Sandra Ortiz denuncia que le exigieron acusar a ministros de Petro a cambio de no ser imputada
La exconsejera presidencial para las Regiones, procesada por lavado de activos y tráfico de influencias en el desfalco a la UNGRD, afirmó desde su sitio de reclusión que la Fiscalía condicionó su libertad.
Por: Redacción Cambio
Una nueva controversia apareció en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Sandra Ortiz, quien fue consejera presidencial para las Regiones durante la administración de Gustavo Petro, denunció que fue presionada por parte de la Fiscalía General de la Nación para incriminar a miembros del gabinete.
Las declaraciones se produjeron durante una diligencia judicial en la que Ortiz intervino desde la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá, lugar donde cumple su detención. Allí relató que, antes de que se profiriera en su contra la medida de aseguramiento, sostuvo varios encuentros con funcionarios del ente investigador en los que, según su versión, le habrían planteado un ultimátum: aportar conversaciones y señalamientos contra ministros o enfrentar la imputación.
“Si usted no acusa a ministros y no tiene chats, la vamos a imputar y le vamos a dar medida de aseguramiento”, habría sido la advertencia que recibió, según narró ante el juez. La exfuncionaria sostuvo que conserva documentación que respaldaría su versión, incluyendo correspondencia formal dirigida a la Fiscalía y registros de la trazabilidad de esas comunicaciones.
Ortiz afirmó que su situación judicial obedece, en su opinión, a motivaciones que trascienden lo estrictamente jurídico: “Entendí que esto no era un tema jurídico, sino un tema político". Y añadió que asume las consecuencias si el haber trabajado al lado del presidente Petro es la razón de fondo de su procesamiento.
La exconsejera afronta cargos por lavado de activos y tráfico de influencias. La acusación en su contra se sustenta en la presunta entrega de 3.000 millones de pesos a Iván Name y Andrés Calle, quienes presidieron el Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente, y permanecen recluidos en La Picota. Ese dinero habría servido como mecanismo para destrabar las reformas que el Gobierno tramitaba en el Congreso.
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Fotoilustración: Yamith Mariño -CAMBIO.
El expediente avanza actualmente en la fase de audiencias preparatorias, instancia procesal en la que se determina el material probatorio que será incorporado al juicio. De manera paralela, el Tribunal Superior de Bogotá tiene sobre su mesa una apelación interpuesta por la defensa, que busca revocar la medida privativa de la libertad impuesta a la exconsejera.
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