Supongamos por un momento que todo ocurrió a espaldas de Gustavo Petro. Supongamos que no supo, que no vio, que no le contaron. Supongamos que las personas que terminaron salpicando a su gobierno con escándalos de corrupción actuaron por cuenta propia, sin permiso ni instrucciones, sin que el presidente tuviera noticias de los movimientos, las influencias, las promesas o los favores que se movían alrededor del poder.
Ese es, al fin y al cabo, el libreto más viejo de la política latinoamericana: el presidente nunca sabe nada. Los subalternos se exceden, los amigos abusan de su confianza, los funcionarios se desvían, los cercanos traicionan, los contratistas engañan y el jefe de Estado queda reducido a la extraña figura de un testigo sorprendido de lo que ocurrió en su propio gobierno, y en la mayoría de los casos es también exonerado judicialmente. Pero la inocencia penal no agota la responsabilidad política.
Un presidente no es un ciudadano cualquiera, sino el centro de una cadena de mando, el origen de un estilo de gobierno y el responsable último de las acciones —buenas y malas— que se generen desde el Estado. Es, si se quiere pensar en términos empresariales, el gerente de una empresa pública, que tiene el mandato de entregar al final unos resultados excelentes porque para eso fue elegido, porque en él depositamos nuestra confianza como país. Por eso, aun si aceptáramos que Petro no participó directamente en el escándalo de Juliana Guerrero, o las controversias que ha protagonizado Verónica Alcocer en Suecia, o el saqueo de la UNGRD, o los acuerdos oscuros que se hicieron con los miembros del Clan del Golfo, el problema sigue siendo enorme, porque nos revela un poder mal administrado, lealtades mal escogidas, controles débiles y una incapacidad persistente para asumir responsabilidades.
Todo lo que ocurre en un gobierno, absolutamente todo, directa o indirectamente, termina siendo culpa del presidente. Porque la responsabilidad de un líder no se limita a firmar una orden, a dar un discurso o entregar unos lineamientos. La responsabilidad también la adquiere cuando nombra, cuando protege, cuando defiende, cuando mira para otro lado, cuando minimiza, cuando responde con rabia a los cuestionamientos de sus electores o de los periodistas, cuando convierte cada argumento en una conspiración y cada denuncia en una persecución. Gobernar también es saber a quién se le abre la puerta y cuándo hay que sacar a los inquilinos a la calle. Gobernar es aceptar errores, pedir disculpas, corregir el rumbo.
Petro ha construido su carrera sobre la denuncia moral y quienes votamos por él lo hicimos convencidos de que venía a limpiar la forma de hacer política. Por eso sus escándalos pesan distinto. Porque quien gobierna desde una superioridad ética no puede refugiarse, cuando le toca responder, en las mismas excusas que antes despreciaba.
Y ahora, a punto de terminar su gobierno, la pregunta ya no es solo qué pasó en tal contrato o con tal funcionario, o con tal familiar. La pregunta es también sobre el futuro de la izquierda, el futuro del Pacto Histórico y el papel que desempeñará Petro a su cabeza. ¿Qué tipo de dirección puede esperarse de alguien que, ante la crisis, parece más interesado en defender su relato que en ordenar su casa? ¿Qué conducción puede ofrecer Petro del PH y de la izquierda colombiana después de este cierre de gobierno, plagado de escándalos, con aliados fracturados y ciudadanos desencantados? ¿Cómo puede pedir disciplina, confianza o unidad si no ha podido demostrar eso mismo en su mandato?
Para comenzar, el Pacto Histórico tendrá que decidir si quiere seguir defendiendo, a cualquier costo, a un líder que terminó reproduciendo en el poder muchas de las prácticas que prometió combatir. Sus miembros deberán preguntarse si todavía es posible reconstruir una propuesta democrática mientras se justifica todo, se llama traición a cada crítica y se confunde la lealtad con la obediencia. Pero la pregunta de fondo es más incómoda: si a la izquierda le conviene seguir girando alrededor de un liderazgo que se lava las manos, señala culpables hacia afuera y evita admitir que la responsabilidad política, por acción o por omisión, siempre recae en la cabeza.
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