilitado”, explicó la fiscal.

Las razones por las que la Fiscalía imputó por prevaricato a Álvaro Leyva

En la imputación contra Leyva, la Fiscalía sostuvo que varios elementos documentales permitirían comprobar que tomó decisiones administrativas sin observar los procedimientos establecidos por la ley. En ese sentido, uno de los argumentos principales corresponde a que el excanciller carecía de facultades para intervenir de forma directa en la evaluación del proceso.

Para la Fiscalía, la conducta del exministro configura prevaricato porque sus decisiones se apartaron de manera evidente de los principios de legalidad y de los procedimientos establecidos para la contratación estatal. Además, el ente acusador enfatizó en la falta de causales jurídicas para suspender o declarar desierta la millonaria licitación para la expedición de los documentos de viaje.

El excanciller ha argumentado que decidió frenar el proceso tras considerar que en la licitación se podrían vulnerar los derechos a la libre concurrencia e igualdad de oportunidades para otros proponentes. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que Leyva incluso habría desatendido las advertencias de equipos técnicos de su cartera sobre el cumplimiento de los requisitos formales para la eventual adjudicación.

En la más reciente diligencia del caso, el ente acusador reiteró que el exministro tenía pleno conocimiento de que su participación en el proceso previo al contrato para la fabricación y expedición de pasaportes correspondía a una acción irregular. “Intervino con conocimiento y con voluntad de manera caprichosa, tozuda y arbitraria”, detalló la fiscal en la audiencia.

En el desarrollo del proceso, Leyva tendrá que responder ante las acusaciones de la Fiscalía sobre una serie de advertencias emitidas por la secretaría general del Ministerio de Relaciones Exteriores que el excanciller habría ignorado. Para la Fiscalía, la intervención del exministro no solo modificó de manera irregular el rumbo del proceso, sino que desconoció los dictámenes de las áreas especializadas encargadas de garantizar la transparencia contractual.

¿Qué sigue en el proceso contra Leyva?

El exministro de Relaciones Exteriores no aceptó su presunta responsabilidad en el delito de prevaricato y rechazó las acusaciones sobre alteraciones al principio de selección objetiva en la contratación pública. Así mismo, su defensa reiteró que el exministro cumplió con los criterios técnicos que permitirían sustentar la necesidad de frenar el proceso.

“No acepto los cargos. Quiero que quede absolutamente claro”, respondió Leyva ante la jueza del Tribunal Superior de Bogotá. El equipo jurídico que representa al excanciller en el proceso explicó que el debate se centrará en la interpretación de las normas de contratación estatal para definir si las decisiones adoptadas se enmarcaron en sus facultades como jefe de la cartera.

Andrés Jaramillo, director de la firma Total Jurídica y miembro del Colegio de Abogados Penalistas, explicó a CAMBIO que los servidores públicos hallados responsables del delito de prevaricato podrían incurrir en penas de hasta 12 años de prisión. Igualmente, detalló que los procesados por esas prácticas se enfrentan a multas de hasta 300 salarios mínimos legales.

El jurista consultado explicó que, tras la negativa de Leyva a aceptar los cargos, el proceso entra ahora en la fase de investigación formal, en la que la Fiscalía deberá recaudar y presentar nuevas evidencias para sustentar la acusación. Como el despacho declaró legalmente formulada la imputación, el caso avanzará hacia la audiencia de acusación, en la que el ente investigador decidirá si lleva a Leyva a juicio.

Finalmente, la defensa de Leyva podrá controvertir los elementos probatorios y solicitar nuevas pruebas para intentar demostrar que sus decisiones respondieron a parámetros legales. Entre tanto, persisten los cuestionamientos sobre el nuevo modelo de pasaportes que debería implementarse desde abril de 2026, pero que permanece en el limbo ante los cuestionamientos de la Procuraduría por presuntas irregularidades.