El Gobierno publicó decreto con el que ordena el traslado de más de 25 billones de pesos de los fondos privados a Colpensiones
El Ejecutivo formalizó la medida que obliga a las Administradoras de Fondos de Pensiones a entregar los ahorros de más de 119.000 afiliados que se acogieron a la oportunidad de traslado de la reforma pensional.
Por: Juan David Cano
Este jueves se conoció que el Gobierno nacional firmó el pasado 20 de abril el decreto 0415 de 2026, que obliga a los fondos privados de pensiones a entregar a Colpensiones más de 25 billones de pesos en menos de un mes. Esa es la plata que tienen guardada en sus cuentas los colombianos que, usando una ventana que abrió la reforma pensional de Petro, decidieron pasarse del sistema privado al público.
El plazo es apretado. Para los afiliados que aún no se han pensionado, los fondos tienen 20 días para entregar la mitad del dinero y diez días adicionales para el resto. Para quienes ya están recibiendo su mesada, 22.472 personas según Colpensiones, el plazo es de apenas 15 días. Y no es solo el capital: el decreto exige también los rendimientos que ese dinero ha generado hasta el momento del giro.
El problema legal que podría tener el decreto
El problema de este decreto es que en el documento se reconoce que la reforma pensional está suspendida por la Corte Constitucional desde junio de 2025. Y, aun así, la usa como base legal para justificar el traslado de los recursos.
Para salir del paso, el Gobierno apela a la Ley 100 de 1993 y argumenta que esa norma no permite que alguien esté cotizando en Colpensiones mientras su plata anterior sigue en manos de un fondo privado. Sobre esa lectura construye toda la justificación del decreto.
El problema, según Camilo Cuervo, abogado laboralista y socio de Holland & Knight, es que ese argumento no se sostiene. “El sustento jurídico para determinar ese traslado es el decreto mismo que expide el Gobierno nacional, que para mi gusto y para el gusto de muchos asesores es claramente ilegal, porque está montado sobre la aplicación de una norma que está suspendida”, dice.
Y añade que “no se puede reglamentar y poner a actuar una norma que no ha sido determinada como ejecutable”.
Pero no es el único problema que enfrenta el Gobierno. Cuervo explica que la misma reforma pensional, en el artículo que se cita como sustento, dice expresamente que esos recursos deben quedarse en los fondos privados hasta que la persona se pensione. Es decir, el Gobierno está usando una norma que, leída completa, va en contra de lo que quiere hacer.
¿Es ilegal el decreto que ordena el traslado de los fondos privados a Colpensiones?
No es ilegal, al menos hasta que un juez lo suspenda, tiene plena vigencia y los fondos están obligados a cumplirlo. “De facto se va a caer, pero mientras eso ocurre va a ser completamente ejecutable”, explica Cuervo.
Cuervo explica que quienes se trasladaron voluntariamente a Colpensiones pidieron que su dinero llegara allá, por lo que el traslado en sí no es una vulneración directa de sus ahorros. El problema, insiste, es mover esa plata antes de que la gente se pensione y en plazos tan cortos, algo que va en contravía de lo que la propia norma contemplaba.
“Básicamente es un tema de fondear al Gobierno en un momento crítico. Primero necesitan plata en la campaña. Pero segundo, y más importante, es que se les avecina una crisis de caja muy significativa. Como necesitan recursos por todos los medios, pues son 25 billones de pesos frescos y los tratan de conseguir. Hacer todo esto en un plazo de prácticamente un mes, justo antes de las elecciones, tiene un tufillo político muy alto”, concluye Cuervo.
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