¿Están desprotegidos los pacientes de enfermedades de alto costo? Gobierno defiende el nuevo modelo de aseguramiento en salud

El pasado 25 de febrero, el Gobierno nacional expidió el Decreto 0182 de 2026, una norma que establece mecanismos diferenciales para la operación del aseguramiento en salud con un enfoque que para el Gobierno es más territorial y poblacional. La medida obligaría a reasignar a cerca de 6,5 millones de afiliados entre distintas EPS, con el argumento de ordenar la operación del sistema en regiones donde la cobertura es deficiente, entre ellos territorios con baja densidad poblacional, dispersión geográfica o limitaciones estructurales en la oferta de servicios de salud.

Las advertencias de Pacientes Colombia

El decreto, sin embargo, se da en medio de una crisis operativa que ya afecta a varias EPS en el país. Desde enero de 2026, por ejemplo, Nueva EPS perdió a dos de sus principales gestores farmacéuticos, Colsubsidio y Medicarte, que dejaron de prestar sus servicios por deudas o vencimiento de contratos. Esa ruptura ha generado retrasos y suspensiones en la entrega de medicamentos a más de un millón de afiliados en distintos departamentos del país.

Y no es solo Nueva EPS; varias EPS intervenidas tienen billonarias deudas con gestores farmacéuticos o clínicas y hospitales, lo que ha llevado a que al sistema de salud colombiano le falten más de 30 billones de pesos actualmente para operar adecuadamente.

Es en este escenario que la organización Pacientes Colombia alertó que el Decreto 0182 representa un riesgo, pues durante los traslados se podrían interrumpir tratamientos continuos que requieren pacientes oncológicos, receptores de trasplantes, personas con enfermedades raras y, en general, todos los que requieren atenciones de alto costo que no admiten interrupciones.

“Aquí lo que se pone en peligro es la vida de 6,5 millones de personas que van a ser trasladadas como si fueran ganado. Hay un detrimento patrimonial. Los grandes beneficiados son las EPS intervenidas que hoy no están garantizando el derecho a la vida. La Nueva EPS no tiene red casi en ninguna parte. Va a tener que enviar a los pacientes que recibe a las grandes ciudades, ¿quién va a asumir los costos de ese traslado? Eso es detrimento patrimonial”, dijo Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.

¿Qué respondió el Ministerio de Salud? Los argumentos del gobierno

Sin embargo, para el Ministerio de Salud se trata de mentiras y versiones alarmistas. La cartera aclaró que cualquier proceso de implementación debe regirse por los principios de continuidad, integralidad, oportunidad y accesibilidad. Por ello, dejaron claro que la norma no puede ni debe interpretarse como una autorización para interrumpir los tratamientos de los pacientes.

“La normativa relacionada con los mecanismos diferenciales para la operación del aseguramiento en salud con enfoque territorial y poblacional no contempla bajo ninguna circunstancia la suspensión de tratamientos, trasplantes, quimioterapias ni otros procedimientos de alta complejidad, ni autoriza de manera alguna la interrupción de la atención de pacientes con enfermedades de alto costo”, explicó la cartera.

El Gobierno también argumentó que, en los últimos años, debido a liquidaciones de EPS, intervenciones administrativas o retiros voluntarios de operación territorial, el sistema ya ha procesado múltiples reasignaciones masivas de afiliados entre aseguradores. Según el ministerio, en ninguno de esos casos se interrumpieron tratamientos en curso:

“La experiencia del sistema demuestra que estos procesos administrativos no implican ni han implicado la suspensión de tratamientos ni la interrupción de procedimientos en curso, ni afectan el acceso efectivo de los pacientes a los servicios de salud”, dijeron.

Y añadieron: “Las obligaciones de las EPS y de las redes de prestadores de servicios de salud se mantienen plenamente vigentes y exigibles para garantizar la continuidad de las atenciones, la entrega de medicamentos, la realización de procedimientos programados y la atención de controles médicos requeridos por los pacientes”.

La cartera sí reconoció que hay grupos de pacientes que requieren protecciones adicionales durante cualquier ajuste operativo, pero aseguran que en cualquier proceso de implementación se debe contar con salvaguardas suficientes que garanticen la permanencia de la atención. 

“Difundir interpretaciones inexactas sobre una supuesta suspensión de tratamientos oncológicos, trasplantes u otras atenciones de alta complejidad genera temor innecesario y desinforma a la opinión pública sobre el verdadero alcance de la regulación. Esta cartera hace un llamado a los medios de comunicación, actores del sistema y líderes de opinión a informar con responsabilidad”, concluyó el ministerio.