“Con o sin Congreso, la Corte Constitucional ordena crear juzgados agrarios en 2027”, Felipe Harman
Una demanda interpuesta por el director de la ANT, Juan Felipe Harman, permite que Colombia avance hacia una justicia rural con reglas claras, instituciones definidas y plazos concretos. El propósito es abordar de fondo los conflictos por la tierra.
La Corte Constitucional, tras una demanda interpuesta por Juan Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), ordenó crear juzgados agrarios, lo que significa un hecho sin precedentes en la justicia especializada para el campo colombiano, históricamente afectado por la violencia, el desplazamiento y la falta de oportunidades.
“La Corte le ha ordenado al Consejo Superior de la Judicatura poner en marcha, a partir del próximo año, la Jurisdicción Agraria, con o sin apoyo del Congreso. Esta es una decisión de la Sala Plena que le pone punto final a la espera de los campesinos y las campesinas de tener una justicia al alcance de todos los conflictos agrarios que se originan en este país”, confirmó el director Juan Felipe Harman.
Sin duda, es una decisión histórica para la justicia agraria. El director Harman interpuso la demanda contra la fase judicial del procedimiento único establecido en el decreto Ley 902 de 2017 (“por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras”), estableciendo bases clave para la puesta en marcha de la jurisdicción agraria en Colombia.
Dos órdenes que beneficiarán el campo
De esta manera, la decisión del tribunal marca un punto de inflexión en la institucionalidad rural, al impartir dos órdenes de alto alcance. En primer lugar, ordenó al Consejo Superior de la Judicatura adelantar las actuaciones necesarias para la creación e implementación progresiva de los juzgados y tribunales agrarios y rurales a partir del año 2027.
En segundo lugar, la Corte hizo un llamado al Congreso de la República para que apruebe, a la mayor brevedad, la ley ordinaria que materialice la entrada en funcionamiento de la jurisdicción agraria, en cumplimiento del acto legislativo 03 de 2023.
Un paso firme del Estado
La decisión reafirma la necesidad de garantizar el principio del juez especializado en la resolución de conflictos rurales y fortalece la seguridad jurídica en el campo, al tiempo que consolida la hoja de ruta institucional para la creación de una justicia agraria eficaz.
El director Juan Felipe Harman agregó que, con este fallo, el Estado colombiano da un paso firme hacia la resolución estructural de los conflictos por la tierra, respaldando la estrategia jurídica liderada por la Agencia Nacional de Tierras, que ha venido entregando miles de predios a cientos de familias desprotegidas o afectadas por la violencia o la falta de oportunidades para acceder a un trabajo digno.
Respaldo clave para la reforma agraria
El fallo, adoptado por unanimidad (9 a 0), se convierte en un hito para la institucionalidad agraria del país al dejar en firme disposiciones clave para avanzar en la consolidación de una jurisdicción especializada que atienda los conflictos del campo colombiano.
Esta victoria judicial respalda el rumbo de la reforma agraria impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, y envía un mensaje contundente sobre la urgencia de cerrar las brechas históricas en el acceso y uso de la tierra a campesinos, víctimas de la violencia, firmantes del Acuerdo de Paz y comunidades étnicas en Colombia.
Comentar este artículo
Aún no hay comentarios
