Encuestas, percepciones y voto útil: así se construye un clima electoral
Las encuestas electorales no solo miden opiniones: también las alimentan. En un año electoral marcado por la polarización y la desconfianza, la manera en que se producen, publican e interpretan estas mediciones se convierte en un asunto de interés público que va mucho más allá de la estadística.
Tal vez la frase que mejor refleja lo que representan las encuestas para la política y los ciudadanos se la dio Álvaro Gómez Hurtado a Juan Gossaín: “Las encuestas son como las morcillas. Son muy ricas pero es mejor no saber cómo las hacen”. Un símil mordaz e irónico, pero cargado con una inquietud razonable y una verdad incómoda: En democracia, las encuestas son herramientas legítimas de medición, indispensables para entender tendencias, climas de opinión y movimientos del electorado. Pero también pueden ser artefactos narrativos con capacidad de influir sobre la conversación pública, alterar percepciones y, en ciertos casos, modificar comportamientos electorales.
Basta darle un breve repaso a lo publicado sobre encuestas en medios de comunicación y en redes sociales a lo largo de las últimas semanas. Se evidenciará que la discusión sobre las mediciones de opinión pública no es una sospecha paranoica. Es una realidad.
Investigaciones académicas internacionales han explorado el llamado bandwagon effect, un fenómeno según el cual algunos votantes tienden a inclinarse hacia quien aparece como ganador, ya sea por deseo de pertenecer al grupo mayoritario, por búsqueda de eficacia estratégica o simplemente por la tendencia humana a alinearse con percepciones de éxito. Un trabajo de Neil Malhotra, de Stanford, y David Rothschild, de Microsoft Research, evidenció que muchos votantes ajustan su comportamiento cuando perciben mayorías consolidadas. Y reveló otra cosa interesante: muchas personas usan las encuestas no necesariamente para cambiar su voto, sino para interpretar el estado general de la competencia.
Todo esto sirve para aterrizar en una certeza incontrovertible: las encuestas no solo informan; también construyen atmósferas. Y en la política —especialmente en momentos definitivos— esas atmósferas marcan la diferencia.
La percepción de impulso, crecimiento o estancamiento puede influir a donantes, voluntarios, alianzas políticas, cobertura mediática y electores indecisos. Por eso, es inevitable que las encuestas se conviertan en el centro de discusión durante las campañas, a veces con una intensidad que desplaza el debate programático, y que convierte la política en una especie de carrera de caballos narrada en tiempo real por esas investigaciones de la opinión.
No es casual que en Colombia se haya avanzado en la regulación en este terreno. El Registro Nacional de Firmas Encuestadoras no es algo nuevo de la Ley, esto ya lo tenía la Resolución 23 de 1996, lo que hizo fue ajustar lo requisitos para el registro: antes era a través de certificados que demostraran la experiencia y la idoneidad técnica, ahora es a través de contratos legalmente ejecutados. En este sentido, lo que hizo el CNE a través de la Resolución Sala Plena 1197 de 2026 fue poner un número de mínimo tres contratos para que las solicitudes sean aprobadas.
Antes sólo se pedía el certificado de existencia y representación legal, pero no con un tiempo mínimo de constitución. La Ley pide ahora que sea de tres años mínimo antes de solicitar la inscripción.
La respuesta hasta el momento
Las firmas encuestadoras colombianas han rechazado la Ley 2494 por considerar que se trata de una norma restrictiva, anacrónica, que genera costos innecesarios, y que tiene efectos negativos en la libertad de expresión y en el libre ejercicio de la profesión. Muchas de ellas señalan que hay exigencias metodológicas desproporcionadas y numerosas ambigüedades técnicas. Y el administrador de este espacio tan complejo —cuya validez se discute actualmente en demandas en altas cortes— es el Consejo Nacional Electoral (CNE).
En un escenario político altamente polarizado, donde una encuesta puede mover percepciones, alimentar narrativas o incluso motivar comportamientos electorales estratégicos, el papel del Consejo Nacional Electoral resulta determinante. No solo como autoridad que expide reglas asociadas con estos procesos, sino como árbitro encargado de verificar que esas disposiciones se cumplan de manera efectiva, que los estándares técnicos sean respetados y que ante cualquier incumplimiento puedan haber diferentes tipos de sanciones desde la suspención de la inscripción hasta medidas cautelares como, por ejemplo, suspender la publicación de encuestas por un tiempo.
La confianza electoral no depende únicamente de tener normas, sino de que haya instituciones capaces de hacerlas valer, pues el riesgo es real: una encuesta técnicamente deficiente o deliberadamente sesgada puede producir efectos políticos reales. La American Historical Association ha advertido precisamente sobre ese peligro: que no se usen las encuestas para reflejar la opinión pública sino para moldearla, cuando la percepción generalizada es que dichos instrumentos son confiables.
