
Fiscalía y Corte Suprema de Justicia rechazaron el “juicio revolucionario” del ELN y exigen liberación de funcionarios del CTI
En un comunicado conjunto, las entidades advierten que en Colombia solo los jueces y organismos del Estado tienen la facultad legal para administrar justicia.
Por: Diego Buitrago
La Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia emitieron un comunicado conjunto rechazando de manera categórica el supuesto “juicio revolucionario” anunciado por el frente de guerra oriental del ELN contra dos agentes del CTI y dos uniformados de la Policía Nacional.
Las instituciones recordaron que Colombia es un Estado Social de Derecho donde la administración de justicia recae exclusivamente en los jueces y organismos del Estado, por lo que cualquier pretensión de una organización ilegal de imponer “sentencias” carece de validez jurídica. La Fiscalía enfatizó que el uso del secuestro daña la confianza en la paz y exigió la liberación sin condicionamientos de los servidores como una muestra real de voluntad de diálogo.
Comunicado de la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia.
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 6, 2026
Información completa aquí: https://t.co/FtsTdtRO7X pic.twitter.com/GudgXDlbkG
En su pronunciamiento, las dos instituciones de la rama judicial reiteraron el llamado al respeto por la vida y la integridad de los agentes de protección Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, así como de los policías Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, quienes fueron interceptados en Arauca entre mayo y julio de 2025.
La guerrilla del ELN pretende imponer penas de hasta 60 meses de “prisión revolucionaria” bajo acusaciones de espionaje, una figura que las autoridades califican simplemente como una prolongación del secuestro para presionar un posible canje humanitario.
A este rechazo se sumó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien aseguró que el ELN no puede suplantar a las autoridades judiciales y recordó que el delito de secuestro conlleva penas de hasta 40 años de prisión en la justicia ordinaria, solicitar además el apoyo de la comunidad internacional para lograr el regreso de los cautivos. Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, calificó la actuación de la guerrilla como “inadmisible” y advirtió que un simulacro de juicio no valida la privación de la libertad, al tiempo que pidió al Gobierno nacional fortalecer el acompañamiento a las familias de las víctimas, quienes manifiestan sentirse solas en este proceso.
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