Agenda estratégica para la Amazonía colombiana

Por: Rodrigo Botero - FCDS

La Amazonía colombiana trasciende su condición de reserva natural estratégica. Según la agenda estratégica de la FCDS, esta región de Colombia es uno de los principales activos del país y un eje decisivo para su seguridad nacional, económica, humana y climática. Alberga el mayor reservorio de diversidad cultural del mundo y concentra recursos que definen la economía del siglo XXI: agua, carbono, biodiversidad, oro y minerales estratégicos, Inteligencia Artificial y sistemas de defensa. Sin embargo, la crisis amazónica no es un fenómeno local ni una disputa entre legalidad e ilegalidad. La ganadería, la minería y la infraestructura coexisten con el narcotráfico y la minería ilegal, cooptando instituciones, erosionando la gobernanza y sometiendo a las comunidades.

Colombia exige pasar de políticas ambientales sectoriales a un enfoque de seguridad multidimensional que integre la seguridad ambiental, económica, humana y nacional en una sola arquitectura de Estado. La Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible lleva 15 años construyendo el conocimiento técnico y la presencia territorial para fundamentar ese cambio. Esta agenda estratégica es la traducción programática de esta trayectoria institucional, organizada en cinco ejes prioritarios.

1. Seguridad nacional: Gobierno territorial efectivo y soberanía fronteriza

El 68 por ciento de la deforestación se concentra en la Amazonía, siendo la manifestación de una crisis profunda de gobernabilidad territorial. El Estado ha sido reemplazado por estructuras criminales que ejercen gobiernos de facto, con 17 grupos armados ilegales que controlan zonas en los 2.900 kilómetros de frontera amazónica; mientras que en 10 de los 14 parques nacionales la presencia institucional es limitada. Esta ausencia estatal es el factor habilitante de la problemática. Así, la prioridad es recuperar la presencia y autoridad efectiva del Estado en los territorios amazónicos, desplazar la gobernanza criminal y garantizar el control de las fronteras.

Entre las líneas de acción prioritarias está crear la Consejería Presidencial para la Amazonía; y se suma un Plan Amazónico de Seguridad Integral y Protección Ambiental con países de la cuenca y la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), con inteligencia, judicialización, control financiero y presencia del Estado. También contar con un modelo de relacionamiento comunitario para eliminar intermediaciones y acercar al Estado. A nivel normativo, se requiere una política criminal ambiental armonizada con marcos legales de países vecinos, un protocolo regional de judicialización de la criminalidad ambiental, y la prevención de lavado de activos incorporando delitos ambientales como delitos fuente.

2. Seguridad económica: economía legal y bioeconomía amazónica

Colombia puede consolidar un modelo económico legal donde el bosque en pie es más rentable que el bosque derribado. Sin embargo, la economía amazónica está capturada por rentas ilegales que superan las legales, donde menos del uno por ciento del PIB nacional proviene de la Amazonía, a pesar de sus enormes activos ambientales. Por otro lado, existen incentivos que afectan los bosques: entre 2016 y 2024 se otorgaron tres billones de pesos en créditos para ganadería extensiva en zonas de alta deforestación y el 68 por ciento de las vías priorizadas en planes viales municipales están en zonas de restricción ambiental. Esta incoherencia refleja la captura de instancias de decisión por intereses que se benefician del deterioro del capital natural.

Entre las líneas de acción prioritarias están consolidar la economía forestal y de bioeconomía como política nacional, lo mismo que la implementación efectiva de los Núcleos de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad, y modelos híbridos de financiamiento conservación-producción con trazabilidad y acceso a mercados. Además, restaurar tres millones de hectáreas deforestadas y establecer  alianzas con el sector privado, es igualmente prioritario.

Asimismo, la implementación de la recién firmada Ley de Trazabilidad Ganadera y el trabajo con países compradores son clave para la seguridad económica. En paralelo, desmontar los incentivos perversos a la biodiversidad, garantizar la coherencia entre las inversiones y el uso del suelo; y un especial énfasis en la zonificación minero-energética con criterios de sostenibilidad ambiental y social de largo plazo.

3. Seguridad humana: derechos y dignidad

Una condición estructural de gobernanza es garantizar los derechos fundamentales de las comunidades locales y pueblos indígenas, romper el ciclo que alimenta las economías ilegales y garantizar la integridad cultural de los territorios. No obstante, el 50,4 por ciento de la población rural amazónica tiene necesidades básicas insatisfechas, el doble del promedio nacional; 26 millones de hectáreas de territorios indígenas reciben menos del 0,1 por ciento del presupuesto nacional; y la inseguridad alimentaria está en el 64 por ciento de la población. Este abandono sistemático no es solo una violación de derechos, es el principal factor de riesgo sistémico para un territorio ampliamente complejo.

Entre las líneas de acción prioritarias se propone un plan de inversión social diferenciado en municipios con mayor pobreza multidimensional, el reconocimiento efectivo de derechos de uso sobre la tierra para comunidades campesinas e indígenas, y garantizar las formas propias de gobierno de pueblos indígenas y las Entidades Territoriales Indígenas (ETIs). Además, el Plan Maestro Intermodal de Transporte, y un mecanismo de remediación por contaminación de mercurio, son fundamentales en materia de derechos.

4. Seguridad climática e integridad del bosque

El bioma amazónico se aproxima al punto de no retorno, estimado entre el 20 por ciento y el 25 por ciento de deforestación acumulada, que hoy es del 17 por ciento a nivel global. La deforestación ha reducido la evapotranspiración en un equivalente a cuatro años del consumo de agua de Bogotá, donde la seguridad hídrica del país es un directamente dependiente de la protección del bosque. En ese sentido, hay que detener y revertir la deforestación, proteger los ecosistemas estratégicos y posicionar a Colombia como líder en la defensa del régimen hídrico y climático continental.

Para lograrlo, las líneas de acción prioritarias comprenden replantear la estrategia de manejo del Sistema de Parques Nacionales y de las Reservas Forestales (regulatorio, articulación comunitaria y capacidades). Además, los Distritos de Conservación Hídrica Transfronterizos, con vigilancia satelital y patrullaje de guardias indígenas, es una medida robusta, así como una flota aérea para control de incendios forestales. Otra acción relevante es implementar un sistema de riesgos ambientales del sector financiero bajo el principio de ‘Deforestación Cero’.

5. Liderazgo internacional y cooperación amazónica

Hay que continuar con el posicionamiento de Colombia como líder regional de la agenda amazónica, movilizar cooperación y el financiamiento y consolidar la arquitectura diplomática. La competencia entre potencias por minerales estratégicos, energía, agrocommodities y rutas logísticas está reconfigurando el enfoque de seguridad regional que exige posiciones proactivas. Por otra parte, se tiene acceso a instrumentos financieros para la conservación y la bioeconomía que deben ser aprovechados para el bienestar social, económico y ambiental de los territorios.

Las líneas de acción comprenden definir una política exterior amazónica activa que establezca la posición de Colombia frente a la competencia geopolítica por recursos estratégicos; además, apoyar el Centro de Cooperación Policial Internacional Amazónico, y avanzar en una estrategia regional de trazabilidad del oro completan la arquitectura de corresponsabilidad internacional. Igualmente, tener un mecanismo financiero regional que reconozca el valor fiscal de los servicios ambientales y garantice distribución equitativa de recursos para recuperar la presencia del Estado y consolidar la sostenibilidad del desarrollo.