El problema, naturalmente, no está en la encuesta seria, sino en el dato convertido en herramienta de propaganda. Y en que la conversación pública simplifique mediciones complejas hasta convertirlas en titulares simples: “sube”, “cae”, “se desploma”, “ya ganó”, “está liquidado”.
Y aquí aparece otra figura decisiva: el llamado voto útil, lo cual no es malo en sí mismo. El problema es si se induce con información —con estadística— falsa. Por supuesto, ninguna encuesta vota. Pero sería ingenuo suponer que no influyen.
En un entorno políticamente polarizado como el colombiano, esta discusión adquiere una trascendencia especial: en este momento, cada medición puede convertirse en insumo para alimentar sospechas, narrativas de fraude anticipado o estrategias de movilización emocional.
Por eso la confianza electoral no depende únicamente de custodiar urnas, contar votos o vigilar sistemas tecnológicos. También exige cuidar la calidad de la información con la que los ciudadanos forman sus percepciones. La manera como una sociedad imagina quién puede ganar, quién parece crecer y quién da la impresión de haberse quedado atrás, es determinante para la democracia. Y esa batalla, muchas veces, se libra en los números de las encuestas. Es un tema de gran responsabilidad para todos.
De esta forma, entre las reflexiones más importantes, según el CNE es que por primera vez, las firmas encuestadoras no solo deben publicar resultados y fichas técnicas, sino también entregar al Consejo Nacional Electoral los microdatos anonimizados, los diseños muestrales, los códigos computacionales utilizados para procesar la información y los registros primarios que sustentan sus conclusiones.
¿Por qué es tan importante?
1. Permite verificar que las encuestas sean reales y técnicamente sólidas
Antes, la ciudadanía, los académicos y las autoridades tenían acceso principalmente a los resultados finales y a una ficha técnica resumida. Ahora, la ley exige conservar y entregar elementos que permiten reconstruir y auditar el estudio completo: cálculo de la muestra, cuestionarios, bases de datos anonimizadas y hasta el código utilizado para procesar la información.
Esto significa que una encuesta deja de ser una simple afirmación de una firma y pasa a convertirse en un ejercicio susceptible de verificación técnica independiente.
2. Reduce el riesgo de manipulación política
La obligación de entregar microdatos y trazabilidad crea incentivos para que las firmas mantengan estándares más rigurosos, porque saben que sus resultados pueden ser auditados posteriormente por expertos y autoridades.
3. Fortalece la confianza ciudadana
En Colombia existe una percepción recurrente de desconfianza hacia algunas encuestas electorales. En múltiples discusiones públicas y redes sociales, ciudadanos cuestionan la representatividad de las muestras, los sesgos territoriales o la cercanía entre determinadas firmas y sectores políticos.
La transparencia de los microdatos permite que universidades, centros de investigación, periodistas de datos y organizaciones de la sociedad civil puedan revisar de manera independiente la calidad de las mediciones. Esa posibilidad de escrutinio es fundamental para recuperar credibilidad institucional.
4. Convierte las encuestas en información pública verificable
Una democracia saludable requiere que la información que influye en las decisiones electorales pueda ser contrastada. La Ley exige, además de los microdatos, variables suficientes para replicar los cálculos y resultados publicados.
En otras palabras, no basta con decir "este candidato tiene determinado porcentaje de intención de voto"; ahora debe existir la posibilidad técnica de reproducir el resultado y comprobar cómo se obtuvo.
5. Acerca a Colombia a estándares internacionales de ciencia abierta y transparencia
La reproducibilidad es uno de los principios centrales de la investigación científica moderna. Cuando una encuesta electoral influye en el debate público nacional, resulta razonable exigir estándares similares a los de otras áreas del conocimiento: datos verificables, metodologías documentadas y posibilidad de auditoría.
La Ley 2494 incorpora precisamente esa lógica de trazabilidad y control técnico.
Impacto para la democracia colombiana
El verdadero valor democrático de esta norma no radica únicamente en controlar a las encuestadoras, sino en fortalecer el derecho de los ciudadanos a recibir información confiable durante los procesos electorales.
Una democracia funciona mejor cuando:
- Los datos que influyen en la opinión pública pueden ser auditados.
- Los resultados electorales no se construyen sobre información opaca.
- Los medios cuentan con herramientas para contrastar cifras.
- Los académicos pueden detectar errores o sesgos metodológicos.
- Los ciudadanos saben quién financió una encuesta y cómo se produjo.
La transparencia de los microdatos transforma las encuestas de un acto de confianza hacia una práctica de rendición de cuentas. Ese cambio es esencial porque las encuestas no solo miden la opinión pública: también pueden moldearla. Por eso, cuanto mayor sea la capacidad de verificar cómo fueron construidas, mayor será la calidad del debate democrático y la legitimidad de la información que reciben los colombianos.
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