Así es la situación de orden público en cuatro municipios del Vichada: ¿qué grupos están en ese territorio?

La inteligencia militar ha identificado la presencia de dos grupos ilegales que delinquen en cuatro municipios de Vichada: el Frente 53 Edison Romaña, de la Segunda Marquetalia, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con su Frente José Daniel Pérez Carrero. Ambos buscan ejercer actividades ilícitas en el corredor fronterizo entre Colombia y Venezuela.

Durante varios años, estas estructuras se enfrentaron por el control territorial, matando personas, generando desplazamientos forzados, robando ganado y vehículos y destruyendo bienes de personas consideradas colaboradoras del bando contrario. Sin embargo, fuentes de inteligencia confirmaron que a comienzos de 2025 se formalizó una alianza para gestionar conjuntamente el negocio del coltán.

“La alianza se habría creado a inicios de 2025, luego de la fuerte ofensiva operacional desplegada por las autoridades contra la explotación ilícita de yacimientos mineros. Los cabecillas de las estructuras, al ver los golpes y afectaciones que venían sufriendo —principalmente por parte del Ejército, la Armada y la Policía— decidieron unir esfuerzos delictivos para minimizar las millonarias pérdidas que les ocasionaban las continuas incautaciones de coltán, ese preciado mineral del que intentan lucrarse”, señala un informe de inteligencia.

Según el documento, el acuerdo se habría formalizado entre alias Copete, del Frente José Daniel Pérez Carrero (ELN), y Gener García Molina, alias Jhon 40, cabecilla del Frente Acacio Medina de la Segunda Marquetalia. En ese encuentro también habrían participado mandos medios del ELN como Lilibeth Cifuentes Ruiz, de la comisión de finanzas, y José Joaquín Cáceres, alias Juaco. En representación de las disidencias habrían estado presentes José Miguel Díaz Sanmartín, alias Armado, y alias Indio Duván.

“En ese encuentro habrían acordado no agredirse entre sí, respetar las redes de apoyo de cada bando, no amenazar ni asesinar a familiares o allegados de los integrantes de las estructuras y no atentar contra las propiedades y bienes de ambos grupos. Pero el objetivo principal de esa alianza criminal sería explotar, extraer, transportar, movilizar y comercializar conjuntamente el coltán —un mineral cuya demanda y precio han ido creciendo— para sostener sus aparatos logísticos y criminales”, expresa el informe.

Sin embargo, el 3 de agosto de 2025 la alianza entre la Segunda Marquetalia y el ELN se rompió, dando inicio a una disputa que ha aumentado la violencia y los riesgos para las comunidades fronterizas.

Inicio de las disputas

La Segunda Marquetalia publicó el 5 de agosto un comunicado en el que informa sobre el asesinato, atribuido al ELN, de José Aldinever Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever —segundo al mando de la estructura—, tras difundirse versiones sobre su presunta participación en un enfrentamiento armado en Vichada, en la frontera con Venezuela.

De acuerdo con el comunicado, ‘Zarco Aldinever’ habría participado en una reunión con integrantes del Frente José Daniel Pérez Carrero (ELN) en un campamento en zona rural de Puerto Carreño, Vichada, para coordinar rutas de narcotráfico y definir medidas para el control de corredores estratégicos usados para el tráfico de armas, drogas y contrabando. Ese encuentro terminó con la muerte del cabecilla y de otros miembros de la Segunda Marquetalia.

Alerta temprana

Ante el posible recrudecimiento de confrontaciones, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 015 de 2025 para los municipios de Puerto Carreño, La Primavera, Cumaribo y Santa Rosalía, en el departamento del Vichada.

El documento advierte sobre graves riesgos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH). “La escalada de violencia que ha evidenciado la Defensoría se debe a la ruptura de la alianza sostenida por dos años entre ambos grupos, la cual llegó a su fin el pasado 3 de agosto. Esta situación ha desatado una disputa por el dominio de las rutas de actividades ilícitas transfronterizas, como el narcotráfico y la explotación ilegal de minerales, concretamente oro y coltán”, señala.

La alerta también señala que “la confrontación ha sumado hechos de violencia letal a prácticas coercitivas previas, proyectando una prolongación y escalada del conflicto, con alto riesgo de confinamientos y desplazamientos masivos transfronterizos, especialmente en puntos críticos como Garcitas, Aceitico y Puerto Nariño”.

“Se ha evidenciado la instrumentalización de la población fronteriza en labores de apoyo logístico, así como el potencial uso de drones con explosivos en el desarrollo del conflicto armado”, asegura la alerta.

La Defensoría del Pueblo advierte además el riesgo latente de que otros grupos armados ilegales —como el Nuevo Estado Mayor Central (Nuevo EMC, de la línea de ‘Iván Mordisco’), por medio de su Frente Primero; el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (ERPAC); y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), con la subestructura Gonzalo Oquendo Urrego— se involucren en la disputa, lo que profundizaría las afectaciones a los derechos de la población.

Ante este escenario, la Defensoría exhorta al Ministerio del Interior y hace un llamado también a los ministerios de Defensa y de Minas y Energía para que activen sus deberes de reacción rápida e implementen las recomendaciones formuladas en la Alerta Temprana.

Entre las recomendaciones figuran acciones dirigidas a la Gobernación del Vichada, a las alcaldías de los cuatro municipios focalizados, a la Unidad Nacional de Protección (UNP), a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad para las Víctimas.