Ministerio de Salud niega crisis de medicamentos y advierte por sobrecostos injustificados

Una semana después del informe en el que la Defensoría del Pueblo alertó por el aumento en el número de tutelas por vulneraciones al derecho a la salud, el Gobierno nacional rechazó que exista una crisis de desabastecimiento de medicamentos y atribuyó las dificultades reportadas por los usuarios a sobrecostos y prácticas de especulación en el sector privado.

Síganos en Google Discover para que se mantenga bien informado. CAMBIO, la verdad siempre

El Ministerio de Salud advirtió que el sistema enfrenta una crisis estructural desde hace más de tres décadas debido al modelo de aseguramiento instaurado con la Ley 100, en la que se establecieron los parámetros para la operación del sector. Según la cartera, uno de los mayores problemas heredados desde 1993 correspondería a la concentración de recursos públicos por parte de intermediarios privados.

La Defensoría advirtió en su informe que en los últimos cinco años han sido radicadas ante la Corte Constitucional más de un millón de acciones de tutela por cuenta de dificultades para acceder a servicios básicos del sistema de salud. En respuesta, el ministerio señaló que dichas barreras no obedecen a fallas recientes en la gestión pública, sino a la estructura del modelo de aseguramiento vigente.

“Durante años, la salud en Colombia fue tratada como un negocio y no como un derecho fundamental. La Ley 100 permitió que los recursos públicos quedaran en manos de intereses privados que hoy adeudan más de 32,9 billones de pesos a hospitales y clínicas”, indicó la cartera en uno de los argumentos con los que respaldó el nuevo modelo propuesto por el Gobierno de Gustavo Petro.

El Ministerio de Salud reconoció dificultades operativas y financieras en EPS que han afectado la oportunidad en la atención y la entrega de medicamentos en el territorio. Sin embargo, destacó que el giro directo aumentó en 26 billones de pesos entre 2023 y 2024, con el objetivo de que los recursos disponibles lleguen directamente a hospitales, clínicas y prestadores del servicio.

Las dificultades para garantizar la disponibilidad de medicamentos

El Gobierno nacional reiteró que en los últimos dos años aumentó en un 33,7 por ciento el reconocimiento del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el monto que el Estado transfiere a las EPS por cada afiliado para cubrir la atención en salud con el propósito de aliviar las presiones financieras y garantizar la continuidad de servicios esenciales.

El Ministerio de Salud anunció que los recursos destinados para el aseguramiento y fortalecimiento de las atenciones llegarán a 75,86 billones de pesos en 2026, un aumento del 88 por ciento con respecto a 2022. Asimismo, la cartera anunció una inversión de 9.3 billones para fortalecer la atención primaria con equipos en todos los municipios del país.

A pesar de los ajustes presupuestales, la Defensoría insistió en que el acceso oportuno a medicamentos continúa siendo uno de los retos más críticos del sistema. Su informe advierte que las demoras en la entrega de fármacos esenciales afectan con mayor frecuencia a pacientes con enfermedades crónicas, quienes dependen de suministros permanentes para sostener sus tratamientos.

En contraste con la respuesta del Ministerio de Salud, la entidad alertó que los usuarios deben asumir de su bolsillo el costo de medicamentos que deberían estar cubiertos por su aseguramiento. De hecho, las encuestas realizadas por la Defensoría en diferentes regiones del país permitieron establecer que algunos pacientes destinan hasta el 90 por ciento de sus recursos para adquirir los fármacos que requieren.

El ministerio, por su parte, reiteró que los monopolios farmacéuticos y las cadenas privadas que operan en el país estarían aumentando el precio de mercado de medicamentos sin justificación técnica. Sin embargo, la cartera enfatizó en que en los últimos dos años se ha registrado una mejora en la entrega de medicamentos de medio y alto costo utilizados para tratamientos complejos.

Como respuesta a las denuncias por sobrecostos, el Gobierno anunció nuevas estrategias para verificar inventarios, la vigilancia a intermediarios y la negociación centralizada de precios para evitar incrementos injustificados. Según el ministerio, estas acciones buscan evitar que el dinero adicional invertido en el sistema se quede en la cadena comercial y no en la atención directa.

La reforma a la salud, en el centro de la discusión

La Defensoría advirtió que las dificultades en el acceso a servicios y medicamentos reflejan fallas estructurales que no se resolverán sin una transformación de fondo en la forma en que se organiza y financia el sistema. Para la entidad, la actual distribución de funciones entre aseguradores, prestadores y entes de control continúa generando vacíos en la atención y demoras que afectan directamente a los pacientes.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, reiteró que la transición hacia un nuevo modelo requiere reglas claras y una implementación gradual que no agrave las dificultades actuales en el acceso a servicios. En la presentación del informe, sostuvo que el Gobierno tiene la responsabilidad de garantizar que cualquier cambio minimice la incertidumbre para los usuarios y fortalezca la protección del derecho a la salud.

Desde el Ministerio de Salud insistieron en que la reforma buscaría corregir precisamente las barreras identificadas por la Defensoría, al reducir la intermediación financiera y reorganizar la red de prestadores para priorizar la atención primaria. Según la cartera, el modelo actual ha derivado en demoras en autorizaciones, fragmentación de los servicios y dificultades para garantizar continuidad en los tratamientos.

La propuesta del Gobierno plantea que el Estado asuma un rol más directo en la gestión de los recursos y el seguimiento de los pacientes, con el objetivo de que el acceso no dependa de la capacidad de intermediación de cada asegurador. En ese sentido, el Ministerio de Salud insistió en que la reforma a la salud debe garantizar un modelo transparente y centrado en los usuarios.

Finalmente, la cartera indicó que trabajará junto a la Defensoría, la Procuraduría y la Superintendencia de Salud para fortalecer la infraestructura y la dotación asistencial. Además, anunció mesas de trabajo para revisar nuevas medidas sobre transporte asistencial, fortalecimiento de servicios médicos y pago de pasivos.