Exministros, preocupados por propuesta del Gobierno para modificar las vigencias futuras

El Gobierno está pasando un mal rato por la situación de las finanzas públicas. La administración de Gustavo Petro entró a la recta final y a menos de un año para que termine este periodo presidencial su administración está mirando cómo conseguir más recursos para materializar sus últimos planes.

Por eso, desde hace un par de semanas el Gobierno indaga cómo echar mano de billonarios recursos: las vigencias futuras. Se trata de compromisos u obligaciones presupuestales hacia el futuro para financiar proyectos o iniciativas. Si bien no requieren de una apropiación en la vigencia en que son autorizadas, si son compromisos hacia el futuro que asume el Gobierno.

Esta es una idea que viene rondando en la cabeza del presidente desde hace un buen tiempo y que ya había puesto sobre la mesa el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien empezó a promover a inicios del año pasado la idea de renegociar los grandes contratos de infraestructura para aprovechar esos recursos en aquellos cuya ejecución es baja.

En ese entonces, el Gobierno publicó un decreto que le daba al presidente una nueva facultad en el tema. Además del concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación, se determinó que las autorizaciones de vigencias futuras o su reprogramación y traslados presupuestales también debían solicitar la conformidad del presidente de la República.

En varias ocasiones, el presidente ha hablado de las vigencias futuras. El mandatario ha acusado a los concesionarios de obras públicas de quedarse indebidamente con los recursos de las vigencias, pero también ha propuesto aprovechar esa figura con otros fines, como financiar paneles solares para hogares de escasos recursos o para priorizar proyectos educativos.

El problema ahora tiene que ver con un proyecto de decreto que publicó en días pasados el Departamento Nacional de Planeación y que propone modificar la reglamentación que define cómo se reprograman y distribuyen las vigencias futuras. En la normativa en borrador se pretende habilitar estas modificaciones en los proyectos de Asociaciones Público Privadas o APP.

Proyecto de decreto para reprogramación de vigencias futuras by CAMBIO

La preocupación es tanta, que cuatro exministros de Hacienda —José Antonio Ocampo, José Manuel Restrepo, Juan Camilo Restrepo y Juan Carlos Echeverry—, y dos exministros de Transporte —Ángela María Orozco y Germán Cardona— enviaron una carta abierta al Gobierno y a la opinión pública en la que expresan su preocupación por el borrador de decreto y las consecuencias que podría tener para el sector infraestructura.

En la misiva cuestionaron que el Gobierno pretenda redistribuir las vigencias futuras ya aprobadas de los proyectos de infraestructura de transporte, bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP) y criticaron que este tipo de regulación solo puede ser modificada o definida por el legislador y no por el Ejecutivo.

“El proyecto de decreto genera serias dudas acerca de su constitucionalidad y legalidad. Además, desconoce instancias y procedimientos actualmente regulados en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y en la ley de Asociaciones Público- Privadas”, dijeron los exministros.

Gravísimo el borrador que busca redistribuir vigencias futuras: es inconstitucional e ilegal, vulnera el Estatuto Orgánico del Presupuesto, desconoce contratos y abre la puerta a demandas multimillonarias contra el Estado. Autorizar al actual gobierno (o al siguiente) para… pic.twitter.com/dcfYn1ANy1

— José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) August 26, 2025

Según la carta, el articulado del proyecto contradice los planteamientos que presentó recientemente la Contraloría, en los que advirtió que las vigencias futuras pactadas en los contratos de concesión no pueden modificarse unilateralmente y por eso insistieron en que esta medida podría incurrir en faltas disciplinarias y fiscales.

“Preocupan, por lo demás, las demandas que desde ya se vislumbran por parte de los concesionarios, en caso de ser expedido el decreto. Ello, porque el Estado —de manera unilateral— estaría incumpliendo lo pactado en los contratos de concesión vigentes”, indicaron los exministros, quienes alertaron, entre varios reparos, que el decreto pondría en riesgo la credibilidad del sistema de APP.

A esto se suman también los cuestionamientos de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). Su presidente, Juan Martín Caicedo, señaló también en días pasados que el borrador de decreto del Gobierno “no solo pondría en jaque al sector sino que daría al traste, paradójicamente, con el único proyecto vial por el que ha apostado la administración Petro: la carretera El Estanquillo-Popayán”.

Esta iniciativa demandaría recursos por 6 billones de pesos, según la CCI, y el 97 por ciento de su financiación está ligada a las vigencias futuras dado que el corredor solo cuenta con un peaje.

Caicedo hizo un llamado al Gobierno a reconsiderar la conveniencia del decreto.