Casi cómico, si no fuera trágico para Colombia, resultó el operativo de respuesta del Inpec en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí tras las filtraciones sobre la parranda vallenata que tuvieron allí el pasado miércoles varios jefes de las bandas criminales de Medellín y del Valle de Aburrá, lo que indignó al país y llevó al Gobierno nacional a suspender los diálogos de paz que sostenía con ellos.
“62 neveras, 7 televisores, 11 estufas eléctricas, sofás, sillas, aires acondicionados, una lavadora, una PlayStation, un módem wifi, drogas, aguardiente, champaña y vodka” fueron decomisados, según el reporte del Inpec, como resultado del operativo en las celdas de los jefes criminales. Más parecía el inventario de una tienda por departamentos que el balance de la inspección a una prisión de máxima seguridad.
Las autoridades carcelarias salieron peor del fallido intento por demostrar control y autoridad sobre los presos de Itagüí, que evidentemente no tienen. Las 62 neveras, los televisores y demás enseres no entraron solos a las celdas de los capos de la delincuencia en Medellín y su área metropolitana.
Cada electrodoméstico y cada mueble que tenían para darse comodidad en la prisión tuvieron que haber tenido una tarifa que se pagó a funcionarios del Inpec dispuestos a dejarse corromper. Vieja historia de las cárceles colombianas.
Esa conocida y arraigada cadena de corrupción es la que ha permitido, en el caso particular de Medellín, que jefes de los combos de las comunas de la ciudad se convirtieran en poderosos capos del crimen organizado.
Jefes e integrantes de bandas como ‘La Terraza’, ‘La Oficina’, ‘El Mesa’, ‘Los Pachely’ o ‘Los Triana’ comenzaron su vida delincuencial a finales de los 80, siendo muy jóvenes, como sicarios del cartel de Medellín.
Por ejemplo, alias ‘Douglas’ —José Leonardo Muñoz Martínez—, capo de ‘La Terraza’, y alias ‘Tom’ —Juan Carlos Mesa Vallejo—, uno de los jefes de ‘La Oficina’, los dos presos hoy en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.
Ellos y sus similares sobrevivieron a la caída de Pablo Escobar, a la persecución de los Pepes, a la guerra paramilitar contra las milicias urbanas y al Pacto de Ralito. Y, también, han sobrevivido a siete presidentes de todos los colores políticos —dos de ellos reelegidos: Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos— y a 10 alcaldes de Medellín desde 1990.
Treinta años después, los jefes de esas bandas o sus sucesores son grandes capos de la delincuencia organizada.
Esa supervivencia no es solo resiliencia callejera: está muy soportada en su capacidad para corromper. A veces a un guardia del Inpec, a veces al director de una penal. Otras veces a un juez o a algún político.
Para algunos de ellos, la cárcel no ha sido un castigo sino un centro operativo desde el cual siguen manejando sus negocios ilegales. Y esto lo logran, en mayor o menor proporción, según la lealtad de sus estructuras delictivas y de la protección conseguida a través de la corrupción de funcionarios públicos.
¿Quién puede negar que, tan antigua y arraigada como la corrupción en Colombia, es la hipocresía institucional?
A raíz de la reciente fiesta vallenata en la cárcel de Itagüí, el gobernador de Antioquia, Julián Rendón, se encargó de recordar que también Pablo Escobar hacía fiestas en La Catedral —prisión en la que el entonces jefe del cartel de Medellín estuvo detenido poco más de un año hasta su fuga, el 22 de julio de 1992—.
Rendón afirmó: “La diferencia es que en esa época Escobar fue perseguido con toda la fuerza de la ley. Hoy, con (Gustavo) Petro, los narcos son gestores de paz”.
Lo que el gobernador de Antioquia llama diferencia es en realidad la misma historia. La Catedral, que el jefe del cartel de Medellín habilitó exclusivamente para él y sus hombres, también tuvo sus neveras, sus fiestas y sus guardias comprados. Hasta homicidios atroces ocurrieron allí.
La única diferencia real es que en 1992 no había celulares para grabar los abusos.
Así como hubo muchos elefantes ‘invisibles’ en La Catedral, los hay ahora en la cárcel de Itagüí. Y podrían ser mucho más grandes que las neveras, los televisores y las estufas eléctricas.
Al final, el problema no es dialogar con criminales. En otros países lo han hecho con éxito. El problema es negociar con quienes desde sus celdas organizan una fiesta de 500 millones de pesos sin que el Estado pueda impedirlo.
Si los presos de una cárcel de máxima seguridad tienen el poder de contratar a un artista e introducir licor y electrodomésticos a sus sitios de reclusión, ¿qué garantía hay de que las fuerzas del Estado pueden impedir que, desde sus celdas, esos capos sigan manejando sus rentas criminales, sus territorios y sus ajustes de cuentas?
La parranda vallenata en Itagüí no es, pues, una excepción. Es la demostración más reciente y ridícula de la ignorada historia de corrupción en Colombia, que involucra al Inpec, pero que va mucho más allá de él. Incluye a políticos.
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